En estos días me he obligado a escribir algunos apuntes sobre una necesaria agenda de sustentabilidad ambiental, que debe ser aplicada desde una visión de izquierda, de llegar al poder. Creo que esto es pertinente, ya que se está discutiendo por los diversos políticos sobre temas más relacionados a la mera conquista del poder por el poder, que la propia oferta de acciones de cambio desde la izquierda. Necesitamos más discusión, más debate sobre el país que soñamos lograr. Va este primer apunte.

Sobre la necesidad de incorporar el principio precautorio en la política ambiental

Para lograr una buena política de sustentabilidad es necesario hacer realidad determinados principios, que a la fecha no han sido incorporados en el país. Es preciso tomar medidas y realizar acciones para impedir el riesgo de un daño ambiental grave o irreversible, incluso cuando el conocimiento científico es insuficiente. En el caso del principio de precaución se trata de la toma de decisiones responsables, a pesar de que el conocimiento sea incompleto. El principio de precaución es un derecho marcado en la Declaración de Río de sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 suscrito por México. En ella se especificó lo siguiente en su Principio 15:
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Al respecto, es necesaria la consideración del principio de precaución para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la legislación ambiental, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Para ello, se plantea:
1. Poner en práctica el principio de precaución, con el fin de proteger el ambiente y la biodiversidad, las autoridades competentes deberán aplicar dicho principio, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Las medidas que se adopten atendiendo el principio de precaución serán de conformidad con las previsiones y los procedimientos administrativos establecidos en la legislación ambiental, y deberán ser proporcionales, no discriminatorias, coherentes y sujetas a revisión, mediante la evaluación del riesgo ambiental.

Integrar la dimensión ambiental.

Es evidente, que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental, junta a la social y la económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. No solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de programas públicos con la variable ambiental.
El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no sólo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover el desarrollo sustentable por medio de sus diversos programas. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso, que incorpore la dimensión ambiental en sus programas y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.
Una causa importante de lo anterior, es que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental junto a la dimensión social y la dimensión económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. En general, no solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de planes y programas con la variable ambiental.
Por todo lo anterior, se requiere incluir de manera urgente y prioritaria la dimensión ambiental del desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha concedido a los aspectos económicos y sociales del mismo. De no ser así, se seguirán dejando crecer los problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo.
Por ello, debe existir un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes, programas y proyectos de todas las áreas de la administración pública, que garantice la atención de los grandes retos ambientales de México. Al respecto se propone:
2. Incrementar el peso de los criterios ambientales en las políticas de la administración pública federal, estatal y municipal para el desarrollo sustentable.
3. Considerar en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de la administración pública federal a la dimensión ambiental de manera transversal, definiendo indicadores de sostenibilidad, que permitan monitorear, reportar y evaluar su cumplimiento por los distintos sectores de dicha administración.
4. Desarrollar que los programas ambientales de las entidades federativas coordinen, integren y articulen objetivos y acciones de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito territorial estatal de referencia. Se trataría de armonizar y hacer sinergia, tanto de los programas ambientales del gobierno federal, como de los gobiernos estatales y municipales en el mismo territorio.
5. Impulsar programas federales con reglas de operación, que favorezcan su sinergia en la aplicación. Se trata de que las acciones ambientales, sociales y económicas del gobierno federal actualmente desvinculadas y en muchos casos con impactos ambientales adversos, logren una lógica ambiental de mayor coherencia y reducción de dichos impactos ambientales.
6. Promover la priorización y observancia de los criterios ambientales en todas las actividades y sectores de la administración pública y de la sociedad, de tal manera que sean un elemento incorporado a los aspectos del desarrollo mediante nuevos instrumentos de planeación a legislar, como es la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas de la administración pública.
7. Enfatizar y afianzar mediante reformas legales el carácter preventivo, y no justificativo, de la evaluación del impacto ambiental de proyectos. En el actual procedimiento de evaluación del impacto ambiental, los impactos ambientales adversos sin importar su magnitud, como son los acumulativos, son aparentemente mitigables o pueden ser compensados.