A los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes a 90 meses de los trágicos hechos de Iguala se mantienen unidos y firmes para exigir al gobierno federal que dé con el paradero de sus hijos.
Este lunes en la Secretaría de Gobernación el GIEI revelará en su tercer informe, hechos ocultos por las autoridades federales del sexenio de Enrique Peña Nieto, que habla de su complicidad y grave responsabilidad.

A propósito del manoseo y manipulación que están realizando los diputados y diputadas locales sobre la falsa consulta entre las comunidades indígenas y afromexicanas, es importante difundir cómo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres efectuó su asamblea regional en la comunidad na savi de El Platanar, este sábado 26 de marzo.
Para demostrar que los pueblos indígenas y afromexicanos cuentan con sus propios sistemas normativos anclados en una matriz cultural mesoamericana, la asamblea de la CRAC-PC dio seguimiento a los acuerdos que emanaron de este espacio que es la instancia máxima en la toma de decisiones. En la asamblea del 15 de enero fijaron la fecha para dar continuidad a los temas más urgentes que enfrentan las comunidades na savi y me phaa del municipio de Ayutla. Uno de los compromisos que asumieron las autoridades y que le dieron cumplimiento cabal fue que convocarían a las mujeres para que sus voces sean escuchadas en la asamblea regional. Más de 100 mujeres na savi llegaron de 30 comunidades, ataviadas con sus relucientes faldas y varias de ellas descalzas. Como es costumbre caminaron y cargaron con sus hijos, sus totopos y bule de agua para permanecer más de 9 horas en la reunión.
En la mesa principal estuvieron los coordinadores de El Paraíso acompañados por dos colegas de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. También fue invitada la defensora comunitaria Inés Fernández y dos compañeras embajadoras del Centro comunitario Gúwa Kúma, (la casa de los saberes), que tiene su sede en la cabecera municipal de Ayutla. Más tarde se incorporó el grupo feminista de la Costa Chica, que se ha solidarizado con las familias que exigen justicia por los feminicidios de sus hijas.
La fuerza y legitimidad que tiene la asamblea se debe a la presencia de los comisarios, comisarias y delegados municipales, que libremente participan con sus principales y miembros de la mesa de justicia de sus comunidades. En esta reunión se registraron 30 de las 32 autoridades que forman parte de este sistema comunitario. Cada comunidad cuenta con un grupo de la Policía Comunitaria conformado de 10 a 12 elementos que son elegidos en asamblea, para desempeñar gratuitamente el cargo, durante un año. Todos ellos acompañaron a sus autoridades comunitarias.
A los presentes se les informó en el idioma tu un savi el orden del día. Se pusieron a consideración los temas a tratar. No hubo propuestas de los asambleístas para incorporarlas en los asuntos generales. Después del registro de asistencia y de la presentación de las autoridades comunitarias, el comisario dio el saludo de bienvenida para iniciar formalmente la asamblea. Un punto central que se abordó fue la consulta promovida por los diputados y diputadas y la iniciativa de la reforma indígena que recientemente envió la gobernadora. Fueron los coordinadores de San Luis Acatlán los comisionados que abordaron el tema.
Dieron a conocer las posturas que han asumido como CRAC-PC, ante el trato despótico y altanero de los diputados y diputadas de todos los partidos. Dejaron claro que no apoyarán la consulta porque los mismos diputados han desconocido a los coordinadores de la CRAC como autoridades. Han demostrado que con su poder no necesitan de las autoridades indígenas ni afromexicanas. Por eso organizaron a su conveniencia un formato que sólo les sirve para justificar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cumplieron con los requisitos de la consulta. Se aliaron con los presidentes y presidentas municipales para que se encargaran de notificar a los comisarios sobre la consulta y para que programen reuniones en las que aseguren la presencia de las comunidades. Al final de cuentas se trata de levantar la mano y de firmar para tener evidencias de que fueron consultados. Es la forma más fácil y más barata de manipular a la gente, porque se trata de meros formalismos burocráticos que tienen que cumplir, para seguir lucrando con los cargos.
Algunos comisarios comentaron que les mandaron unos oficios con la orden de que firmaran y sellaran. Hasta el momento desconocían el contenido de los documentos. Varios de ellos dijeron que no saben leer ni escribir. La poca información que tenían es que se trataba de unos papeles que mandaron los diputados. A pesar de ese desprecio, varios comisarios esperan que alguien llegue a las comisarías para que les expliquen el contenido de los oficios.
