EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Apuntes para una agenda de sustentabilidad ambiental por la izquierda VI

Octavio Klimek Alcaraz

Agosto 26, 2017

(Primera de dos partes)

Hacia una política forestal comunitaria

Es conocido que en el país, en la gran mayoría de las comunidades forestales, viven miles de mexicanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, los que no han sido beneficiarios verdaderos de sus tierras forestales. Esto, ante el olvido y falta de políticas públicas acordes a la problemática forestal, que durante décadas no se aplicaron por los tres órdenes de gobierno.
Es necesario enfatizar, que si no se logra interesar y vincular a las comunidades rurales con el manejo de sus tierras forestales, no se lograra la conservación de estas. Para conservar los bosques es de primordial importancia generar ingresos económicos en las comunidades rurales a través del aprovechamiento integral y sostenible de los ecosistemas forestales.
Es primordial destacar que las decisiones adecuadas en materia de administración y manejo de ecosistemas forestales han de apoyarse en una política de conservación de la naturaleza, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las políticas forestales son esencialmente políticas de explotación maderera y resultan insuficientes para permitir un buen manejo forestal. Rara vez se concede la debida atención a los intereses de las comunidades forestales y del gran número de sectores –turismo, suministro de agua, etcétera– que utilizan los bosques o ejercen influencia en éstos. Otro tanto cabe decir del mantenimiento de los servicios ambientales y la diversidad biológica.
Por ello, la actividad forestal debe tener no solo como objetivo el de asegurar el aumento continuo y estable de la producción maderable; sino también al mismo tiempo, debe asegurar que se mantengan los diversos servicios ambientales que prestan los bosques y si es posible éstos aumenten.
Muchos de los conflictos entre los diferentes usos forestales podrían evitarse si se prescindiera de esa visión unisectorial del manejo productivista de recursos maderables. Las preocupaciones de los responsables de la administración forestal tienen muchas dificultades para ser tenidas en cuenta en un contexto normal de planificación a largo plazo. En las políticas destinadas a la agricultura, los asentamientos, la energía, la esfera financiera y otros campos de actividad, no suele reconocerse la incidencia de estos sectores sobre las tierras forestales.
En países como México, existen los problemas de supervivencia con que se enfrentan las poblaciones en rápido crecimiento, y de creación de riqueza y de empleo, y de control del desarrollo económico. Por ello, urge pasar del enfoque productivista estrechamente sectorial con respecto al manejo de los bosques a políticas forestales intersectoriales.
La nueva política forestal debe abandonar el centralismo que ha caracterizado negativamente el sector forestal y hacer que las autoridades estatales y municipales asuman plenamente la responsabilidad de coordinar y operar los aspectos forestales en estos órdenes de gobierno. Las instituciones federales deben asumir de manera progresiva un papel normativo y de vigilar que los objetivos forestales nacionales sean incluidos en las políticas de las instituciones estatales y municipales.
Una nueva política forestal en México tiene que articular las distintas visiones y objetivos de los dueños del bosque, ejidos y comunidades principalmente, y nuevos actores como los grupos ambientalistas, pues no solo se tiene que buscar el desarrollo de las comunidades forestales, sino también conservar la naturaleza, su diversidad biológica, la capacidad de brindar servicios ambientales fuera del ámbito territorial de las propias comunidades forestales. Es decir, transitar integralmente hacia el desarrollo sustentable.
Esto implica una política pública de verdadero compromiso, no solo del nuevo gobierno federal, sino de las entidades federativas y municipios. Impulsar la organización y el desarrollo de las comunidades forestales acompañadas de mayor inversión pública. En especial deben replantearse nuevas estrategias para las políticas de subsidios agrícolas y ganaderas en las regiones forestales del país, que han impulsado la deforestación. La visión sectorizada del desarrollo forestal en México debe pasar a ser una de visión integral y multisectorial de desarrollo rural comunitario.
Los programas aplicados por el gobierno federal por mrdio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo descentralizado de la Semarnat, son todavía notoriamente insuficientes tanto para el impulso al desarrollo forestal, como para recuperar la cubierta forestal, que año con año se pierde. Aunado a esto, existen zonas de gran importancia por su biodiversidad y servicios ambientales, donde el clandestinaje forestal se expresa verdaderamente como crimen organizado y la Profepa se encuentra totalmente rebasada.
Por ello, se observa con preocupación que el deterioro de los bosques y selvas sigue sin lograr contenerse en el país. Se está hablando no sólo deforestación, sino también del avance día a día de la pérdida de bosques y selvas naturales sustituidas por bosques y selvas secundarias, con la consecuente pérdida de espacios de vida para un sinnúmero de especies de la vida silvestre.
En el caso forestal, no se observa una política integral de desarrollo rural sustentable de la administración federal en su conjunto, que profundice y dé respuesta verdadera y contundente a las causas de estos fenómenos, como son la pobreza y marginalidad.
No se manifiesta que se combata verdaderamente el rentismo forestal, donde las comunidades forestales mal venden sus recursos forestales a verdaderos talamontes. Es una realidad que no se está multiplicando a la velocidad que se requiere el desarrollo forestal comunitario, para combatir el rentismo y para que las comunidades forestales sean verdaderamente beneficiarias de sus recursos forestales.
Por ello, se considera que el principal eje de política pública al respecto debe ser el fortalecer el manejo forestal comunitario. Donde son las propias comunidades poseedoras de los bosques y selvas quienes deben decidir sobre ellos. En todo caso, lo que deben hacer los gobiernos de los tres órdenes es reforzar las habilidades y conocimientos que requieren las comunidades para la planeación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento sostenible del bosque. Sólo así se puede parar la deforestación en sus causas. Dentro de esa política pública se puede continuar con la reforestación, pero debe ser dentro de un concepto de manejo integral forestal, donde se engloba desde los aspectos de producción, conservación y la propia restauración de los bosques y selvas.