Trajo algunas novedades el más reciente informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Para empezar, la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam es un hecho sin precedentes, pues nunca, que sepamos, había ido a la cárcel un ex titular de la PGR. Igualmente, no es poca cosa que se hayan girado órdenes de aprehensión contra decenas de involucrados, 20 de ellos militares.
En el caso de estos últimos, es un hecho relevante que la Secretaría de la Defensa Nacional haya permitido la revisión de documentos, específicamente los relacionados con la noche negra de Iguala. Los 20 indiciados son militares, pero no son el Ejército Nacional. En todo caso, representaban a la institución, pero algunos de ellos faltaron a la disciplina y el honor de nuestros soldados. La aclaración es pertinente.
Por primera vez se revela algo que podría suponerse, pero carecía de comprobación: la Secretaría de la Defensa Nacional infiltró en la Normal de Ayotzinapa a un militar, Julio César López Patolzin, quien fue “desaparecido” y muy probablemente asesinado junto con los alumnos.
Desde luego, los críticos del actual gobierno han aprovechado el viaje y se desgarran las vestiduras, pero la oficina de inteligencia militar necesita conocer los riesgos que afronta la seguridad nacional, lo que en Ayotzinapa era de cuidado, pues la escuela está en una zona rodeada de bandas criminales y campos de producción de amapola y mariguana.
Lo reprobable, eso sí, es que se haya abandonado a su suerte al soldado López Patolzin, de lo que seguramente hay responsables que esperamos sean castigados, porque la inacción de los mandos no sólo produjo la desaparición forzada de ese militar, sino que al dar la espalda a su caso se propició el secuestro de los demás y su muy probable asesinato.
Habrá que precisar el papel que jugaron funcionarios civiles y elementos militares en la llamada “verdad histórica”, documento que prepararon las autoridades y dio a conocer Murillo Karam. Lo que conocemos, es un ofensivo ejemplo de indolencia burocrática, complicidades, inoperancia para garantizar el acatamiento de la ley y, por si hacía falta, perversidad con el fin de justificar a personas y personajes que son responsables.
Resulta difícil de tragar la virtual exoneración de Enrique Peña Nieto y del general Salvador Cienfuegos. Si hay responsabilidad de uno, de otro o de ambos, se deben mostrar las pruebas o las inferencias probatorias, lo mismo que en lo tocante a Omar García Harfuch, que también ha sido objeto de señalamientos pero ha negado participación alguna en lo sucedido, pese a que hay gente empeñada en involucrarlo. Habrá que esperar las aclaraciones pertinentes.
Otra novedad es que ahora sí, oficialmente, se admite la existencia de un quinto camión que probablemente llevaba droga, el que pasó sin problemas por 16 retenes en Iguala. Lo que está pendiente es saber quién o quiénes consiguieron que el autobús pudiera transitar sin que sus tripulantes fueran molestados.
Escandaloso, véase como se vea, es que 26 participantes o probables testigos de los hechos hayan muerto, muchos de ellos asesinados. Y otra vez hay que preguntar dónde estaban los guardianes de la ley. Si los finados eran personas de interés para el esclarecimiento de lo ocurrido debieron mantenerlos bajo custodia, pero ya se sabe que policías, fiscales y jueces no suelen preocuparse por tales seres.
Hay vacíos y puntos discutibles en el informe, pero indudablemente representa un avance, toda vez que no pocos de los datos, afirmaciones y sugerencias del documento son producto de una revisión exhaustiva de documentación militar.
Fueron localizados los restos de tres de los normalistas, sin embargo, otra vez nos quedamos sin saber dónde están los otros 38 jóvenes y seguimos dudando de que se castigará a los culpables. Terrible.