En redes sociales se ha planteado que existe la posibilidad de que desaparezca la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Teniendo este contexto tan delicado y en el que observó “río revuelto” en beneficio de los peores intereses contrarios a la defensa de la propia biodiversidad de México, trataré de explicar a continuación un poco de la historia del origen de la problemática de la Conabio.
El 16 de marzo de 1992 fue creada mediante acuerdo presidencial, con carácter de permanente, la Comisión Intersecretarial a la que se denominó Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conforme al artículo 1 de dicho acuerdo, el objetivo de la Conabio es “coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable” (ver página electrónica https://www.gob.mx/conabio/).
El presidente de la Comisión Intersecretarial es el titular del Ejecutivo federal, así como los titulares de 10 secretarías: la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya titular es secretaria Técnica de la Comisión, así como por las de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Bienestar, Economía (SE), Educación Pública (SEP), Energía (Sener), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Relaciones Exteriores (SRE), Salud y Turismo (Sectur).
Además, la Conabio cuenta con un coordinador nacional, que es designado por el presidente de la República, de una terna propuesta por los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En el artículo 6 del acuerdo de creación de la Conabio se indican sus funciones, en especial la primera es:
“I. Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un programa sobre los inventarios biológicos del país que aporte elementos para conocer cualitativa y cuantitativamente la distribución de las diversas especies de flora y fauna en todo el territorio nacional, tanto para zonas como por regiones”.
Destaca que la Conabio tiene el mandato de la fracción V del artículo 80 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para “el establecimiento de un sistema nacional de información sobre biodiversidad y de certificación del uso sustentable de sus componentes”.
Como la propia Conabio en su página electrónica señala, “fue concebida como una organización de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la sociedad”.
Al ser una Comisión Intersecretarial, no tiene el carácter de dependencia ejecutora de gasto y, por ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se consigna una autorización de gasto específico para la atención de las funciones que el propio titular del Ejecutivo federal le asignó.
Por ello, los recursos financieros que requiere la Conabio para llevar a cabo su labor se administran mediante el Fideicomiso privado Fondo para la Biodiversidad y provienen en gran parte del gobierno federal, así como en menor medida de particulares, gobiernos estatales o municipales y organismos internacionales.
Sin embargo, el camino del Fideicomiso no ha sido el óptimo respecto el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación, dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, realizó la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-16100-02-0161 DE-135 al citado Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0161_a.pdf).
En su dictamen, la Auditoría Superior es bastante clara, me permito citar lo siguiente:
“…por lo que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ésta no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
“Que el Ejecutivo Federal constituyó un mecanismo de excepción al ejercicio de las atribuciones que en materia de la biodiversidad tiene conferidas, principalmente por conducto de la Semarnat, el cual no se encuentra previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni en la normativa del ejercicio del gasto público federal, mismo que consistió en crear un mecanismo operativo sin figura jurídica considerada en la legislación (con un coordinador nacional y grupos de apoyo técnico, operativo y administrativo), así como celebrar un contrato de fideicomiso de carácter privado, entre Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciario, y cuatro personas físicas, como fideicomitentes, con una aportación inicial de 0.4 miles de pesos, al cual el Ejecutivo federal, principalmente, le ha canalizado, en calidad de subsidios, recursos vía el presupuesto de diversas dependencias, con los que, durante la vigencia del mismo y en forma independiente al Presupuesto de Egresos de la Federación:
Se han cubierto todas las erogaciones relacionadas con los programas y proyectos que se realizan por conducto de ese mecanismo operativo.
Se adquirió un terreno y un inmueble, como bienes propiedad de ese fideicomiso privado, para albergar las instalaciones del Coordinador Nacional y de sus grupos de apoyo integrados por servidores públicos de la Semarnat.
