Nueva arquitectura de la administración pública federal ambiental

Es importante destacarar que desde una visión de izquierda los ecosistemas no pertenecen o son propiedad de partido político alguno. Uno de los grandes obstáculos para el tránsito hacia el desarrollo sustentable en los últimos años en México es que una causa noble, como es el de la conservación de la naturaleza y la protección del ambiente, haya sido secuestrada por medio del mérito partidista o lealtad al jefe político en turno por representantes de agentes económicos contrarios a los fines del propio ecologismo y del desarrollo sustentable. Esto ha provocado una desprofesionalización en el servicio público de los sectores ambientales, ya que en muchos casos los espacios de trabajo especializado en materia ecológica han sido asignados a personas sin compromiso o con formación profesional no apropiada en ciencias ambientales. Eso no sucede, por ejemplo, todavía en el Sector Salud, la Defensa Nacional, la Marina y antes en la diplomacia. Esto en detrimento del servicio profesional de carrera, que privilegie el mérito o capacidad profesional en la gestión ambiental. La consecuencia, es una debilidad institucional en el sector ambiental, que ha sido totalmente favorable a los intereses de grupos depredadores de la naturaleza y el ambiente en diversos ámbitos de la actividad económica del país. Así, se ha retrasado el fortalecimiento de la agenda ambiental en México, con los resultados de aumento del deterioro ambiental y destrucción de ecosistemas del país.
Por ello, se requiere enviar un mensaje diferente a la sociedad mexicana, en especial a quienes han sido enormemente críticos a este estado inadecuado de la política ambiental en México, como son las organizaciones ambientalistas y sociales defensoras de la naturaleza y de los recursos naturales, así como a la comunidad académica dedicada especialmente a la investigación en ecología y ciencias ambientales. La alianza natural de la izquierda debe ser por lo antes señalado precisamente con ellos. Representantes de dichas organizaciones y de la comunidad académica, de probada competencia y trayectoria en la defensa del ambiente deben ofrecérseles el mayor número de espacios de candidaturas plurinominales que sean factibles de convertirse en legisladores del Congreso de la Unión. Así como los principales puestos de decisión en una nueva administración pública federal ambiental. Eso sería una izquierda verde real.
El propósito es que la izquierda sea un aliado congruente con el movimiento ambientalista en México, defendiendo siempre las mejores causas ambientales. Recuérdese que desde la izquierda se han realizado históricamente y de manera exitosa las primeras iniciativas legislativas, que respondían a las demandas de la sociedad en materia ambiental. Destacan reformas constitucionales como son que: el Estado garantice que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; por el derecho a un medio ambiente sano; por el derecho al agua y saneamiento de las personas; por el derecho a la reparación del daño ambiental, o reformas legales secundarias para impulsar la evaluación ambiental estratégica de programas, la defensa de los ecosistemas forestales, contra los efectos adversos del cambio climático y la preservación de la biodiversidad del país, por citar algunas de ellas.
En el proceso de fortalecer la gestión ambiental en la administración pública federal, se propone articular e integrar la planeación ambiental y la planeación de los asentamientos humanos en una sola institución, sumando a las actuales atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), atribuciones que son ahora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respecto a los asentamientos humanos, desarrollo urbano y aquellos elementos relacionados con la planeación del desarrollo del territorio. En el mismo sentido se deben retornar las atribuciones de pesca y acuacultura al sector ambiental y de los recursos naturales. Se debe comprender que el manejo de pesquerías tiene un sentido diferente al de la producción agropecuaria, ya que se trata de aprovechar en forma sostenible recursos de la vida silvestre en ambientes naturales no controlados o seminaturales (en el caso de la acuacultura).
Al respecto, se hacen los siguientes planteamientos:
Impulsar una profunda revisión del quehacer de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Criterios como capacidad y conocimiento de las ciencias ambientales, profesionalismo, honestidad, transparencia y austeridad, deben ser la orientación cotidiana del personal adscrito a dicha secretaría y no el simple mérito de pertenencia partidista. Aunado a ello, deben de aumentar los recursos presupuestales y los recursos humanos especializados necesarios para el quehacer de la secretaría
Integrar al actual marco de atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las atribuciones del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como las relacionadas a los ecosistemas acuáticos con poblaciones de especies acuáticas de la vida silvestre, que deben ser aprovechadas de manera sostenible a través de la pesca.
Evitar conflictos de interés entre organismos adscritos al sector de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de una definición precisa de funciones. El Sector Central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debería concentrarse en el desarrollo de políticas y en funciones normativas. Sus organismos desconcentrados trabajarían en la aplicación de dichas políticas y funciones normativas, con clara separación de atribuciones de organismos que realizan actos de autoridad como son concesiones, autorizaciones y permisos, de aquellos que realizan actividades de inversión y fomento.

