Las formas que han adquirido las guerras del capitalismo en nuestros países no son ya las de antaño. Se trata de una nueva retórica global, que toma distintos nombres y pretextos. Pero sus objetivos reales suelen ser el despojo y el enriquecimiento. En el caso de México, ha sido importada en forma de “guerra contra el narcotráfico”, cuando la verdadera guerra está dirigida hacia los jóvenes, hacia las mujeres. Una guerra informal en la que no hay metas ni cronología definidas. En la que no hay victorias ni derrotas. No hay tampoco un horizonte donde se vislumbre un final desde hace 10 años, sino que ese horizonte que no llega es en realidad el anhelo estratégico de convertir esta guerra en una forma de vida para el país. Una administración y una burocratización del dolor de las víctimas. Y el sexenio que comenzará el próximo diciembre no será la diferencia.
Dentro de esa informalidad y ambigüedad es justificable por el poder hacer uso ya no sólo de las fuerzas armadas formales que no están adiestradas para funciones policiales, sino que, además, poder echar mano de fuerzas armadas paraestatales en simbiosis. La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala es un ejemplo emblemático de ello. Bajo esta ambigua informalidad de abierto combate a un grupo tan amplio, mutable y abstracto como el “crimen organizado”, es muy sencillo que el Estado extienda sin discriminación el combate contra las diferentes resistencias de los pueblos por territorio o a las distintas luchas sociales. En este caso, la normal de Ayotzinapa, un bastión de la lucha en el estado de Guerrero, históricamente incómodo para el poder. Creer que con la transición de administrador del Estado mediante la vía electoral cambiará esta violencia estructural, sería bastante ingenuo.
Dentro de este nuevo escenario y las nuevas estrategias de esta guerra capitalista, los cuerpos no violentos como los de los normalistas desaparecidos y asesinados han cobrado centralidad. La violencia contra estos cuerpos –mujeres, menores de edad, ancianos, homosexuales, discapacitados, jóvenes, estudiantes– se emplea como estrategia para advertir de la amenaza a la colectividad en su conjunto. Es lo que Rita Laura Segato refiere como la instauración de una “pedagogía de la crueldad”. Y aún más allá: estas nuevas estrategias han recrudecido los niveles de violencia empleados contra los cuerpos no-combatientes y han aumentado sus niveles de sadismo y de tortura. También el caso Iguala nos dio crueles muestras de ello.
Si antes el objetivo primordial de la dominación era la tierra como territorio a despojar, ahora la estrategia belicosa suele ser dirigida contra redes de individuos en un contexto global de biopolítica. Los cuerpos englobados en esas redes son el nuevo territorio, son el nuevo objetivo en disputa. No es Ayotzinapa como institución, son los cuerpos de los estudiantes en su conjunto. Los cuerpos no-violentos son un objetivo en sí de estas nuevas guerras. Un territorio en disputa. Los cuerpos frágiles y de los no-combatientes se han convertido en el “bastidor en donde la estructura de la guerra se manifiesta” (Segato). Vivimos una guerra que traza su escritura en esos cuerpos. De otro modo no se explicarían los inhumanos niveles de violencia y de sadismo empleados en los distintos ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa pero, sobre todo, no se explicarían esas primeras imágenes del rostro desollado y sometido a tortura del normalista Julio César Mondragón que dieron la vuelta al mundo.
La generación 2014-2018, marcada por los hechos trágicos de Iguala la noche del 26 de septiembre de hace cuatro años, se graduó el pasado viernes 13 de julio. Tuvo una ceremonia de clausura de cursos con sentimientos encontrados por la ausencia de los 43 normalistas, los tres caídos y los heridos. Al día siguiente, en la normal se efectuó la Asamblea Nacional Popular, donde se acuerdan los ejes y las acciones del movimiento cuyo referente son los familiares de Ayotzinapa. Se habló del incierto futuro del caso a partir de que el gobierno cambie de manos y las cuatro líneas de investigación que éste se ha negado a abrir hasta hoy: 1) Ejército, 2) policías, 3) telefonía celular y 4) ruta de narcotráfico Iguala-Chicago.
Aunque Andrés Manuel López Obrador declaró que Alejandro Encinas conducirá las investigaciones del caso, nadie de su equipo se ha acercado a las familias para conocer las cuatro líneas de investigación, ni mucho menos su sentir o su opinión al respecto (lo mismo ocurrió con la insensible propuesta de Alejandro Solalinde como ombudsman de AMLO: entre las familias de Ayotzinapa a este personaje se le considera no grato por el gran daño que causó al movimiento al apuntalar públicamente la “mentira histórica” del entonces procurador Murillo Karam). Nadie tampoco de ese equipo tuvo la sensibilidad de acudir a la Asamblea Nacional Popular. Quizá AMLO y su equipo sólo tengan tiempo para acercarse a los empresarios y a los dueños del capital antes que a las víctimas de esta guerra capitalista. El Estado siendo el Estado al estilo Enrique Peña Nieto durante los últimos cuatro años: imposiciones unilaterales, burocratización, cero escucha de los dolores, nula sensibilidad y mucha declaración del caso Ayotzinapa pero cero acción y cero acercamiento. ¿Entenderá AMLO que las víctimas ya no quieren volver vivir eso: ni más comisionitis ni otros seis años de burocratización estatal del dolor?

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