En el tardo franquismo español, sus dirigentes confiaban en que, tras la inevitable desaparición del caudillo, su régimen permanecería en lo esencial porque, ya “todo quedaba atado y bien atado”, según lo había asegurado el propio Francisco Franco en la navidad de 1969. Algo no muy distinto deben de estar pensando Enrique Peña Nieto y los suyos. Ellos desean que cuando el 1 de diciembre próximo entreguen el poder, toda la red de contratos y concesiones firmados con las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, habrá quedado “atada y bien atada”.
Franco murió seis años después de anunciar su total confianza en sus ataduras. Sin embargo, tan sólo tres años después, el pueblo español ratificó una constitución democrática, que desataba muchos de los nudos legales y políticos con los que el caudillo había querido uncir el futuro de España a su pasado autoritario. Algo similar podría pasar con las ataduras con las que el peñanietismo pretende determinar el desarrollo político y económico del futuro inmediato de México. El grupo que hasta hoy ha impuesto sus intereses al resto de la nación, quiere hacer inmodificables sus reformas energética y educativa, el mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la reforma laboral y, en fin, maniobrando para que el futuro inmediato sea básicamente una mera continuidad del presente.
De acuerdo con la investigación que Mathieu Tourliere llevó a cabo usando la plataforma Compranet y que aparece en la revista Proceso (25/03/18), el monto de los contratos de obra pública otorgados en los primeros cinco años del gobierno de Peña Nieto, asciende a un billón 184 mil millones de pesos. Para sorpresa de nadie, entre los principales beneficiados están las empresas controladas por algunos de los 16 multimillonarios mexicanos listados en la revista Forbes de 2018 (06/03/18) y cuya fortuna conjunta asciende a 296 mil millones de dólares, es decir, a $5,446,400,000,000.
Como contratistas del gobierno y que aparecen tanto en las listas de Tourliere como en la de Forbes, se encuentran, desde luego, Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzavala, Carlos Hank Rhon, Emilio Azcárraga y David Peñalosa. Junto a éstos, están fortunas menores pero sustantivas que, de seguir imperando las actuales formas de ejercicio del poder, pronto se encontrarán también en las páginas de Forbes. Tales podrían ser los casos de Juan Armando Hinojosa, Olegario Vázquez Raña, Hipólito Gerard, Carlos Ruiz Sacristán y una decena más. A las listas anteriores hay que agregar a contratistas internacionales, como la tristemente célebre Odebrecht (brasileña) o Mota-Engil (portuguesa), y a las petroleras Royal Dutch Shell (anglo-holandesa), ENI (italiana), Statoil (noruega), Chevron (estadounidense), entre otras. Las mineras canadienses, como Goldcorp o Almaden Minerals, también deben de ir ahí.
En esta columna se ha citado varias veces la clásica definición de Harld D. Lasswell, según la cual “política es quién obtiene qué, cómo y cuándo”. Desde esta perspectiva, el tema de los proyectos y contratos para la obra pública y de las concesiones gubernamentales, es el corazón de la política. Y resulta que en el México de aquí y ahora, esa política está impregnada por la corrupción. Por tanto, la oposición de izquierda ha decidido colocar el tema de la revisión de contratos y concesiones en el centro de la campaña electoral. Su líder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propone que revisión no necesariamente significa cancelación, pero sí dejar en claro para todos que significa aquí y ahora “el quién, qué, cuándo y cómo” de Lasswell.
La coalición oficialista, encabezada por José Antonio Meade, se ha declarado en contra de revisar “lo atado y bien atado”; en tanto que la que encabeza Ricardo Anaya se ha colocado en una posición intermedia. Meade alega que la idea de una revisión de las concesiones petroleras propuesta por AMLO le quita el sueño (Forbes México, 22/03/18) y Anaya califica de disparate dar marcha atrás en la construcción del NAICM, aunque no desecha la revisión de los contratos (El Universal, 23/03/18).
Conviene dejar en claro que la idea de un nuevo aeropuerto es un punto de partida aceptado por todos, incluido AMLO. Lo que éste cuestiona es su localización, su costo, el cómo y el por qué se asignaron a empresas concretas cada parte de la obra. La llamada reforma energética, que es el corazón del Pacto por México signado en diciembre de 2012 por Peña Nieto y su partido con el PAN y el PRD, es otro gran tema apropiado para dar contenido a nuestra democracia electoral: contrastar los proyectos de los candidatos y sus argumentos para luego decidir el voto. Las políticas por discutir no están inscritas en ningunas “tablas de la ley”, ni fueron dictadas por ningún poder superior a la voluntad del electorado y, por tanto, pueden revisarse y modificarse.
La modificación, pero también la permanencia, de lo hasta hoy pactado en materia de los grandes compromisos de inversión del gobierno, tiene costos. Entonces, lo apropiado es que hoy el elector los conozca, los evalúe y tenga la última palabra. Muy pocas veces se le ha presentado semejante oportunidad al ciudadano mexicano.

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