Margarita Warnholtz
Diciembre 29, 2017
Termina el 2017, año en que se celebró el décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hubo diversos eventos conmemorativos y demás, pero en la realidad cotidiana de los pueblos se constató que de nada sirve el reconocimiento de los derechos si no se respetan y cumplen. No hay más que hacer una síntesis de lo sucedido este año en nuestro país para darse cuenta de lo anterior.
Al menos ocho líderes indígenas fueron asesinados en 2017: Isidro Baldenegro, rarámuri, activista ambiental ganador del premio Goldman 2005; Juan Ontiverios, también rarámuri, defensor del territorio de su pueblo; Benjamín Juárez José, mixe integrante de la mesa directiva de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo; Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores de los lugares sagrados de los wixárika; el tzotzil Guadalupe Huet Gómez, también defensor del territorio, y Rafael Hernández Cisneros y Marciano Martínez Cruz, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Hubo diversos actos de represión a pueblos indígenas, destacándose lo sucedido a principios de abril en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán donde la incursión de la policía estatal dejó un saldo de cuatro civiles muertos.
Los sismos de septiembre afectaron a centenares de comunidades indígenas, muchas de las cuales no han, hasta la fecha, recibido ningún apoyo gubernamental habiendo todavía personas viviendo prácticamente a la intemperie. A éstas se suman otras miles que también viven a la intemperie desde hace meses debido a que han sido desplazadas de sus comunidades por la violencia; ejemplo de esto son los miles de tzotziles de Chalchihuitán, que se encuentran en estas condiciones desde mediados de octubre. Ya murieron varios de ellos de hambre y frío.
Acabó el año y seguimos sin ley indígena, aquella que nos ofrecieron al principio no del año sino del sexenio. Pero continúan promulgándose leyes contrarias a los derechos indígenas, como la Ley de Seguridad Interior.
Además de lo anterior, el presupuesto para los pueblos indígenas se redujo en 2017 considerablemente, reducción que permanecerá el año entrante. Lo que no se redujo fue la pobreza, 70% de los indígenas mexicanos continúan siendo pobres. Y continuó el despojo a los pueblos sin consultas previas, libres e informadas, situación que se agravará el próximo año por las famosas Zonas Económicas Especiales.
Así fue el 2017 para los indígenas de nuestro país. Un año de muerte, represión, despojo y pobreza. Lo sé, no fue así solamente para los indígenas sino para la mayoría de los mexicanos. Y el 2018 no pinta mejor. A menos que reaccionemos, por ejemplo, en las próximas elecciones.