METALES PESADOS

Del 27 al 31 de mayo se conmemora en todo el mundo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Desde hace ocho años, las familias de las y los desaparecidos en México, así como los colectivos y organizaciones que caminan con ellas, han destinado la última semana de mayo a hacer visible la enorme deuda que continúa teniendo el Estado mexicano con toda la población por este complejo crimen que constituye la desaparición de una persona y que, en determinadas circunstancias, se considera un crimen de lesa humanidad.
A principios de 2020 la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda hicieron público que en México existe un registro conservador de al menos 61 mil 637 personas desaparecidas. La mayoría de los casos ocurridos entre 2006 y 2019 corresponde a los años en que se ha perpetuado la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y llevada a la Constitución –vía la Ley de la Guardia Nacional– en la presente administración federal de Andrés Manuel López Obrador.
La desaparición forzada tiene severas, múltiples y duraderas implicaciones en los derechos y las vidas de las familias de las víctimas. Pero también en la sociedad en su conjunto. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a México que la actual crisis sanitaria no sea motivo para que se detengan los trabajos de búsqueda de las más de 60 mil personas desaparecidas: “En el actual contexto de la pandemia por Covid-19, la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones deben continuar a través de acciones puntuales que no violen las medidas de protección de la salud”, expresó la ONU en su comunicado.
La desaparición forzada viola una serie de derechos humanos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales. Respecto a las víctimas, el primer derecho que se violenta es el de la libertad y seguridad de la persona. Y suele ir aparejado con la violación al derecho a no ser víctima de torturas y tratos crueles, inhumanos, degradantes.
En México, contra los esfuerzos y obstáculos institucionales porque la investigación de los casos no avanza, son las propias familias de los desaparecidos quienes salen a las calles y al campo a buscarlos. Para ellos, es vulnerado el derecho a la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron las desapariciones. Pero, además, quedan invariablemente despojados del derecho a la protección y a la asistencia como familiares: una generación de niños en todo el país ha crecido a lo largo de los últimos años a la espera de noticias del paradero de sus padres. El derecho a un nivel de vida adecuado generalmente también es vulnerado, la desaparición forzada suele ser ejercida por el Estado hacia los estratos más pobres y marginados de la población.
Algo que hemos visto muy de cerca al caminar con las familias de Ayotzinapa es el inhumano abandono en que las instituciones las han dejado: su derecho a la salud es vulnerado, lo que perpetúa y acentúa la falta de acceso a muchos otros derechos. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han fallecido a consecuencia del agravamiento de su condición tras las desapariciones por no contar con acceso pleno a la atención médica. Otros de ellos han visto su salud gravemente diezmada al tener que abandonar sus cosechas y sus vidas para dedicarse a la búsqueda de verdad y justicia para sus hijos.
En cuanto a los hijos de los desaparecidos, muchas veces el derecho a la educación se ve afectado: los familiares suelen dejar la escuela para sumarse a las labores de la casa o a las labores de búsqueda y movilización por su familiar desaparecido.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43, afirma que “esta enfermedad (la pandemia por el Covid-19) está desmovilizando y opacando a varios movimientos”. Sin embargo, “nosotros no nos vamos a quedar aquí sentados. Vamos a exigir al gobierno que siga adelante en las investigaciones. Supuestamente iban a llegar a la verdad. ¿Pero cuál verdad? Hasta el día de hoy no tenemos ni una respuesta”.
Y concluye: “Son más de cinco años sufriendo, de no estar con nuestros hijos. Es muy triste estar en casa durante la pandemia porque no está Christian, ni sus compañeros. Somos muchos padres y madres que estamos desesperados por no saber dónde están nuestros hijos. Hay mucha gente que está al pendiente de nuestra lucha y que no nos han dejado solos. Esperemos que este Covid-19 pase rápido para reiniciar nuestras búsquedas y nuestras actividades”.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.