Se soporta el gasto de 251 empleados privados que auxilian al apoderado del fiduciario, contratados permanentemente con cargo al patrimonio del fideicomiso bajo el régimen del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mediante esta forma de operar, se actúa al margen de las competencias de la Cámara de Diputados y no se rinden cuentas a esa soberanía acerca de los programas y proyectos ejecutados con cargo al patrimonio del fideicomiso, relacionados con el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, principalmente, la Semarnat en materia de biodiversidad, ni tampoco se informa de las metas alcanzadas, ni de los recursos que se aplicaron para alcanzar cada una de ellas” (fin de la cita).
La Auditoría Superior, a partir de este dictamen, hace una sola recomendación que es la siguiente, y que se cita textualmente:
“13-0-16100-02-0161-01-001 Recomendación para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de reanudar los trabajos en los que coordinadamente participaron y que culminaron en un proyecto legislativo mediante el cual se ordenaría la constitución de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, así como la extinción del (i) mecanismo operativo que se ha conformado al amparo de la comisión intersecretarial denominada Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, así como (ii) del fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, con la finalidad de garantizar que los programas y proyectos que actualmente se vienen realizando en esa materia se ajusten al marco de la normativa que regula la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal”.
No menos importante también, se le hace una sugerencia a la Cámara de Diputados, en el mismo sentido, y que la Cámara no ha atendido, y que se cita textualmente:
“Sugerencias a la Cámara de Diputados 13-0-01100-02-0161-13-001 Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública, se revise la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como otras disposiciones aplicables relativas a la regulación de la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales competencia de la Federación, con el propósito de evaluar la conveniencia de (i) constituir un organismo público descentralizado bajo la coordinación sectorial de la Semarnat, al cual se le transfieran las atribuciones de carácter operativo que actualmente la ley les asigna a esa dependencia y a algunas otras, en relación con los programas y proyectos que, a la fecha, se han venido desarrollando en esta materia por medio de un mecanismo de excepción a la normativa consistente en un grupo operativo sin figura jurídica definida, vinculado a la Comisión Intersecretarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y (ii) promover la extinción del fideicomiso no paraestatal denominado Fondo para la Biodiversidad y la aportación de su patrimonio al nuevo organismo público que se constituya, consistente en los bienes muebles e inmuebles, bases de datos y acervo bibliográfico y de investigaciones con los que cuenta, así como los funcionarios y personal contratado con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso”.
Con esta información se comprende la situación obligada de la Semarnat de atender el asunto de desaparecer el Fideicomiso privado que fondea a la actual Conabio. De hecho no se entienden tantos años de omisión. Adicional a ello, hay que señalar que con la próxima entrada en vigor de la Ley de Austeridad Republicana no se podrán fondear recursos públicos a este tipo de Fideicomisos (artículos 17 y 18).
En mi opinión, ahora hay que atender la construcción de la nueva Conabio, bien articulada con los demás organismos del Sector Semarnat, sin duplicidad en sus funciones, en especial con sus organismos científicos descentralizados, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Lo que se requiere fortalecer de manera integral es el quehacer de la ciencia y tecnología en el sector, sin duda alguna.
En esta transformación, hay que cuidar que haya justicia laboral para aquellos que han aportado muchos años de trabajo por la biodiversidad de México a través de la Conabio, también hay que cuidar el patrimonio de conocimiento creado con recursos públicos. Obvio, aquellos que quieran continuar en un Fideicomiso privado cómo el que le dio origen a la Conabio están en su derecho ciudadano de seguir esa ruta por supuesto, pero no con fondos públicos como hasta ahora.
Estoy cierto, que por su trayectoria el doctor Víctor Manuel Toledo, como titular de la Semarnat, tiene la altura de miras para ese fortalecimiento científico de la Semarnat, hacer que la Conabio a través del diálogo permanente con sus trabajadores científicos funcione de manera correcta y salga de manera progresiva más fortalecida. Esto, a través de medidas que le den certidumbre para su existencia en los próximos años en el presupuesto gubernamental, que después de décadas de existir, al día de hoy lamentablemente no tiene.