Fortalecimiento del federalismo y descentralización de la gestión ambiental

Las instituciones ambientales, en especial de los gobiernos de las entidades federativas del país, por lo general carecen del personal especializado suficiente para atender las políticas en materia ambiental y del desarrollo sustentable, además de la permanente escasez de recursos materiales y financieros. Sin embargo, ante la magnitud de la crisis ambiental cada vez más perceptible y menos difusa no se puede continuar así. Esto se agrava cuando la gran variedad de instituciones ambientales de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera cotidiana con escasa integralidad y con poca sinergia en sus acciones.
Por ello, se debe promover un cambio real de la gestión ambiental. Lo que urge es una nueva cultura de cooperación, confianza, integralidad y en su caso corresponsabilidad diferenciada, entre los diversos actores que actúan en el quehacer ambiental para lograr justicia ecológica, aquella que se centra en asegurar que los ecosistemas, comunidades y poblaciones de especies vivas puedan seguir sus procesos vitales, más allá de las compensaciones económicas. En dicho sentido, es necesario impulsar un esquema real de federalismo y descentralización ambiental, que abandone cualquier esquema centralista, en especial en la administración pública ambiental. Centralismo en la gestión ambiental ha significado lentitud de respuesta, desconocimiento y lejanía de la problemática ambiental local. Descentralizar significaría lo contrario toma de decisiones rápida y oportuna con conocimiento de lo local. Ser eficientes y eficaces tanto en la federación, como en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México.
Es decir, se trata de que las instituciones federales responsables de los asuntos ambientales asuman un esquema federalista y descentralizador cada vez más normativo y estratégico, cuidando en especial que los objetivos globales y nacionales en materia ambiental sean incluidos y alineados en las políticas ambientales de las instituciones estatales y municipales. Fomentar y estimular que especialmente las instituciones ambientales estatales, se preparen por medio de un mínimo desarrollo institucional para asumir plenamente sus facultades en materia ambiental, así como una mayor responsabilidad para regular, planear, coordinar y gestionar los aspectos ambientales en las entidades federativas.
Por lo anterior, es necesario generar una alianza entre las instituciones ambientales del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, para que se puedan ir haciendo efectivas las políticas públicas ambientales en materia de federalismo y descentralización. Se requiere por parte de las instituciones ambientales de los gobiernos de las entidades federativas y de las instituciones ambientales del Poder Ejecutivo Federal de un espacio de concertación, con el objeto de analizar e intercambiar opiniones de manera coordinada con relación a los programas y las acciones en materia ambiental y de recursos naturales, evaluar y dar seguimiento a esto.
Además, la federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, deben contar con los recursos presupuestales para atender en forma oportuna e inmediata las competencias que la legislación ambiental les otorga con criterios de integralidad, transversalidad, multisectorialidad y de equidad en la gestión gubernamental. Se requiere captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales, e internacionales para apoyar la aplicación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. Esto significa innovar y mejorar de manera continua los esquemas de asignación de recursos presupuestales. Así, se plantea la creación del Fondo Ambiental Mexicano, cuyo objetivo sería captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales, e internacionales para apoyar la aplicación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.
Por lo anterior, se propone:
Impulsar las medidas legislativas y políticas para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Ambientales, como una instancia de coordinación de esfuerzos en materia de federalismo ambiental de las autoridades ambientales de la federación y de las entidades federativas.
Promover por parte de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, una agenda común de descentralización de la gestión ambiental que considere no solamente la transferencia de atribuciones, sino también los recursos necesarios para su operación.
Impulsar el fortalecimiento de las instituciones ambientales de las entidades federativas, otorgándoles facultades que les permitan incidir en la solución de la problemática ambiental, teniendo como una de las fuentes de financiamiento recursos federalizados vía los programas correspondientes.
Impulsar la creación del Fondo Ambiental Mexicano con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.
Establecer por medio del Consejo Nacional de Autoridades Ambientales una agenda temática de carácter prioritario en donde se definan temas específicos para ser programados, proyectados y financiados a través de los fondos establecidos con un alcance local, regional y nacional.