METALES PESADOS

Mario González, padre de César Manuel, fue el primero de las 43 familias de Ayotzinapa que tuvo el corazón para hablarme de su dolor a fines del año 2014. Me sintetizó su primer encuentro con Enrique Peña Nieto de la siguiente manera: “Ese hombre no tiene corazón”. Como ellas mismas me lo relataron después, el entonces presidente ni siquiera tuvo el valor o la dignidad de mirar a los ojos a las familias.
A nueve años de ese desencuentro, el resumen del trato, los desplantes y las actitudes hacia las víctimas de quien ocupa hoy el lugar de Peña Nieto en el gobierno federal, podría decirse que es exactamente el mismo. Si no es que peor al ponerse, además, del lado del Ejército antes que del de ellas.
El pasado miércoles 20 de septiembre, las familias de Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. El objetivo era compartirles unilateralmente los avances del caso. No obstante, la situación entre el representante del Poder Ejecutivo y las familias de los 43 normalistas desaparecidos no podría estar en un momento de mayor tensión: una semana antes la Fiscalía General de la República (FGR) despidió a los dos agentes encargados de la integración de las indagatorias contra los 14 militares acusados de perpetrar desaparición forzada y tortura, además del ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy prófugo en Israel. Los agentes a quienes la FGR no renovó el contrato trimestral eran integrantes de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).
No es la primera vez que el caso Ayotzinapa genera rispidez durante la administración de López Obrador cuando las líneas de investigación apuntan hacia su institución más consentida y solapada: el Ejército mexicano. El año pasado, Omar Gómez Trejo, titular de la UEILCA, fue obligado a renunciar luego de que solicitara justamente la aprehensión de 21 militares involucrados en la desaparición forzada de los normalistas. Finalmente, como todo lo que topa con la pared infranqueable de los militares en esta administración, la FGR se desistió de esas órdenes de aprehensión.
El más reciente y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfático y enérgico al señalar que, a pesar de mediar una orden presidencial para abrir los archivos concernientes al caso, existen documentos capitales para el esclarecimiento que se han negado y ocultado a las familias y representantes legales de Ayotzinapa. Incluso AMLO les niega su existencia.
Una nota del periodista Pablo Ferri publicada el 23 de septiembre en el diario El País reconstruye el pulso y el tono en que se dio el más reciente encuentro entre familias de Ayotzinapa y AMLO: “Un puñado de documentos de espionaje militar, claves a entender de las familias para avanzar en el caso, ha provocado una distancia con el presidente, que ahora mismo parece insalvable”. Y aclara que “fue un encuentro a ratos ríspido, que a punto estuvo de saltar por los aires, cuando las familias insistieron en la entrega de estos documentos. “¡Yo no soy Peña Nieto!”, llegó a explotar el mandatario delante de las familias, “¡Yo no encubro!”.
Y, sin embargo, lo hace. AMLO ha elegido encubrir a los militares y marcar su distancia de las víctimas. Es la firma de la casa.
Ya en su conferencia matutina del 21 de septiembre, ante la pregunta de si el Ejército entregará los archivos demandados por el GIEI y las familias de los 43 que son pieza clave para el esclarecimiento del paradero de los muchachos, AMLO perdió los estribos y se lanzó en contra de abogados, colectivos y organizaciones que han acompañado a los padres y madres desde hace nueve años: “Están queriendo manchar la investigación y descalificar el trabajo que estamos haciendo. Nada más les preguntaría yo a estos seudodefensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales: ¿dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como éste? ¿En qué país? Están como buitres, es temporada de zopilotes”.
En el relato de Pablo Ferri se da cuenta de que en la reunión “las familias se enfadaron. El presidente les pidió que leyeran con atención la información que les habían dado, en referencia al informe de (Alejandro) Encinas, y las familias contestaron que ellos leían, que no se dejaban manipular. La reunión fue subiendo de tono, hasta el punto de que López Obrador, cuidadoso siempre con sus críticas al PRI, exclamó que él no era Peña Nieto y no encubría a nadie”.
Las familias de los 43 normalistas le respondieron que quizá él no encubría, pero que, en definitiva, el Ejército sí lo hace. AMLO protege a ciegas al Ejército y no teme pisotear el dolor de nueve años de las familias de los estudiantes ni su lucha digna. La presión de la sociedad civil para que cumpla su primera promesa de gobierno –dar con el paradero de los 43 normalistas– está muy lejos de cumplirse y pende de un hilo a un año de que termine su mandato. El apremio, su ineficacia y su subordinación incondicional a las fuerzas armadas lo tienen nervioso. AMLO se ha mordido la lengua una vez más. Sólo que en este caso en un asunto que representa una sensible herida abierta para el país.
No se podía esperar menos de un hombre que, como su antecesor Peña Nieto, demuestra una vez más ante las víctimas que no tiene corazón.