EL-SUR

Sábado 01 de Octubre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Apuntes para una agenda de sustentabilidad ambiental por la izquierda III

Octavio Klimek Alcaraz

Agosto 05, 2017

Acceso a la justicia ambiental

La ciudadanía debe poder reclamar sus derechos ambientales constitucionales, como es el de un medio ambiente sano o la reparación del daño ambiental. El acceso a la justicia ambiental es un reto a cumplir en el país.
Un objetivo dentro del desarrollo institucional, sería tener un organismo responsable de la aplicación y vigilancia de la legislación ambiental federal, con los suficientes dientes para lograr procurar la justicia ambiental en el país. Ante la relevancia de la crisis ambiental, expresándose como una crisis de la propia seguridad nacional, y por tanto de la existencia del propio Estado, dicho organismo necesariamente tiene que sustraerse del poder Ejecutivo federal para lograr hacer énfasis en la necesidad de promover un verdadero equilibrio de la variable ambiental ante las otras variables del desarrollo, como son la económica y la social.
A partir de 1992, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es el organismo desconcentrado de la Semarnat responsable de la aplicación y vigilancia de la legislación ambiental. Procura la justicia ambiental. En principio toda persona en la sociedad mexicana debe cumplir con la legislación ambiental. Cuando esto no sucede la Profepa debe intervenir, incluso de forma coactiva. Como toda administración ambiental, tienen el poder de ser una policía ecológica dentro de límites preestablecidos.
En un gran número de países es la propia autoridad normativa quien se encarga de cuidar de su aplicación. Por ello, la Profepa es sin duda un avance en la administración ambiental. Su carácter desconcentrado le otorgó en su momento una autonomía técnica importante para ejercer sus funciones. Indudablemente, después de 25 años de existencia de la Profepa, hay una estructura administrativa mucho más fuerte que la del principio.
Sin embargo, el hecho real es que la actual Profepa ha sido rebasada como institución por la crisis ambiental en que se encuentra México. Peor aún, el futuro ambiental no es prometedor. Esto exige, por tanto, generar una nueva institución en la materia de la procuración ambiental.
El principal instrumento legal de la Profepa es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En dicha Ley, el tema de la Profepa se encuentra regulado en el Título VI sobre medidas de control y seguridad y sanciones. Sin embargo, la Profepa tiene amplias atribuciones otorgadas en otras leyes ambientales y de los recursos naturales. Por ello, la Profepa debe por ejemplo, vigilar y evaluar el cumplimiento en materia de protección de los recursos forestales, de vida silvestre, tortugas y mamíferos marinos, y especies acuáticas en riesgo, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar, hasta la prevención y control de la contaminación del agua.
También en ese aspecto administrativo y funcional la Profepa ha tenido sus retrocesos. Habría que revisar, si fue adecuado pasar al inicio de este sexenio la atribución de la vigilancia pesquera a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), su tarea principal es de carácter extractivo. Esto ante un recurso como la fauna acuática cada vez más sobreexplotado y que debe cuidarse por tanto con una visión de sostenibilidad. De hecho se reunificaron los aspectos normativos, operativos y de inspección y vigilancia en un solo organismo como la Conapesca. Además, la Profepa debe de cuidar especies o poblaciones marinas en riesgo, incluyendo peces.
Se ha tratado también de modificar la Ley de Aguas Nacionales derogando las atribuciones en materia de agua que tiene la Profepa. Esto implicaría que nuevamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sea la única dependencia responsable de vigilar la aplicación de dicha ley. Al respecto, se considera que no es válido argumentar que se trata de hacer más integral la gestión del agua. Además de que en sectores como el industrial sería digno de Kafka tener dos inspecciones para un mismo proceso productivo, uno para las emisiones a la atmósfera o el manejo de residuos sólidos de Profepa y otro para verificar las descargas de agua de Conagua. Aunque en México así se trabajó hasta el año 2004, cuando se le otorgaron atribuciones a la Profepa en la Ley de Aguas Nacionales.
También hay carencias operativas y conceptuales, por ejemplo, para vigilar el aspecto forestal, como es el caso del clandestinaje de la madera y la deforestación por cambio de uso de suelo, materialmente resulta imposible tener suficientes inspectores en las áreas forestales. El país tiene aproximadamente 140 millones de hectáreas de cubierta vegetal entre bosques, selvas y matorrales. Por ejemplo, para tener un inspector por cada 10 mil hectáreas, se requerirían 14 mil inspectores en la superficie antes mencionada. Esto significa que una estrategia policíaca ecológica por sí sola no puede funcionar en contra del deterioro de los recursos naturales y el ambiente, se requieren integrar estrategias que incentiven a la ciudadanía a conservar y proteger sus recursos naturales, que las comunidades asuman compromisos de conservación.
No solamente hay problemas operativos. Aunque hay un discurso en la sociedad en contra del deterioro ambiental, la realidad es que hay una creciente impunidad ambiental, se destruyen y deterioran ecosistemas a lo largo y ancho del país, bajo el lema de que más vale pedir perdón que pedir permiso, casi siempre con fuertes intereses económicos de por medio y con corruptelas y complicidades de todo tipo. Obvio decir que la Profepa se encuentra rebasada ante lo anterior.
