Al cumplirse los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, rindió un informe sobre los avances de las investigaciones de este emblemático caso que ha tenido un impacto internacional y ha exhibido el talante corrupto y corruptor de las instituciones de procuración y administración de justicia en México. “Fue el Estado” ha sido una de las consignas escuchadas a lo largo de la lucha de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta afirmación, tan concentrada y tan certera ha sido confirmada, precisamente, en el informe de las diferentes instituciones del gobierno federal que han estado interviniendo en la investigación de este crimen. El Estado, a través de algunas de sus instituciones específicas ha intervenido, tanto en el crimen como en la investigación que dio lugar a la así llamada “verdad histórica”, que fue divulgada por el gobierno anterior.
En el informe del pasado día 26 pudimos escuchar una detallada radiografía de cómo ha actuado el poder público desde hace décadas. Esta es parte de la verdad, aunque falta aún mucha verdad por conocerse y por revelarse. Esta verdad que se ha ido revelando con datos duros es fundamental: muchas instituciones públicas del país han desarrollado condiciones para convertirse en mafiosas, al servicio de los más bastardos intereses. El poder público que tiene como fin el bien común de la sociedad se ha desnaturalizado durante las últimas décadas y se ha convertido en factor de violencia y de los más variados abusos desde el poder. Veamos algunas vertientes de esta condición mafiosa que ha atrapado al Estado mexicano.
La primera vertiente está en la calaña corrupta de las instituciones, que en este caso ha quedado al servicio de la delincuencia organizada. La colusión entre funcionarios y las bandas criminales es un hecho muy generalizado. Policías, militares, ministerios públicos, jueces y demás, han estado contribuyendo para la ejecución de crímenes, ya sea participando activamente u ocultándolos. Se ha manifestado un grave daño de muchas instituciones de la federación, de los estados y de los municipios que viven en esta lógica. Esa es una verdad, tan visible como dañina para el país. La colusión entre cuerpos de seguridad pública y una banda del crimen organizado, con una articulación casi institucional fraguaron y cometieron el crimen contra los 43 jóvenes normalistas.
La segunda vertiente del poder mafioso del Estado se ha dado en la supuesta investigación del crimen contra los normalistas. Desde el poder se hizo todo por ocultar la verdad y por mantener el implícito pacto silencioso de impunidad. La colusión lleva al ocultamiento de la verdad y al invento de “verdades históricas” que sirven para encubrir a los transgresores de la ley. ¿Cuánto tiempo se perdió en una investigación fallida y amañada? ¿Cuánto dinero se gastó en esta gran simulación? ¿Cuántas instituciones se coludieron para obstruir la justicia? Es un alto costo el que se ha tenido que pagar.
Esto que sucedió en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es la regla que mide al país entero. El Estado se ha utilizado para agraviar y también para obstruir la justicia. El Estado ha servido para construir mentiras y esconder verdades y también para mantener en alto la impunidad y los privilegios de mafiosos y corruptos. Así es de enorme el desafío que tenemos en cuanto a la administración de la justicia, a lo largo y ancho del país. Un Estado amafiado en la corrupción y, además, coludido con la delincuencia organizada, ha sido siempre disfuncional y ha significado un fardo pesado para el país.
Hay que pensar ahora en la gran responsabilidad que el Estado tiene que asumir con los más de 73 mil desaparecidos que se han contabilizado durante los últimos años. El caso Ayotzinapa ha servido para reconocer una verdad: el Estado tiene que reestructurarse; quizá sea mejor decir, refundarse para la no repetición de los crímenes, por una parte. Y, por otra parte, tiene que hacerse competente para lidiar con el altísimo nivel de impunidad. Una vez que se reconozca la verdad del caso Ayotzinapa en toda su magnitud, habrá que continuar con los 73 mil casos pendientes para buscar la verdad y hacer justicia.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa han estado dando un gran servicio al país. Con su empuje y su desgaste han logrado que el Estado se reconozca responsable de los crímenes y lo han estado obligando a dar un giro a su papel en el país. Este es un gran mérito que hay que reconocerles. Tuvieron capacidad, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, para dar una batalla jurídica y, además, para movilizar las condiciones políticas para que abrieran la posibilidad de una actitud diferente en al gobierno. Este logro tiene que repercutir en favor de todos los demás desaparecidos y de sus familias, y en favor de todas las víctimas del delito, de todos los delitos.