El Mochomo

El pasado 24 de junio se dio a conocer –y se publicitó– ampliamente que José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, miembro del cártel Guerreros Unidos, fue detenido por las autoridades. La mayoría de los medios replicaron acríticamente el calificativo de Casarrubias como “el responsable” o “uno de los responsables” de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué el afán de convertir en verdad pública algo que es una media verdad o, mejor dicho, una media mentira? Veamos.
No habría problema en la afirmación y difusión oficial de no ser por dos medias verdades que oculta esta acción tan celebrada por algunos: 1) como en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se solapa y minimiza la responsabilidad –ésa sí investigada y comprobada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– del Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal y municipales en la noche del 26 de septiembre de 2014; y 2) El Mochomo fue liberado por un juez a cambio de un soborno de millones. Pero sólo para ser reaprehendido por otros cargos, no por su participación en la desaparición forzada.
El Estado mexicano celebrándose a sí mismo y perpetuando con ello la injusticia. Del Estado, sea cual sea su partido administrador, jamás se obtendrá la verdad ni la justicia para un caso como Ayotzinapa, que les ha quedado tan grande.
Omar García Harfuch

Desde 2016, dos años después de la desaparición forzada de los normalistas y después de marchas multitudinarias, manifestaciones, caravanas y los informes de las investigaciones del GIEI, las familias de Ayotzinapa y sus abogados exigieron a las autoridades que se investigaran los vínculos de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, con la organización criminal Guerreros Unidos.
García Harfuch acababa de ser nombrado titular de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) en sustitución de Tomás Zerón de Lucio, por quien hoy existe una ficha de búsqueda de la Interpol a causa de su participación y manipulación de las investigaciones del caso Iguala.
Las familias de Ayotzinapa demandaban ya entonces abrir esta línea de investigación por los nexos probados de García Harfuch con Sidronio Casarrubias, hermano de José Ángel, cuando aquél era coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero.
Esta corporación tuvo participación capital en los hechos de Iguala en, al menos, dos escenarios y dos momentos de esa noche: 1) el seguimiento en vehículos patrulla del polémico autobús Estrella Roja tomado por los estudiantes, del que los federales amenazaron pero dejaron ir a 14 estudiantes que lo abordaron (no hay que olvidar que dicho autobús sostiene la hipótesis más sólida sobre el motivo del operativo contra los jóvenes); y 2) su presencia debajo del puente del Palacio de Justicia de Iguala, la escena del cuarto autobús del cual desaparecieron entre 20 y 15 de los normalistas.
La libreta personal de contactos de Sidronio Casarrubias que fue obtenida tras su captura en octubre de 2014, le fue ocultada al GIEI: en ella aparecía el nombre Omar García Harfuch.

¿Se acabó la verdad histórica?

La verdad histórica nunca se sostuvo más que para proteger políticamente a los funcionarios que estuvieron involucrados en ella y para especular a cuentagotas con información manipulada. El expresidente Peña Nieto estuvo al tanto y avaló todo el tiempo esta manipulación.
El GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, hace años que la desmontaron paso a paso y de manera científica. ¿Por qué hasta hoy la repentina insistencia del fiscal federal Alejandro Gertz Manero en volver a ella? ¿Por qué sus esfuerzos en plena crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 en retroceder seis años y asegurar que lo sucedido en Iguala se debió “a una confusión entre dos bandos del crimen organizado”? ¿Por qué hacerlo y publicitarlo, sobre todo, sin el aviso, ni la consulta al Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa que ni siquiera han podido viajar de sus pueblos a la capital a causa de la pandemia en los últimos meses?
Recordamos muy bien que fueron esos los métodos que usó la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam para dosificar su “verdad histórica” y la eterna burocratización del dolor de las familias de los desaparecidos.

Ayotzinapa se pronuncia

En un comunicado oficial y conjunto de la FECSM y el Comité de Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa publicado el 2 de julio en respuesta a esta postura del titular de la Fiscalía General de la República, la escuela y sus bases establecieron su posicionamiento: “Las investigaciones recientes realizadas por el gobierno generan incertidumbre y desconcierto, dejando en descubierto que buscan aprovecharse de nuestros 43 compañeros para ganar popularidad en el marco de futuros comicios electorales”.
Y señalan que “no confiamos en ningún gobierno y no permitiremos que se lucre con nuestros compañeros.”
El GIEI ha probado que la noche de Iguala se trató de un crimen de lesa humanidad donde incluso el Ejército Mexicano y la extinta Policía Federal tuvieron una participación directa y criminal. Si la Fiscalía a cargo de Gertz Manero de verdad pretendiera desmontar la versión manipulada de su antecesor Murillo Karam y Tomás Zerón, ¿no sería un buen inicio oír por principio las demandas de años de las familias de Ayotzinapa e iniciar la investigación contra García Harfuch, una de las autoridades que ayudaron a apuntalar y sostener esa “verdad histórica”, en vez de tratarlo como un héroe? ¿O acaso la nueva administración federal ni la FGR no ha escuchado la voz digna que inundó todas las calles de norte a sur ante el horror y la indignación por Ayotzinapa, uno de los más sensibles traumas que seguimos padeciendo como país?: “Fue el Estado”. Y sigue siendo el Estado.