Por ello, se debe darle plena autonomía a la Profepa. La Procuraduría debe estar libre de los intereses propios de las tareas regulatorias y de gestión de la Semarnat. Dicha autonomía significa que la designación del procurador sea hecha cuando menos por dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a propuesta mediante terna del titular del Ejecutivo federal. No tiene que ser necesariamente abogado, ya que la procuración de justicia ambiental va más allá del mero litigio ambiental, sino un profesional del área relacionado con las ciencias ambientales con probada trayectoria, compromiso y capacidad en las materias relacionadas a la justicia ambiental para el país.
En ese sentido, una atribución importante del Procurador debe ser el presentar al poder Legislativo, para su correspondiente evaluación, un informe anual sobre el estado del ambiente y los recursos naturales en el país. El objetivo sería conocer si se están cumpliendo los objetivos para logra el desarrollo sustentable en México, en especial aquellos que señalan las propias leyes ambientales y de los recursos naturales, identificando además responsabilidades y otorgando en su caso las correspondientes sanciones a aquellos que desde el ámbito público o privado impulsen acciones que deterioren al medio ambiente y los recursos naturales.
Además, con su autonomía, la Profepa tendría su propia personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión. Lo anterior, le daría la autonomía presupuestal y operativa que hoy no tiene, lo cual, hasta ahora, ha sido muy conveniente para todo tipo de intereses, menos los de la sociedad y naturaleza en México.
Con la reforma a la Profepa necesariamente se impulsaría una mayor integralidad y armonización de los diversos procedimientos de aplicación de la legislación ambiental que existen. Incluyendo, el desarrollo de un código ambiental y de los recursos naturales, que fortalezca la gestión integral del ambiente y los recursos naturales.
También, se debe destacar que en la correspondiente Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión al dotar de autonomía a la Profepa, se debe incluir el impulso de una mayor participación de la sociedad en su labor cotidiana; así como incluir mecanismos menos policíacos, menos coactivos, que vayan más allá de las auditorías ambientales voluntarias, en especial en materia de resolución de conflictos ambientales, como la consulta pública, la negociación, la mediación y el arbitraje.
Además, la reforma de la Profepa debe lograr una profesionalización de sus integrantes, en la que no predomine el personal administrativo, sino una masa crítica de personal multidisciplinario con la más rigurosa formación técnica y científica en las ciencias ambientales y de la ecología, dotados del equipamiento de laboratorio y campo, necesario para sus fines de investigación en materia ecológica y ambiental.
Por ello, se propone lo siguiente:
Dotar de independencia orgánica, de autonomía técnica, de gestión y presupuestal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de la reforma legal correspondiente.
Ampliar y fortalecer las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, pesca y agua, entre otros aspectos.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia para prevenir posibles daños al medio ambiente o en su caso sancionar.
Además, dado que no es atribución de la Profepa, atender la procuración de justicia de delitos ambientales, sino de la Procuraduría General de la República, se propone:
Fortalecer la procuración de justicia en materia de delitos ambientales, dotando a dicha procuración de mayor autonomía, recursos humanos especializados y económicos para cumplir con su función.
En concordancia con el fortalecimiento de la procuración de justicia ambiental, se debe fortalecer también la administración de la justicia ambiental en México. Se reitera, que el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un medio ambiente sano coexisten y son complementarios o correlativos. De ahí la obligación que tiene el Estado de crear tribunales que estén expeditos para resolver las controversias que se puedan suscitar en materia ambiental. El objetivo, es que las resoluciones que emitan resulten benéficas para la propia protección del medio ambiente. La implementación de los mecanismos de reparación del daño ambiental y de indemnizaciones justas son prácticamente inexistentes. En las condiciones actuales no existen plenas garantías para que los ciudadanos hagan efectivos estos derechos. Uno de los aspectos más importantes de la gestión ambiental es la procuración de justicia y el acceso a instrumentos y procedimientos jurídicos que permitan la defensa de los derechos ambientales. Por ello, se propone:
Revisar en cooperación y apoyo del poder Judicial, para su fortalecimiento el actual modelo legal de administración de justicia ambiental.
Fortalecer la administración de justicia ambiental con mayores recursos humanos especializados y económicos adecuados para cumplir con su función.
Realizar las reformas legales para fortalecer el marco jurídico de la procuración y administración de justicia ambiental, primordialmente a la Ley Federal de Reparación del Daño Ambiental, así como a la legislación relacionada que así lo requiera.