Lograr ciudades sustentables es fundamental para el desarrollo social y económico, es esto, el motor del crecimiento; ya que la degradación del medio ambiente afecta adversamente la eficacia económica y la equidad social y obstruye la contribución de las ciudades al desarrollo. Es posible, evitar la degradación del ambiente, lo que se requiere es enfocar un manejo proactivo construido sobre una comprensión de las interacciones complejas del desarrollo y el medio ambiente. Se trata de realizar un esfuerzo para el avance de la sostenibilidad, fomentar la economía, promover la equidad social y proteger los sistemas naturales del planeta. Es construir un futuro ecológicamente sostenible, económicamente dinámico y socialmente equitativo para la ciudadanía urbana.
Sin embargo, en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida en noviembre de 2016, se ha quedado corta de lo que requiere el país y debe ser sujeta a diversas reformas ante sus deficiencias. Esto va más allá de problemas de conceptos y de redacción. En temas como cambio climático no queda debidamente armonizada, por ejemplo, con los instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático. Dicha armonización debe darse también con instrumentos de política ambiental como los ordenamientos ecológicos del territorio y los atlas de riesgo. La nueva Ley debe fortalecerse para que promueva una planeación y ordenamiento del territorio con criterios de sustentabilidad ambiental. En general, se puede decir que no existe un vínculo claro que permita alinear la política nacional de ordenamiento urbano, territorial y ecológico en tiempos del cambio climático. Aún y cuando existen avances sobre los instrumentos de planeación urbana, estos avances se encuentran desconectados de los instrumentos actuales de planeación territorial y ecológica. Esto sin duda atenta contra la planeación del territorio y agrava el desarrollo urbano y rural sustentable si no se atiende debidamente.
Asimismo, existe el riesgo de que se convierta en un instrumento para legitimar el despojo de tierras ejidales y comunales, la propiedad social, la gran reserva de tierras en torno a muchas ciudades de México. Un asunto delicado, ya que la nueva Ley tiene facultades que están por encima de la toma de decisiones de las asambleas ejidales y comunales, pues bajo el concepto de área urbanizable, las tierras parceladas son susceptibles ahora de todo tipo de desarrollo urbano. No existen las salvaguardas mínimas para que no suceda que terrenos de propiedad social cambien a propiedad de los especuladores urbanos. Esto, en contra de la actual legislación agraria, que señala que tratándose de tierras ejidales y comunales, se estará a lo dispuesto en ella. En dicho propósito no se garantiza la consulta a pueblos indígenas en procesos en donde se vean afectados sus tierras.
Se observa en la nueva Ley, una visión de participación ciudadana restringida tanto en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como en los correspondientes consejos locales. Los consejeros sólo participan en la etapa de planeación, pero no tiene un rol activo en el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de desarrollo urbano. Más aún, queda a la discrecionalidad gubernamental en los mecanismos de selección y representación de los consejeros, así como su temporalidad en el cargo. Esto deja en duda su nivel de autonomía, capacidad técnica y representatividad de las diferentes voces ciudadanas que deberían tomarse en cuenta en la planeación y ordenamiento del territorio.
En conclusión, con la actual redacción de esta Ley, se observa cuesta arriba que México pueda atender los propósitos de ciudades sustentables, que requiere una mezcla perfecta de innovación tecnológica y social para este siglo XXI.
Se propone:
Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que realmente se pueda realizar el ordenamiento de las tierras del medio urbano y de los asentamientos urbanos, a fin de aumentar su capacidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Fomentar e impulsar la ampliación y manejo sustentable de las áreas verdes urbanas.
Impulsar un programa de transporte público sostenible. Se propone desarrollar un programa de movilidad sostenible en las principales ciudades de México para lograr un transporte público más eficiente y de bajo impacto ambiental.
Impulsar el desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías y personas, como infraestructura estratégica por sus características positivas para el ambiente y sociedad.