El gobierno de Enrique Peña Nieto ha desatado una ofensiva en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colaboran en la investigación del asesinato de seis personas –entre ellos tres alumnos- de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Tixtla, Guerrero, y en la desaparición de los 43 estudiantes de esa institución educativa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
1.- Los ataques del gobierno en contra de los integrantes del GIEI, provienen fundamentalmente porque este grupo ha mantenido una postura digna y profesional, acorde a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos en el caso de los asesinatos y desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, toda vez que en sus informes ha señalado las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación, como la falta de información, la dispersión de los expedientes, la falta de personas para que sean interrogadas enfrente de ellos como es el caso de los militares, la falta de atención a las víctimas, la falta de más esquemas de búsqueda de nos normalistas y esencialmente el que hayan desmentido con evidencias científicas la supuesta verdad histórica que Peña Nieto quien intentó hacer creer a la opinión pública de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
2.- La ofensiva de Peña Nieto en contra del GIEI ha tenido diferentes estratagemas, una de ellas ha sido el que el propio gobierno a través de sus emisarios como Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y Manlio Fabio Beltrones presidente del PRI, se hayan dedicado a desacreditar los trabajos del los miembros del GIEI, esto es así debido a que cada informe, conferencia de prensa en donde los expertos independientes han dado a conocer el resultado de sus actividades, inmediatamente desde el gobierno se ha activado un plan para desacreditarlos, para poner en entredicho ante la opinión pública sus estudios, diagnósticos y conclusiones, con el objetivo de restarle credibilidad a las investigaciones que han realizado, de tal manera que su labor quede en duda.
3.- Otra vertiente de la ofensiva del gobierno en contra del GIEI proviene de los medios y periodistas aduladores al servicio de Peña Nieto, quienes se han dedicado a hurgar la trayectoria de los integrantes de grupo interdisciplinario, para escudriñar y ver si pueden encontrar algo, alguna pista, algún hecho o indicio que dé pie a cuestionar la persona, su entorno o el trabajo que han realizado en su vida profesional, de tal suerte que si alguno de ellos le hallan algún supuesto mal antecedente, eso es motivo suficiente para exponerlo, maximizarlo en los medios de comunicación pagados con dinero público, en las redes sociales, todo ello con el propósito de desacreditar su trabajo y que sus investigaciones y conclusiones no tengan la credibilidad ante la opinión pública.
4.- La más reciente acción del gobierno en contra del equipo de expertos independientes, consiste en que los grupos ultraconservadores y de utltraderecha en México como es el caso del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública –vinculado al Yunque– representado por el señor José Antonio Sánchez Ortega, ha presentado una denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza y de los propios miembros del GIEI por supuesto fraude, arguyendo que el trabajo que han realizado ha sido sólo para criticar al gobierno y ante la terminación del periodo del convenio de su estancia en México por seis meses exigen que por ninguna razón se les vaya a prorrogar un nuevo periodo.
5.- La verdadera causa de todos estos ataques del gobierno de Peña Nieto a los integrantes del GIEI de la CIDH, consiste en que próximamente habrán de rendir un nuevo informe en el cual dirán ellos sí como instancia internacional independiente, la verdad de lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 respecto de los asesinatos y la desaparición forzada de los 43 normalistas, y a pesar de que Peña Nieto ha insistido en que hay que olvidar la tragedia, que hay que superarla, lo cierto es que no se puede desvincular de su responsabilidad en estas graves violaciones a los derechos humanos y cuando el asunto llegue a los organismos internacionales no se podrá librar de una condena histórica en su contra.

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