El diagnóstico que ofreció el ombudsman nacional sobre la situación de los derechos humanos es altamente preocupante. Ante el presidente de la República Enrique Peña Nieto remarcó que “la corrupción, la impunidad y la falta de una rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.
“La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones y el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación”.
Reiteró que “ante la falta de respuestas por parte de las distintas autoridades, los familiares de desaparecidos emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país”.
El saludo eufórico que dieron las autoridades del estado a la entronización del rector de la UAGRO, Javier Saldaña (quien repite en el cargo), contrastó con la noticia principal del diario El Sur, al cabecear que Guerrero ocupa el primer lugar nacional con 195 fosas clandestinas. Esta cifra escalofriante pone al descubierto el problema de la violencia que nos desquicia. A solamente seis días del informe anual del ombudsman, la CNDH publicó su informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. En su análisis señaló que “los estados de Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí fueron omisos en dar respuesta a los requerimientos de la CNDH”. En Guerrero las autoridades no proporcionaron la información solicitada, además de que hubo serias inconsistencias en los datos obtenidos. Los órganos de procuración de justicia adujeron que esta información era de naturaleza reservada y confidencial, para negarse a facilitar el trabajo y seguir ocultando realidades que nos tienen en la gran fosa de la impunidad. A pesar de los obstáculos que enfrentó, la CNDH logró tener una radiografía de lo que acontece en nuestra entidad en cuanto al gran número de personas desaparecidas y al grave problema de las fosas clandestinas. Para colmo de males Acapulco aparece como la ciudad con mayor número de fosas, con 56, en Taxco de Alarcón se registraron 32, en Chilapa 17 y en Chilpancingo 16.
La CNDH señala que en nuestro país existe un problema estructural en la atención de los casos de desaparición de personas derivado de varios factores, entre otros, la falta de una ley en la materia; las inconsistencias jurídicas; la falta de profesionalización de los funcionarios que atienden estos problemas. Todo ello aunado a la conjunción de la impunidad, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada. Esto se agudiza con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en un estado donde la ley del revólver ha suplantado el Estado de derecho.
Los gobiernos caciquiles y la militarización que vinieron a desencadenar una serie de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo los casos de desaparición forzada que se dieron con la guerra sucia de los años 1970, son el antecedente funesto que arrastramos como estado y que ahora quedamos evidenciados con el número de fosas clandestinas. Los crímenes atroces fueron sepultados para que nadie pudiera desenterrarlos. Sin embargo la persistencia de las familias ha podido más, porque ahora su lucha es parte de la agenda pública y uno de los temas de mayor preocupación internacional.
Esta delicada situación confirma que la desaparición de personas es una práctica sistemática que existe en el país y que se debe a un patrón de impunidad, sobre todo a esa colusión que se ha extendido entre corporaciones policiales, miembros del Ejército y la Marina que han trabajado con organizaciones criminales. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotinapa es un claro ejemplo de esta macrocriminalidad que impera en el país, donde las fuerzas represivas del Estado se coluden para desencadenar toda su furia contra jóvenes a quienes consideran como un peligro para los intereses facciosos de los grupos políticos.
Para una debida atención de los casos de personas desaparecidas, la CNDH ha pedido que se contabilice el número de casos y se distinga el tipo de desaparición. También demanda que se expida con urgencia la ley general sobre desaparición de personas tomando en cuenta los más altos estándares en la materia. Es lamentable que los mismos diputados y senadores, a pesar de que han prometido en diferentes momentos la expedición de la ley general de desapariciones forzadas, la tengan en la congeladora y le den más importancia a la ley de seguridad interior que empezó a impulsar la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016.
Esta situación es oprobiosa para los familiares de las víctimas, porque saben que a la clase política no les reditúa políticamente una ley que implica atacar a fondo vicios de los órganos investigadores y todo el aparato de seguridad que son parte del problema de los desaparecidos y la proliferación de las fosas clandestinas.
