EL-SUR

Viernes 27 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Apuntes para una agenda de sustentabilidad ambiental por la izquierda IV

Octavio Klimek Alcaraz

Agosto 12, 2017

Conservar y aprovechar de manera sustentable los ecosistemas terrestres y su biodiversidad

La conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, junto con otros aspectos ambientales, se ha convertido en un tema importante en la agenda política. Esto se expresa tradicionalmente en instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo y los programas sectoriales. Sin embargo, en los hechos se deben encontrar las formas de lograr puentes para transitar de los objetivos hacia las acciones concretas para llevarlas a cabo de manera real e integral. En especial, se requiere lograr una mayor voluntad política y coordinación entre los diferentes actores involucrados. Frente al sector ambiental existen sectores con más apoyo político y mayores recursos como el de infraestructura, la energía, la minería, el turístico o el agropecuario, que comprometen en sus decisiones a la biodiversidad del país.
En México, como producto de la heterogeneidad de factores ambientales, existe una de las mayores diversidades biológicas de mundo. Esta diversidad biológica se encuentra expresada también en una gran variedad de ecosistemas y paisajes, que se reflejan en una reconocida diversidad cultural y de formas de apropiación de la naturaleza en todo el país.
México es el país de Latinoamérica con mayor diversidad ecosistémica. Se estima que aproximadamente de cada 10 especies que existen en el mundo una se encuentra en México. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad.
No obstante, esta diversidad biológica está sufriendo una rápida merma lo que trae como consecuencia el agotamiento y la extinción de los recursos genéticos, las especies y de los ecosistemas mismos.
La NOM 059-SEMARNAT-2010 considera que en México hay 49 especies extintas, 475 en peligro de extinción, 896 amenazadas y mil 185 sujetas a protección especial. Es decir, se consideran al menos 2 mil 605 especies en México, bajo alguna categoría de riesgo.
En términos absolutos, los grupos con mayor número de especies en alguna categoría de riesgo son las plantas, que entre angiospermas y gimnospermas suman 949, seguidas por los reptiles (443 especies), aves (392), mamíferos (291), peces (204) y anfibios (194). Otros grupos considerados son las pteridofitas, las briofitas, las algas, los hongos e invertebrados en la citada norma.
Las causas de la pérdida de la biodiversidad son múltiples, van desde las presiones directas debidas a cambios en el uso del suelo por actividades económicas, que provoca deforestación, y la consecuente erosión. Esto, genera la destrucción y fragmentación de espacios de vida (hábitats), el propio cambio climático, competencia con especies invasoras, sobreexplotación y caza indiscriminada, por citar las más conocidas. Pero también, hay otras causas indirectas o subyacentes, que incentivan las presiones directas antes citadas, derivadas de un modelo económico productivo y de consumo depredador de la naturaleza, que fomenta la sobreexplotación de recursos naturales, junto con las cargas de la contaminación.
Es imperativo y necesario hacer evidentes, transparentes, públicas, las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad en México, además de las presiones directas. Sería entonces claro para la mayoría de los que lo habitamos, la necesidad de modificar los actuales patrones de producción y consumo con una visión de no ir más allá de la capacidad de carga del planeta. Esto tendría, además, como co-beneficio reducir los impactos adversos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. De no orientarse a transformar el actual modelo económico, causa subyacente de la pérdida de la biodiversidad.
Así las cosas, es importante, que en las políticas públicas de la administración pública, tanto federal, como estatal, sean considerados los temas de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados, como parte sustancial de las políticas de la biodiversidad. Es importante que en el sector agropecuario se tenga una política de impacto nacional definida y operando respecto a la biodiversidad, en especial en temas como la agrobiodiversidad y la bioseguridad. Asimismo, en el sector hídrico existe una grave carencia de políticas relacionadas con la biodiversidad.
Por ello, debe hacerse énfasis que es una prioridad en la planeación y en el diseño de políticas, que exista la coordinación y cooperación de todas las áreas de la administración pública en sus diferentes órdenes de gobierno, así como con la sociedad en general, y trascienda hacia políticas con mayor impacto territorial, considerando todos estos temas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en armonía con las correspondientes estrategias estatales.
En síntesis, se requiere la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes sectoriales e intersectoriales con énfasis en los sectores de la energía, minería, turístico, agropecuario, forestal y pesquero. Se requiere un compromiso real para eliminar incentivos perversos, como subsidios a actividades perjudiciales para la biodiversidad. Se trataría así de eliminar por principio cualquier incentivo económico, político y social nocivo para la biodiversidad.