La traducción en la lengua materna por parte del coordinador de El Paraíso ayudó a clarificar el motivo de esos oficios y a fijar la posición de la asamblea. Optaron por rechazar la consulta promovida por los diputados ante el trato discriminatorio que padecen las comunidades indígenas y afromexicanas. También se comprometieron a elaborar actas de asamblea donde expresamente manifestarán su rechazo. Analizaron la propuesta de participar en la marcha que realizarán el 5 de abril en la ciudad de Chilpancingo para rechazar públicamente la falsa consulta que están realizando los diputados, y denunciar las tropelías que cometen en las regiones donde ejercen su cacicazgo.
En Ayutla se han encargado de dividir a los pueblos, al grado que el mismo diputado Alfredo pactó con el entonces gobernador Héctor Astudillo para que incorporara al municipio Ñuu Savi, dentro de los 4 nuevos municipios que se crearon al final de la legislatura, nombrando a Coapinola como cabecera municipal. A cambio, dejaron fuera a Temalacacingo, para no disputar el control político y económico que han monopolizado los mestizos de Olinalá. Si este tipo de negociaciones han resultado por encima de la voluntad de los pueblos indígenas, la consulta que está en curso, muchos diputados y diputadas ya saben cómo maniobrar para mantenerse en sus curules. Por algo han repetido en los cargos, porque conocen muy bien cómo funciona el sistema, comprando votos y cooptando líderes que hacen el trabajo sucio.
Otro tema importante que abordaron fue el caso del feminicidio que analizaron en la asamblea pasada y que las comunidades acordaron consultar cómo sería el castigo del feminicida confeso. Después de varias intervenciones de comisarios que informaron sobre la decisión que tomó la comunidad y con las opiniones de algunas mujeres, la deliberación final fue imponer un castigo de 25 años de cárcel al responsable del feminicidio cometido en Coxcatlán, San Pedro, municipio de Ayutla, en la madrugada del primero de enero. Los 10 temas que abordaron requirieron casi todo el día para desahogar los asuntos que más preocupan a las comunidades indígenas.
Esta asamblea es un claro ejemplo de lo que deben hacer los diputados y diputadas para implementar un verdadero modelo de consulta. En primer lugar, tienen que asistir a estas reuniones para que conozcan la forma de organización que practican las autoridades; sus mecanismos para establecer un diálogo respetuoso y su gran capacidad de escucha. No excluyen a nadie y todos tienen voz y voto. Se respeta la diversidad de opiniones y se da preferencia al uso de la lengua materna para abordar los temas más delicados. Son reuniones que no son manejadas por una persona, ni se imponen los temas de los que quieren mandar. Es una mesa colegiada, donde hay participación de comisarios y principales. Para tomar una decisión se escucha a las partes que están en conflicto y es la asamblea la que protege los derechos de quienes están indefensos. El dinero no es el que resuelve los conflictos, son las razones y los derechos de las personas los que se reconocen y respetan. Los casos que atienden, como el de feminicidio, se les da prioridad para que no haya impunidad y no se deje desprotegida a la familia. A diferencia de los casos que investiga la Fiscalía del Estado, que pasan años sin presentar resultados, la justicia comunitaria es expedita e inmediata, porque así lo demandan las víctimas y la misma realidad que enfrentan.
Contrario a lo que aquí practican secularmente las comunidades indígenas y afromexicanas, los diputados y diputadas de la sexagésima tercera legislatura, además de imponer una consulta a modo, están proponiendo iniciativas de ley que son regresivas y que vulneran gravemente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.
De nueva cuenta se está desconociendo de tajo a la CRAC-PC como un sistema de justicia y seguridad reconocido a nivel nacional e internacional, que además ha demostrado ser un modelo exitoso que ha tenido influencia en varias regiones indígenas de nuestro continente. Se quiere tratar a los pueblos como súbditos y a la CRAC-PC como auxiliares, es decir como vasallos del sistema de seguridad del estado, como los mandaderos de los políticos.
Es evidente la visión etnocéntrica y racista de los diputados y diputadas que le apuestan a la descalificación y confrontación con los actores sociales que hemos demostrado tener un compromiso real y desinteresado con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Le apuestan al desgaste y al poder omnímodo que creen tener.
De nueva cuenta se repite la historia de quienes quieren decidir el destino de las comunidades, apabullar, someter y ganar a cualquier costo. A contrapelo, los pueblos tendrán que seguir caminando cuesta arriba, resistiendo, organizando y ejerciendo su derecho a la protesta y a su libre determinación, que no la deciden los diputados.
La asamblea de El Paraíso es un ejemplo de dignidad de lo que es el otro derecho, el derecho de los pueblos.