EL-SUR

Viernes 27 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Apuntes para una Agenda de Sustentabilidad Ambiental por la Izquierda VIII

Octavio Klimek Alcaraz

Septiembre 23, 2017

Objetivo: Promover la gestión integral de los recursos hídricos

Principio fundamental de la democracia del agua es que el agua es esencial para la vida. Es obligación de todos nosotros asegurarnos de que nuestras acciones no dañen a otras especies o personas. Por ello, debemos hacer uso de ella, conforme a nuestras necesidades de subsistencia, mantenerla limpia y en cantidad adecuada. Nadie tiene derecho de usar agua en exceso, abusar del agua, desperdiciarla o contaminarla.
Un asunto, que es cada vez más evidente, es que el agua es limitada y puede acabarse si no se utiliza cuidando su sostenibilidad. La utilización no sostenible incluye sacar más agua de los ecosistemas de la que puede reabastecer la naturaleza (no sostenibilidad ecológica) y consumir más de lo que nos corresponde legítimamente, dados los derechos de otros a una ración justa (no sostenibilidad social).
Todos tenemos la obligación de preservar el agua y utilizarla de modo sostenible, dentro de límites ecológicos y justos. Lamentablemente esto no aplica a México. La situación del agua en México es grave, ya que el deterioro de los sistemas hidrológicos del país es evidente y las principales cuencas se encuentran alteradas en sus ciclos hidrológicos. El deterioro de nuestros ecosistemas, en particular los hidrológicos, es evidente. Es una realidad, que las principales cuencas de nuestro país han sido deforestadas, alterándose sus ciclos hidrológicos. Al mismo tiempo, la mayoría de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos de nuestro país están contaminados en diversos grados de magnitud, mayormente debido a la descarga incontrolada de aguas generadas por la población o por los agentes productivos de la industria, la agricultura por uso incorrecto de productos químicos hasta el inadecuado manejo de los residuos sólidos. Agréguese, las cambios en el clima global, que son cada día otras realidades evidentes, con mayor recurrencia de catástrofes naturales.
Asimismo, los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el país son todavía insuficientes e inequitativos. Aunque la sociedad en su conjunto resulta afectada por una escasa dotación y una desigual calidad de este insumo básico son las familias pobres rurales y urbanas, las que padecen en su mayoría las consecuencias más graves de la falta de infraestructura adecuada en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, producto de un ineficaz desempeño de las instituciones públicas o privadas responsables de la operación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
Lo anterior, no deja lugar a dudas de que aspectos fundamentales del modelo de desarrollo hasta hoy realizado han fallado. Se deben replantear muchas cosas, entre otras el modo de funcionamiento y estructura de las instituciones del agua, donde al parecer se pretende privilegiar el interés particular sobre el público; el modo de operar, la planeación y administración de los recursos hídricos, hasta hoy profundamente centralista, en demérito de estados y municipios. Por ello, la urgencia de lograr con prontitud la nueva Ley General del Agua, que mandata la reforma constitucional del Artículo Cuarto, referente al derecho al agua para las personas.
Nuestra única posibilidad a futuro, es reconocer que el agua es un recurso escaso, logrando su utilización con una nueva cultura del agua. Es cierto que debemos ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, sin embargo, se debe generalizar la aplicación de tecnologías que permitan el uso eficiente del agua, tanto en la industria, la energía, los servicios, la agricultura y los hogares.
Requerimos un cumplimiento cabal de estrictas normas ambientales para todos los usuarios del agua. Debemos mejorar y fortalecer el manejo integrado de cuencas y acuíferos. Hacer un reuso obligatorio de las aguas negras de las ciudades, en especial de la industria, disminuyendo las descargas de contaminantes a cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, así como a la zona costera. Evitar disminuciones en las recargas de mantos freáticos, lo cual se logra con la ampliación de la cobertura vegetal. Todo esto nos debe llevar a reducir la necesidad de trasvases entre cuencas y grandes proyectos de extracción.
Se tienen que buscar nuevas propuestas para el adecuado funcionamiento de los organismos reguladores y operadores del agua en México –en especial los de los municipios–. Obvio decir que proponer cualquier nuevo elemento de innovación va a enfrentar resistencia. Es público que las condiciones financieras de muchos organismos operadores del agua en los municipios del país son críticas, esto impide en consecuencia un mejoramiento de los servicios. Con seguridad habría resistencia de muchos habitantes a que el servicio sea más caro y este no mejore, si no se generan políticas públicas que den protección a la población pobre o de ingresos bajos.
Sin embargo, se tendrá que impulsar el cobro del agua a precios que consideren su costo de recuperación, en especial por aquellos usuarios que a través de su uso perciben ganancias económicas, como la industria, energía, agricultura comercial y servicios.
