EL-SUR

Jueves 26 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Áreas voluntarias de conservación

Octavio Klimek Alcaraz

Junio 18, 2016

Uno de los temas más importantes en la política de la conservación de la diversidad biológica son las áreas naturales protegidas. Estos espacios de territorio tratan de conservar ecosistemas y especies, que por su importancia es vital mantener. Todo ello, en un sistema coherente de administración.
Sin embargo, es materialmente imposible que pueda ser exitosa esta tarea sin la participación de la propia sociedad. Normalmente intereses de todo tipo llegan a entrar en conflicto cuando se restringe las formas de aprovechamiento en un área natural protegida. Finalmente lo que está en juego es el destino de un área. Aunque el interés público indique que su destino es primordialmente para la conservación, sucede que la gente afectada puede no aceptar tal destino, ya que muchas veces la base de su propia subsistencia inmediata se encuentra en riesgo.
Por ello, muchas áreas naturales protegidas del país son solo decretos de papel, en donde la propia gente que vive en ella o en su entorno no tiene la posibilidad real de asumir plenamente un compromiso de conservación.
Ante esas limitaciones, se están buscando nuevos esquemas en donde sean las propias comunidades o los particulares quienes asuman los compromisos de conservación. Lo anterior implica un proceso diferente, otorgando un reconocimiento expreso a esas comunidades que asumen dicho compromiso. Además, de que se fomente entre las comunidades involucradas un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad. En donde el desarrollo económico y social es compatible con la conservación de la naturaleza.
En dicho sentido, en el año 2008, fue reformada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), adicionándose un nuevo artículo 55 bis, en donde se indica que: las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señaladas para las otras categorías de áreas naturales protegidas de competencia forestal indicadas en dicha Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en la citada Ley para las áreas naturales protegidas.
Para tal efecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales  (Semarnat) a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debe emitir un certificado, en los términos de lo previsto en otro nuevo artículo de la LGEEPA, el 77 Bis, referente al establecimiento, administración y manejo de ADVC. Ampliándose sustancialmente los contenidos del artículo 59, que se refería de manera limitada al proceso de certificación.
La Conanp administra actualmente 177 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 millones 628 mil 239 hectáreas. Por aparte, ha certificado entre el año 2002 y junio del 2016 396 ADVC, que protegen una superficie mayor a las 425 mil hectáreas en su conjunto. Sin embargo, 20 ADVC han sido dadas de baja por diversas causas, por lo que en realidad son actualmente 376 ADVC, que abarcan una superficie protegida de más de 407 mil hectáreas. Son 20 estados del país que tienen en su territorio ADVC con certificado Conanp. Los 12 estados que no tienen certificadas ADVC por Conanp, son: Campeche, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Cabe hacer notar, que se tiene conocimiento que la Ciudad De México, Hidalgo, así como Veracruz tienen ADVC certificadas por los gobiernos locales. De hecho, por lo menos 16 estados del país tienen consideradas como categoría de área natural protegida en su legislación ambiental local.
Es importante indicar que Oaxaca y Guerrero destacan tanto en número como superficie de ADVC certificadas por Conanp. Oaxaca tiene 138 ADVC certificadas con una superficie total de 129, 730 hectáreas, mientras que Guerrero tiene 134 ADVC certificadas con una superficie total de 70 mil 481 hectáreas. Es decir de las 376 ADVC actuales, el 72 por ciento (72 ADVC), se localizan en estos dos estados. Así como praticamente la mitad de la superficie total protegida bajo la figura de ADVC (200 mil 211 hectáreas).
Esto no es casualidad ya que buena parte del territorio donde se han generado ADVC en Oaxaca y Guerrero es propiedad social, es decir, de comunidades y ejidos, con una mayoría de población indígena. Demostrando que son una alternativa a los procesos formales de la creación de áreas naturales protegidas vía decretos federales o locales.
Quienes siguen de mayor a menor superficie certificada con ADVC por Conanp son: Coahuila, Sonora y Nuevo León con un total de 138 mil 074 hectáreas. Aunque es evidente que su número de ADVC es pequeño (4, 9 y 7 respectivamente).
El crecimiento de ADVC en Oaxaca y Guerrero se puede decir que es producto de la implantación de dos programas con fondos internacionales, que en su momento operaron en dichos estados: Coinbio y Ecorregiones.
