DE NORTE A SUR

A unas semanas de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó, de forma preliminar, que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
La información la dio a conocer el jueves de esta semana Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Y un día después –ayer viernes– se dio a conocer la detención de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y responsable de acuñar el término de la “verdad histórica”, es decir, de la investigación que con el tiempo padres y madres de los jóvenes, académicos, activistas y periodistas desmintieron en sus puntos estructurales. Fue, en todos sus ángulos, una investigación viciada y sesgada. Un ejemplo de lo que no debe ser un trabajo ministerial.
En su discurso, Encinas afirmó que esta “verdad histórica” se creó “desde el más alto nivel del gobierno”. Si sacamos cuentas, el nivel más alto del gobierno estaba encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, tanto en el poder civil gubernamental como en el poder militar.
Murillo Karam es un elemento importante, es una pieza fundamental del aparato que corrompió la investigación, sin embargo aquí hay un elemento que no se ha investigado a fondo y se sabe de su participación, sea por acción u omisión: el personal militar, específicamente los mandos castrenses. Los militares y sus cúpulas también son el nivel más alto.
Me queda claro que mientras el gobierno de López Obrador no se anime a investigar a fondo a los elementos de las fuerzas armadas que tuvieron participación en esa noche oscura, no se podrá llegar a la verdad y esclarecer por completo el caso que tanto dolor le ha generado a las familias de los 43 estudiantes, y a muchos de los mexicanos que hemos seguido la evolución de las investigaciones.
El informe de hace dos días fue tan importante que me parece adecuado recordar en esta columna las conclusiones preliminares mencionadas por Encinas:
1. Que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
2. Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.
3. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
4. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
5. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
6. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
7. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
8. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
9. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
10. Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
11. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, informante infiltrado en la normal.
12. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
13. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
14. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
15. Que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
16. Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas.