EL-SUR

Viernes 27 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Avanza México (un cachito) en la lucha anticorrupción

Silber Meza

Enero 25, 2020

DE NORTE A SUR

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción la principal bandera de su gobierno. Él ha dicho que si el presidente es honesto, los demás funcionarios también lo serán. Ha usado la metáfora de que la corrupción se combate como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo.
Él mismo ha citado la medición de Transparencia Internacional –la organización más reconocida en su ámbito, representada en México por Transparencia Mexicana–, que apenas hace unos días dio a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC), medición que realiza año con año junto con otras agrupaciones civiles.
Es la primera que registra la gestión de López Obrador, y es que en la de 2018 aún se observaba el trabajo del expresidente Enrique Peña Nieto.
Estos son los resultados.

Lo bueno

En su primer año de gobierno, AMLO logró detener la percepción de corrupción en México heredada por los gobiernos anteriores, especialmente por el de Peña Nieto. El país mejoró su posición global: subió del lugar 138 a 130, y avanzó un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: pasó de 28 a 29 puntos. Con esto logró congelar una caída continua que duró cuatro años: 2015, 2016, 2017 y 2018, lapso en que descendió de 35 puntos en 2014 a 28 puntos en 2018.

Lo malo

Que el avance fue pequeño, y que aún estamos muy lejos de figurar entre los países menos corruptos del mundo. Antes de nosotros se hallan 129 países con mejor calificación. Entre los más honestos se encuentran: Dinamarca y Nueva Zelanda, los cuales comparten la posición número uno; Finlandia figura en el sitio tres; Suecia y Suiza ocupan la posición cuatro; Noruega se halla en el puesto siete; Países Bajos en el ocho; Alemania y Luxemburgo en el número nueve.
Cuando se compara a México con los países de América los resultados tampoco son para festejar: México está peor que Brasil, El Salvador y Bolivia; y mejor que República Dominicana, Paraguay, Guatemala y Honduras. Los menos corruptos de América son Canadá, Uruguay y Estados Unidos.
“Al final de la tabla se encuentran Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos)”, se lee en el reporte.

El reto

Son tres las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para que México mejore en el índice de percepción de corrupción:
1.- Consolidar el Sistema Anticorrupción, en particular a nivel estatal y en los tres poderes. “El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser nacional y no sólo de la Administración Pública Federal”, se advierte.
2.- Asegurar la publicación de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, en especial en áreas que se consideren de riesgo y de alto nivel. “Cinco años después de la promulgación de una reforma constitucional para cumplir con este fin, los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses exhaustivos y públicos se sigue posponiendo”, se critica en el documento público.
3.- Garantizar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. “Uno de estos controles democráticos es la creación de una política de persecución penal, discutida ampliamente con la sociedad, en materia de control de la corrupción”, se consigna en el informe.
Sin duda estas medidas no son las únicas que se necesitan para disminuir la corrupción en México, pero sí son certeras. Nos dejan claro que esto no es un asunto exclusivo de buenas voluntades, ni de poner el ejemplo, ni de únicamente barrer las escaleras de arriba hacia abajo, como ha insistido López Obrador. Es un problema mucho más complejo, sistemático e institucional.
Si bien aún no es un modelo exitoso, el Sistema Anticorrupción en su ámbito federal mantiene instituciones sólidas, con recursos económicos básicos y con márgenes de acción de mediano alcance. En cambio, en buena parte de los estados los sistemas anticorrupción permanecen capturados por el gobernador en turno, con bajos niveles de capacitación y presupuestos acotados; los funcionarios se resisten a publicar las declaraciones patrimoniales y de intereses, y algunos que sí lo hacen las presentan con altas deficiencias que impiden tomar decisiones adecuadas para que no caigan en conflictos de intereses o tráfico de influencias; las fiscalías siguen siendo órganos que no ejercen su autonomía plena, sea por decisión propia o por presión oficial.
El país se halla cuesta arriba, pero hay algunas señales de esperanza.