Existe un dicho popular muy cierto de que no hay justicia si ésta llega llega tarde, y esto es así porque en general muchos sistemas sociales de todas las ideologías y concepciones políticas no han tenido sistemas de justicia oportunos, expeditos y eficaces, por el contrario, ha existido una burocracia jurisdiccional de tantos trámites, etapas, procesos, instancias que todos los juicios en los tribunales se vuelven muy tortuosos, de tal manera que cuando se resuelve un asunto judicial los daños ya son irreparables y se vuelve demasiado complicado conocer la verdad que permita llegar a la justicia.
1.- El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 es muy patético, debido a que instituciones públicas de seguridad –militares, policía federal, policía estatal, policías municipales estuvieron coludidas con el crimen organizado para asesinar a seis personas– entre ellos a los estudiantes y desaparecer a 43 alumnos de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos”. Este es el más nítido ejemplo de cómo ha funcionado el sistema de procuración de justicia en México, que se ha convertido en un Estado delincuente, en un Estado impulsor, protector de la delincuencia organizada que tiene sumido al país en un ambiente de inseguridad, de suspensión de las libertades y derechos fundamentales, que deben rescatarse y defenderse en un nuevo régimen político democrático que se comienza a instaurar a partir del ejercicio de la soberanía nacional este pasado primero de julio.
2.- En este contexto, vale la pena destacar la sentencia emitida recientemente por el tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación con sede en Tamaulipas, el cual entre otros puntos resolutivos determina que en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se tiene que crear una Comisión de la Verdad. En la historia del Poder Judicial de la Federación es un hecho inédito de protección a los derechos humanos que sólo tiene una semejanza con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando aprobó una comisión para investigar los crímenes que se cometieron en Aguas Blancas, lo cual culminó con la dimisión del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer como una forma de sanción política –no jurisdiccional– a tales hechos de extrema gravedad.
3.- La decisión del Tribunal Colegiado ha sido muy bien recibida por los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, por sus compañeros alumnos, por las organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, sin embargo las dependencias federales dependientes de Enrique Peña Nieto han asumido una postura de desacato a una sentencia judicial, lo cual los pone en evidencia de opositores a la protección a los derechos humanos. Lo que han hecho es impugnar esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal del país ha confirmado la resolución judicial por lo que necesariamente deberá cumplirse la sentencia y crearse la Comisión de la Verdad.
4.- Por su parte el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ha ratificado su propuesta de crear la Comisión de la Verdad en al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, lo cual coincide con la decisión del Tribunal Colegiado en Tamaulipas. Esto forma parte sustancial de la Cuarta Transformación de México en la sustitución del actual régimen político autoritario, corrupto, proclive a la violación de los derechos humanos, por un régimen auténticamente democrático, honesto y protector de la libertades fundamentales. Con la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se dará un ejemplo claro de que nos dirigimos a la cuarta transformación de México.
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