La privatización de servicios del agua ha generado intensos conflictos sociales. No contribuye a la equidad social. Pueblos enteros se han levantado en contra de ese tipo de fórmulas para lograr una mayor eficiencia en la gestión del agua. Nuestra convicción, es que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio de la naturaleza que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Puesto que la naturaleza nos da agua sin costo alguno, su compraventa para obtener ganancia viola nuestro derecho inherente a este regalo de la naturaleza y les niega a los pobres sus derechos humanos. Es decir, el agua con fines de subsistencia debe ser gratis, no puede ser una mercancía.
Hagamos hincapié en que el agua no puede ser poseída como propiedad privada ni vendida como mercancía. El agua no es un invento de la humanidad. No puede limitarse ni tiene límites. Es por naturaleza, comunal.
Estos principios expuestos, deben practicarse para el buen funcionamiento de los organismos relacionados con la gestión del agua, los que dependen mucho de la estabilidad y de la voluntad política, y de la capacidad del sector público en los tres órdenes de gobierno.
Al respecto, existen diversos ejemplos de buena gestión del agua con empresas de propiedad pública, pero independiente financieramente del gobierno. La gestión se basa en modelos de control ciudadano de las operaciones y participación pública en las decisiones de inversión. Este modelo ha tenido éxito en suministrar agua potable y asequible a aquellos que carecían de acceso, y demuestra que también hay soluciones desde el sector público que son viables.
En el caso de México, estamos claros que la intervención pública es la mejor solución, si se quiere asegurar el acceso a la población de bajos ingresos del país, que en este momento no se les puedan aplicar las tarifas que cubran los costos del servicio. Lo que se requieren son reformas muy federalistas, que no fomenten la privatización del agua, que descentralicen verdaderamente la gestión del agua, de tipo organizativo, en los procedimientos y en el sistema de incentivos.
Recalquemos que el modelo para una buena gestión del agua debe ser guiados por principios, como los éticos de la democracia del agua, los de la responsabilidad ambiental, la responsabilidad financiera, la equidad en el reparto (en función del ingreso), la innovación en tecnología del agua, la transparencia y la participación de los usuarios y de los que viven en las áreas productoras del recurso agua.
Se trata de que exista el compromiso de implantar una nueva política de agua, impulsando el enfoque de la gestión integral por cuencas hídrológicas, el conocimiento riguroso de los usos y de la calidad del agua, que garantice más eficiencia, más justicia social y mayor protección de sus valores ecológicos y culturales.
Al respecto, se plantea:
Promover una política del agua cuyo fundamento será el conocimiento riguroso de los usos, así como la calidad y cantidad del agua, orientada a aplicar una gestión integral, democrática, pública y sustentable del agua, además de atender la racionalidad y eficiencia económica, la responsabilidad financiera, la justicia social y la equidad en el reparto, la transparencia, la participación ciudadana, la innovación en tecnología del agua, el no deterioro de los ecosistemas acuáticos, la prevención, la precaución y la adaptación, como principales principios.
Impulsar la gestión integral, pública y sustentable del agua, haciendo realidad el acceso al agua y el saneamiento como un derecho. Para ello se debe expedir la Ley General de Aguas, con base en la iniciativa ciudadana ya realizada.
Elaborar e implementar para las principales cuencas hidrológicas del país sus correspondientes planes de cuenca y que estos sean realmente las bases de la gestión integrada del recurso hídrico con base en resultados, articulando dicho instrumento a otros instrumentos de planeación, como son los ordenamientos del territorio. Fomentando en todo momento la participación pública en la toma de decisiones del proceso de planificación.
Lograr que las ciudades y comunidades rurales del país resuelvan sus problemas ancestrales de falta de agua y de saneamiento de sus descargas a través de proyectos que cumplan con los requisitos de gestión integral, pública y sustentable del agua, drenaje y el saneamiento.
Promover una política para el saneamiento y rescate de nuestros principales ríos, cuerpos de agua y acuíferos muy modificados, con el objeto de lograr un buen estado ecológico de sus aguas a través de una visión integral de cuenca hidrológica y de la generación de un mayor conocimiento de la ecología de ríos y acuíferos.
Reducir la demanda del agua a través de la modernización y eficiencia en el manejo sostenible del agua, condicionando las concesiones del agua a las capacidades de renovación de los ecosistemas acuáticos.
Orientar el gasto e inversiones preferentemente a la gestión, control y adecuado mantenimiento de las infraestructuras existentes, más que a la construcción de grandes obras públicas.
Establecer una moratoria a la construcción de infraestructura de trasvases entre cuencas.