Veintiún meses después de la noche trágica de Iguala, y dos meses después de la salida del país de los expertos independientes de la CIDH, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos mantienen su demanda de justicia y presentación de sus hijos, junto a la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, según todas las evidencias artífice de la teoría del basurero de Cocula.
Es decir, a tantos meses, todo sigue igual que en enero de 2015, cuando el ex procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer en su edición definitiva la “verdad histórica” que carga todo a la delincuencia y libera de responsabilidad al poder político, al Ejército y a la Policía Federal.
No hay señales hasta ahora de que la PGR haya hecho caso a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos, que demostró la falsedad de la versión de la incineración en el basurero y puso de manifiesto la intervención de policías federales en los hechos. La más reciente evidencia de que nada ha cambiado en la postura del gobierno en este caso se puede localizar en el hecho de que la PGR se niega a proceder contra los dos policías federales cuya participación activa en el ataque contra los normalistas está plenamente comprobada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y contra los cuales la institución solicitó el pasado 4 de marzo el ejercicio de la acción penal.
Ese es sólo un botón de muestra de la actitud inflexible que la PGR y el gobierno federal han mantenido en la investigación de los acontecimientos de aquella noche, que a todas luces busca impedir que se conozca la verdad última y evitar que los responsables de mayor rango –como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por ejemplo– vayan a la cárcel.
A ese fin está destinado también el nuevo impulso que la PGR dice haberle dado a la investigación, según el informe entregado a los padres de Ayotzinapa el 8 de junio. De acuerdo con el resumen dado a conocer en esa fecha por el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, los 43 estudiantes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos debido a que su presencia en Iguala y sus “desmanes”, como los llamó la PGR, calentaban la plaza que, se supone, le pertenecía.
Como hasta la forma en que la PGR presenta las cosas importa, esto es lo que dijo Betanzos en su mensaje a la prensa: “Los alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución, situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos, a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.
Explicó que la conducta anterior obedece a que “el modo de operar en contra de sus enemigos (de Guerreros Unidos) al parecer atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que genera desmanes en su territorio y que calienten la plaza”, por lo que “de darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la Policía Municipal, torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas”.
Esa, dijo, es “la línea de investigación de la que esta PGR tiene los mayores indicios, no obstante haber agotado otras que han surgido durante el desarrollo de la indagatoria sin obtener resultados. Ello no obsta para seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación”.
El reporte de la PGR a los padres también da a conocer que desde abril de 2015 se abrió una línea de investigación sobre la posible participación de la policía del municipio de Huitzuco en el ataque contra los normalistas, como la de Iguala y la de Cocula, y es realmente sorprendente que más de un año después eso sea todo lo que pueda decir la Procuraduría al respecto, pues así como está documentada la participación de la Policía Federal y el conocimiento que tuvieron el Ejército y el gobierno estatal de los hechos, lo está también el de los policías de Huitzuco, pese a lo cual ninguno está detenido.
Es otra vez la “verdad histórica”, que tácticamente en esta ocasión prescinde del basurero de Cocula, aparentemente para no incomodar ni despertar más reproches de los padres de los normalistas. Delincuentes malévolos, policías municipales corruptos y un alcalde vendido a la delincuencia son los límites que la PGR se ha trazado y respeta sin salirse un milímetro para explicar lo sucedido el 26 de septiembre.
Ninguna referencia a los policías federales que estuvieron con los delincuentes, a los militares que observaron y hasta tomaron fotografías de todo, ni al gobierno de Ángel Aguirre que estuvo enterado minuto a minuto de los pasos de los normalistas desde que salieron de la escuela por la tarde, y que luego no hizo nada para impedir los ataques y la desaparición de 43 de ellos.
Veintiún meses después el gobierno y la PGR continúan montados en su versión, como si la investigación alterna del grupo de la CIDH no la hubiera desmantelado y puesto al descubierto complicidades de más alto nivel de lo que las autoridades pretenden, y como si un crimen de esa magnitud pudiera esconderse bajo la alfombra ante los ojos del mundo.

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