Fortalecer la conservación de la naturaleza

Se deben impulsar los instrumentos para la conservación de la naturaleza y biodiversidad. En especial, se debe garantizar la protección y restauración de áreas naturales, para que se conserven muestras representativas de la biodiversidad presente en el país. México tiene una tradición de 141 años en el tema de la protección de áreas naturales protegidas, si recordamos la protección oficial de los manantiales del Desierto de los Leones en 1876, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.
Mucho se ha dicho que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben ser los catalizadores del desarrollo regional. Por ello, la declaración de un ANP debe verse por los habitantes de una región como la oportunidad de impulsar también su desarrollo económico y social. Con una ANP, no se trata de generar una isla para proteger la biodiversidad de una región y que sus habitantes sean marginados en las prioridades del desarrollo.
A diciembre de 2016, el país contaba con 181 ANP de diferentes categorías, las cuales abarcaban 90.6 millones de hectáreas de las cuales 21.1 millones de hectáreas correspondían a superficie terrestre y de aguas continentales y 69.5 millones de hectáreas correspondía a zonas marinas.
Los 21.1 millones de hectáreas de superficie terrestre protegida representan el 10.8 por ciento de la superficie continental e insular del país. En tanto, que las 69.5 millones de hectáreas de superficie marina protegida corresponden al 22.0 por ciento de la superficie marina del país. Con ello, se daría cumplimiento a las denominadas metas de Aichi, que comprometen a México para que en el año 2020 al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas costeras deben estar en el sistema de áreas naturales protegidas (Meta 11 de Aichi).
Sin embargo, el informe Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies” señala que la ubicación de un gran número de ANP en México se encuentra fuera de los sitios terrestres prioritarios para la conservación. Es decir, hay un evidente sobrerrepresentación de algunas ecorregiones, de determinados ecosistemas y su biodiversidad en el país en las áreas naturales protegidas del país (alrededor del 8 por ciento del territorio nacional bajo decreto). Lo anterior, no significa necesariamente, que muchas de estas ANP no incluidas en los sitios prioritarios, no tengan un papel importante en la preservación de servicios ecosistémicos, o que protegen distintos componentes de la biodiversidad no incluidos en el estudio.
Conforme al citado informe, al evaluar todos los elementos a conservar resulta que ni aun incrementando la superficie protegida hasta un 16.6 por ciento de la superficie del país, que es el área necesaria para representar de manera óptima al conjunto de sitios de prioridad extrema y alta (sin incluir los sitios de prioridad media con 13.8 por ciento), sería posible cubrir a todo el conjuntos de elementos de interés de conservación considerados en la evaluación.
Destacan dentro de estas áreas prioritarias que requieren ser conservadas, ya sea con nuevas ANP, o mediante nuevos mecanismos y estrategias de conservación, ya que sobresalen por su importancia biológica, en especial por la concentración de especies endémicas y por ser regiones únicas las siguientes: Sierra de San Pedro Mártir, costa del Pacífico de Baja California Sur, norte de la Sierra Madre Occidental, corredor entre Mapimí y Cuatrociénegas, Sur de los estados de Nuevo León y Coahuila, Sierra Madre Oriental en Tamaulipas, Sierra Madre del Sur en Guerrero y Oaxaca y Los Chimalapas en Oaxaca.
En conclusión, no sólo hay que corregir omisiones por sobrerrepresentación. Al mismo tiempo hay que aumentar la superficie destinada a la conservación para cubrir de manera más representativa a la biodiversidad del país en sus diferentes escalas. Se trata de sostener determinados procesos ecológicos o mantener poblaciones viables de especies nativas con dicho aumento de la superficie de conservación del país.
Al mismo tiempo, se requiere promover diversas estrategias que incluyan una mayor participación y compromiso de la sociedad en su conjunto. Esto por medio de fortalecer e impulsar los nuevos modelos de hacer conservación en el país como es el caso de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en donde de manera principal las comunidades rurales y pequeños propietarios ubicadas en dichas áreas prioritarias para la conservación asumen por sí mismas compromisos de conservación comunitaria. Estableciendo planes de conservación que protejan a los ecosistemas y beneficien a estas comunidades rurales que dependen de ellos.
Debe revisarse a fondo la gestión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que es el órgano desconcentrado de la Semarnat, responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la federación. Es decir, es responsable de las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción con el propósito fundamental de conservar y proteger la biodiversidad de México.
Los retos de la Conanap son importantes para lograr consolidar el manejo de las ANP. En especial, se trata de que todas las ANP tengan en operación sus programas de manejo, desarrollar la infraestructura y cubrir con mayor personal profesionalizado los enormes requerimientos de las ANP. También, la problemática de deterioro de muchas ANP es motivo de denuncias públicas. Estas denuncias en lo general son en contra de acciones con impactos ambientales adversos propiciadas por actores públicos y privados. Para lo anterior, se requiere mayor financiamiento público, y en su caso del privado, este se puede dar no sólo con el otorgamiento de mayor presupuesto, sino también con lograr la generación de mayores ingresos propios de las ANP.
Asimismo, la citada consolidación del manejo de las ANP, la federación no la puede hacer sola, requiere que concurran también entidades federativas y municipios. Para ello, es necesario encontrar una fórmula federalista que haga que los tres órdenes de gobierno asuman mayores compromisos de conservación.
Desarrollar y fortalecer el sistema nacional de áreas naturales protegidas, orientándolo a las áreas del territorio nacional que permitan cubrir de manera más representativa a la biodiversidad del país.
Fortalecer a la Conanp, por medio de una mayor de autonomía técnica, de mayores capacidades de gestión y suficiente presupuesto para dotarla de mayores recursos humanos y materiales.
Fortalecer y aumentar el número y la superficie de las áreas de conservación comunitaria de la biodiversidad, en donde las propias comunidades asuman de manera voluntaria compromisos de conservación.
Impulsar a las áreas naturales protegidas como el centro catalizador de las estrategias regionales para el desarrollo rural.
Prohibir la exploración, explotación y beneficio de minerales en áreas naturales protegidas.