A Ranferi, el hijo del pueblo, quien aprendió a labrar y amar la tierra desde niño. Forjó su carácter en los surcos de la Montaña y nunca se doblegó ante el poder caciquil. Junto a su familia y las organizaciones sociales,
mantendremos viva su memoria. A dos años de este crimen abominable, perpetrado contra el luchador social, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juanita Dircio y su ahijado Antonio Pineda, exigimos justicia.

Fue el 11 de marzo de 1995 cuando el joven estudiante de derecho, Arnulfo Cerón Soriano, subió al segundo piso del hotel Dulce María, frente al mercado de Tlapa, donde se encontraban las oficinas de Tlachinollan. Aún no cumplíamos un año de haber iniciado los trabajamos de promoción y defensa de los derechos humanos, cuando ya contábamos con siete estudiantes de servicio social de la Universidad Iberoamericana plantel León y de la Universidad Autónoma de Guerrero.
De origen humilde, perteneciente al pueblo nahua, logró sobreponerse a la precaria situación económica de su familia, para estudiar en la Facultad de Derecho en Chilpancingo. Fue más bien su hermana mayor quien le apoyó con lo que pudo para sostener sus estudios. Nunca perdió el sentido de pertenencia a una región olvidada y discriminada. El estudio le ayudó a encontrar en el derecho una herramienta efectiva puesta al servicio de la gente que sufre en silencio. En la medida en que experimentaba lo difícil que es sostenerse en una ciudad, donde no hay redes de solidaridad que cobijen a los jóvenes que no tienen ningún ingreso económico, empezó a entender la triste realidad de las familias indígenas, que salen de sus comunidades con el estómago vacío, en busca de trabajo en los campos de Sinaloa.
Arnulfo era de los compañeros que poco hablaba en las reuniones. No era tanto su timidez, sino más bien, ese sentido de aprendizaje, de asimilar los conocimientos y determinadas habilidades, para acumular experiencia. Así se fogueó, acompañando a los abogados en las agencias del Ministerio Público y los juzgados. Se sintió interpelado cuando tenía que atender a personas que provenían de comunidades que hablaban el tu’un savi y el me’pháá. No solo era la barrera lingüística, sino los dramas de la pobreza y la violencia. Constató que no basta con saber algunas leyes, se requiere empaparse del mundo que no es occidental, de la cultura comunitaria que tiene otros valores y otro derecho. En muchas ocasiones fue difícil dar respuestas concretas a problemas complejos y añejos que enfrenta la población indígena. Se abstuvo de dar recetas y consejos y fue muy valioso su comportamiento al mantener un trato respetuoso con la gente de la Montaña.
Fueron 18 meses de aprendizaje. Su plan era simplemente cubrir los tres meses del servicio social. Nunca pensó que el trabajo jurídico tiene su encanto cuando se exploran nuevas realidades, pero, sobre todo, cuando se trabaja de manera interdisciplinaria y con una perspectiva de derechos humanos. Ese enfoque no lo aprendió en la universidad sino en la atención diaria de los problemas concretos de la gente del campo. Se dio de topes cuando tenía que visitar las comunidades. Tuvo que adaptarse a situaciones sumamente adversas, desde la falta de un alimento hasta un lugar donde dormir sin pasar fríos. Descubrió la fortaleza de la gente, su capacidad para resistir no sólo las embestidas de la naturaleza, sino la de los gobernantes que la engañan y maltratan. Valoró lo que significa compartir los pocos bienes que se tienen de manera igualitaria. Conoció el trabajo arduo de las mujeres que además de levantarse en la madrugada para moler el nixtamal, se las arreglan para atender a sus pequeños hijos e ir al campo con el esposo.
Recordaba su infancia en Coyahualco municipio de Huamuxtitlán. No le era ajena la vida en el campo, sin embargo, las condiciones de pobreza extrema de algunas comunidades de la Montaña alta siempre lo interpelaron y lo llevaron a tomar muy en serio la defensa de los derechos humanos. En esos años seguramente no imaginaba que encauzaría su vida para ser una voz de los olvidados de la Montaña. Fueron definitivos los años que vivió con sus padres en la región de la cañada. Su paso por Tlachinollan, que sería de mero trámite, lo marcó para siempre, al tener que asumir la responsabilidad de brindar una atención efectiva a las familias, que llegan con la esperanza de ser escuchadas y atendidas.
Tuvo la oportunidad de ser asesor jurídico en el ayuntamiento de Metlátonoc. El trabajo fue más complejo de lo que pensaba, porque se trataba de adentrarse al derecho de los pueblos, un derecho que pasan de noche los abogados y abogadas en las universidades. Entendió que tenía que seguir aprendiendo, no sólo una materia sino un tratado, y que sus maestros y maestras serían los habitantes de ese municipio. Ahí dimensionó la brecha que existe entre la norma y la práctica, además la gran distancia que hay entre las instituciones burocratizadas y las demandas concretas de la gente.