Para la CNDH en los casos de desaparición de personas y en el hallazgo de fosas clandestinas, las autoridades actúan con omisión, insuficiencia, falta de inmediatez y falta de asesoría jurídica. Son los vicios acendrados que no se han querido desterrar, más bien se sigue simulando y manteniendo una práctica nociva que no ataca el problema de fondo.
Se deben impulsar las acciones necesarias para realizar un intercambio permanente de información sobre hallazgos de fosas clandestinas, exhumaciones y levantamiento de restos humanos e indicios, con el fin de facilitar la identificación y localización de personas desaparecidas. Se deben generar las condiciones para que los familiares tengan las garantías necesarias para denunciar una desaparición de personas en cualquier agencia del Ministerio Público con independencia del lugar donde se suscitó la desaparición. Por otra parte, deben de fortalecerse las estrategias para recuperar la seguridad ciudadana y generar condiciones que eviten la desaparición de personas.
La CNDH recomienda a las autoridades que apliquen programas específicos de prevención del delito con especial atención en las zonas con mayor índice de criminalidad. También urge realizar acciones que permitan la autonomía de los servicios periciales a fin de generar confiabilidad y asegurar imparcialidad en la realización de los dictámenes.
Es imprescindible que las autoridades realicen un análisis del contexto de lo que está pasando en las diferentes regiones del estado, para poder identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan las condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas. Para hacer frente a este complejo flagelo se tiene que derrumbar el muro de la impunidad y atacar de fondo la corrupción. No se puede hacer nada relevante si no se escuchan las necesidades de las víctimas.
Las autoridades deben de revisar lo que realmente está pasando en el estado. No pueden seguir evadiendo su responsabilidad sin tomar acciones concretas. Deben de redoblar esfuerzos y redimensionar las acciones que no están atendiendo el reclamo de las víctimas de la desaparición forzada de personas.
Hay una gran deuda con decenas de familias que han dejado de confiar en las autoridades porque no ven resultados y porque más bien se les revictimiza al no brindarles el apoyo necesario ni respetar su dolor. Es muy preocupante que la gente no encuentre protección, mucho menos respaldo en la búsqueda de sus hijos. Por el contrario, tienen serios temores de que esta lucha les traiga consecuencias funestas. Saben que todo el aparato gubernamental está colapsado, y por lo mismo no está siendo un factor que ayude a establecer una estrategia general de trabajo y una ruta del tiempo real para la atención de este problema. Las familias agraviadas no ven que las autoridades quieran invertir recursos para establecer áreas especializadas conformadas por policías capacitados en investigación, búsqueda y desaparición de personas desaparecidas. Todo lo quiere improvisar y mantener la misma estructura, sin depurar las corporaciones policiales, mucho menos en profesionalizarlas.
El anuncio ostentoso que hicieron las autoridades del estado este viernes, de blindar las zonas turísticas para garantizar seguridad a los vacacionistas, se ensombreció en la madrugada del sábado al darse un enfrentamiento armado en Ixtapa-Zihuatanejo, donde murieron cuatro personas y tres quedaron heridas. La manera indolente de responder a esta trágica realidad, por parte del vocero de seguridad fue que entre los muertos “no había ningún turista” y que además fue “un enfrentamiento entre integrantes de un grupo criminal”. En síntesis, no hay de qué preocuparse, porque mientras no sean turistas los muertos, la fiesta puede seguir con los homicidios al alza y con el descubrimiento de fosas clandestinas.
Lo indignante es ver cómo se regodean las autoridades en medio de la tragedia. No están atendiendo los informes que realizan las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Hay una tendencia a querer ocultar la realidad y a mostrar a fuerza de propaganda el Guerrero que no experimentamos los guerrerenses de a pie. Para el presidente Enrique Peña Nieto la crítica realidad que enfrentamos existe sólo en la mente de unas personas. Esa percepción golpea más a quienes luchan por encontrar a sus hijos y que no es por un problema mental sino porque existen autoridades de oropel que no sienten el dolor de las víctimas. Las miles de familias que exigen verdad y justicia son las que han desenmascarado las mentiras de un gobierno que se niega a aceptar su gran responsabilidad por el gran número de personas desaparecidas y el alto número de fosas clandestinas.