El Proyecto de Conservación Indígena y Comunitaria de la Biodiversidad en los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, conocido también por su acrónimo como Coinbio, fue concebido como un proyecto piloto, que debería generar experiencia y aprendizajes para el diseño de un mejor entramado institucional en la aplicación de la Estrategia Nacional para la Biodiversidad en México, en sus aspectos de uso sostenible y valoración de los recursos biológicos. La donación del Fondo Mundial Ambiental al Coinbio duró siete años y en el año 2007, concluyó el ciclo del proyecto original.
Uno de sus principales objetivos fue proporcionar a las comunidades instrumentos de apoyo para que lograran por sí mismas impulsar procesos, que les permitan asumir compromisos de conservación de los recursos naturales en el espacio de su territorios, en especial la biodiversidad.
Para el año 2008, se tiene conocimiento de que en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, gracias al Coinbio, 145 comunidades o núcleos agrarios participaban en procesos de conservación comunitaria. Existiendo un total estimado de 170 mil hectáreas de zonas de conservación acordadas por las comunidades, las cuales se encontraban no solo identificadas sino respaldadas por un acuerdo firmado por la comunidad, ya sea en sus estatutos o reglamentos, o bien en resoluciones explícitas de asamblea.
Con esto, el Coinbio ha representado una de las políticas de conservación más eficaz en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Estados, que se han caracterizado hasta ahora por presentar fuertes dificultades para establecer otras formas de conservación, debido al enorme peso que tiene el sector social e indígena en la estructura agraria de estos estados. Debe destacarse que aunque Michoacán no tiene ADVC certificadas, el trabajo de Coinbio propició en el 2007 la creación, con el apoyo de las comunidades, de la Reserva de la Biosfera de Zicuirán-Infiernillo en 265 mil hectáreas bajo protección.
Por otro lado, el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas, denominado Ecorregiones, buscaba proteger la biodiversidad y sustentar las funciones ecológicas vitales que se originan dentro de tres ecoregiones de importancia global que se ubican en México: Los Tuxtlas, Veracruz, la Montaña, Guerrero, y la Chinantla, Oaxaca. La donación del Fondo Mundial Ambiental a Ecorregiones duró nueve años y en el año 2009 concluyó el ciclo del proyecto original.
El enfoque de Ecorregiones partía de que las acciones instituciones pueden coordinarse dentro de una matriz sistémica que proporcionaba a las acciones de gobierno desvinculadas y en muchos casos con impactos ambientales adversos, una lógica ambiental de mayor coherencia y reducción de dichos impactos ambientales.
Conforme a los informes del proyecto para junio de 2010, Ecorregiones había logrado certificar 66 mil 208 hectáreas como ADVC certificadas: 49 mil 822.72 hectáreas en la Chinantla y 16 mil 385.28 hectáreas en la Montaña. En la Chinantla 22 ejidos y comunidades contaban con certificados de ADVC, mientras que en la Montaña eran 12 núcleos agrarios pertenecientes a cinco municipios.
De manera adicional, se encontraban en proceso de certificación 62 mil 802 hectáreas más: 15 mil 536 hectáreas en la Chinantla y 47 mil 566 hectáreas en la Montaña. Es decir, cuando menos Ecorregiones estaba certificando un total de más de 129 mil hectáreas en Guerrero y Oaxaca. Además, existía interés en certificarse en la Montaña por otras 14 mil 628 hectáreas.
Con el fin de ambos programas existe una clara tendencia a que no se certifiquen demasiadas ADVC. A partir del actual sexenio del 2012 a la fecha solo se han certificado 91 ADVC de un total de 396. De hecho entre el año 2002 y el 2011 en promedio se certificaron 30 ADVC por año (30 mil 629 hectáreas por año bajo protección con ADVC). Del 2012 a la fecha se tiene un promedio de 18 ADVC por año (19 mil hectáreas por año bajo protección con ADVC).
Por ello, se debe tener una clara política pública para impulsar y fomentar lacreación de ADVCs. En especial, en aquellos estados donde la creación de áreas naturales protegidas tradicionales encuentran obstáculos para ser decretadas. Para ello, con base en experiencias exitosas como Coinbio y Ecorregiones, se propone articular esfuerzos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como con representantes de la sociedad civil, en especial ejidos, comunidades y pequeños propietarios rurales para tal fin.
Además, se debe apoyar de manera clara a las actuales ADVC a través de que tengan una mayor atención en la priorización, evaluación y selección de los programas de subsidios y de inversión de los gobiernos federal y estatal primordialmente. Existe un fuerte reclamo de quienes son responsables de ADVC, de que no tienen apoyo suficiente para operarlas. Conanp ha estimado un gasto de manejo anual de 150 mil pesos por ADVC.
Una propuesta, sería impulsar un programa nacional concurrente para las ADVC encabezado por la Semarnat, con la participación de instituciones de su sector como la Conanp, Conafor, Conabio, Conagua, así como la Sagarpa, Sedesol, Sedatu, entre otras instituciones, que identifique a partir de un diagnóstico y las lecciones aprendidas a la fecha, los objetivos y acciones específicas al respecto. Esto debería permitir complementar las estrategias actuales de ANP tradicionales.