En el mes de septiembre del año 2000, Arnulfo fue detenido arbitrariamente por la Policía Ministerial, acusado de homicidio. Por el hecho de haber visitado a un pariente, un día antes de que lamentablemente apareciera muerto dentro de su vehículo, los agentes policiacos dedujeron que su visita había sido con el fin de planear su muerte. Del mismo velorio la policía se lo llevó a la comandancia, donde lo torturaron. Al siguiente día llegó el agente del Ministerio Público a la comandancia para que firmara sus declaraciones, donde supuestamente confesaba que él había sido el autor del homicidio. Su caso fue de los primeros que como Tlachinollan solicitamos formalmente que se le aplicara el Protocolo de Estambul. Los resultados fueron contundentes, pues el estudio demostraba que Arnulfo había sido víctima de tortura. Con esta prueba obtuvo su sentencia absolutoria.
Fueron varios años marcados por los trastornos del estrés postraumático. El apoyo de su esposa y de sus hijos mayores fueron determinantes para curar estas cicatrices. Su incorporación a la lucha social fue el mejor tratamiento para fortalecer su espíritu y sanear su cuerpo. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa significó para Arnulfo la prueba de fuego de salir a las calles a dar la batalla abrazando la causa de las madres y padres de familia. De la misma forma en que lo hizo el joven estudiante Antonio Vivar, se entregó de tiempo completo a las tareas trazadas por la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se materializaron en la toma de ayuntamientos para evidenciar el contubernio que se ha venido gestando dentro de las instituciones gubernamentales con grupos de la delincuencia organizada. En Guerrero se conformó el Movimiento Popular Guerrerense que asumió el compromiso de boicotear las elecciones. Esta lucha se mantuvo con mucha tenacidad en la cabecera municipal de Tlapa, donde permanecieron ocho meses plantados para hacer visible la exigencia de dar con el paradero de los 43 normalistas. Arnulfo fue del grupo que sufrió el violento desalojo, el 1 de junio del 2015, por parte de colonos y taxistas azuzados por líderes de los partidos políticos del PRI, PT y Verde Ecologista. En esta acción delictiva quedó evidenciado cómo los partidos políticos alientan la conformación de grupos de choque para agredir a las organizaciones que ejercen su derecho a la protesta y la denuncia pública como un recurso legítimo que interpela la autoridad para que salvaguarde los derechos de las víctimas.
En esta órbita de la lucha social Arnulfo se incorpora como parte de la dirección colectiva del Frente Popular de Tlapa, para impulsar la organización de las colonias y comunidades del municipio. Su liderazgo ha sido cuestionado por los presidentes municipales en turno, que han tratado en todo momento de desprestigiar su trayectoria y desacreditar su legitimidad ante las comunidades indígenas. Su exigencia permanente a que las autoridades rindan cuentas y cumplan sus compromisos de campaña, se ha ganado la aversión de la clase política local, porque ha sido un vigilante asiduo en el manejo de los recursos públicos. Su lenguaje directo, veraz y estruendoso, ha sido incómodo. Sus posturas firmes en la defensa de los derechos de los colonos y comerciantes le han traído amenazas constantes. En muchos eventos públicos alzó la voz y se confrontó con la autoridad municipal. Este atrevimiento puso en riesgo su integridad física y su seguridad. Nunca ha claudicado de sus principios y convicciones que siempre puso sobre la mesa. Apeló al marco jurídico que nos rige y a la legalidad de su lucha, por eso siempre manifestó que la defensa de los derechos de la población más desprotegida es una causa noble y legal, y desde esos márgenes siempre se ha mantenido.
Nunca imaginamos que este viernes 11 de octubre, al filo de las 20 horas, cuando Arnulfo salía de su casa y se dirigía al Centro de Rehabilitación de 24 horas, que él mismo fundó, y le puso por nombre “La última esperanza”, ya no llegara a la sesión que siempre presidía. Su esposa y sus hijos han tenido que interponer la denuncia de la desaparición de Arnulfo. Para quienes lo conocemos en esta región, su desaparición representa un agravio no sólo a su familia, sino a todos los hombres y mujeres que luchamos con pasión para acabar con la corrupción, para exigir que las autoridades rindan cuentas y para pelear contra la discriminación. No podemos permitir que los grupos de poder, que actúan bajo el cobijo de la impunidad, se coloquen por encima de la ley y se erijan como los tiranos que deciden el destino de nuestras vidas. Exigimos a las autoridades del estado que apliquen los protocolos de búsqueda inmediata y se realicen todas las acciones necesarias para dar con el paradero del compañero Arnulfo Cerón Soriano.