Hacia terrenos muy peligrosos se va moviendo el conflicto entre los normalistas de Ayotzinapa y el gobierno estatal, después de
múltiples desencuentros y descalificaciones mutuas. El desarrollo de este conflicto tiene detrás un tratamiento de muy bajo nivel
por las partes involucradas, las que necesitan hacer una reconsideración de fondo para no arrastrar a otros sectores sociales
hacia los terrenos de la polarización y la radicalización.
Los normalistas tienen, desde luego, una demanda muy justa: quieren plazas, un trabajo digno en el sistema educativo tan
necesitado de superar rezagos muy viejos y de fondo. Tienen a su favor el que Guerrero sí necesita más maestros, puesto que en
las regiones más marginadas hay carencias muy visibles. Tienen, también, a su favor su lucha por encontrarse con las
autoridades para ser escuchados y atendidos. Pero tienen en su contra el estigma de ser catalogados con un perfil educativo muy
bajo para estar a la altura de las necesidades educativas de nuestra región. Tienen también en su contra una cierta antipatía
social que han generado sus métodos de lucha (bloqueos, toma de casetas, carreteras, daños a terceros, uso de bombas caseras),
que se distancian mucho de la inteligencia y del respeto a la ley y se acercan paulatinamente a la irracionalidad y la ilegalidad.
Por el lado del gobierno estatal se perciben algunas situaciones que merecen una seria consideración. La primera tiene que ver
con un estilo de gobierno que privilegia la administración y descuida la política. Es de celebrar que haya voluntad de forjar una
administración de los recursos públicos apegada a los cánones de la productividad, la eficiencia y el desarrollo. Pero los criterios
de la administración no son suficientes para gobernar. Se necesita la política como el instrumento para buscar y procesar
acuerdos cuando se presentan las tensiones y los conflictos. No se puede abdicar a la política cuando se generan y crecen
conflictos como el que estamos considerando, pues entonces la única salida llega a ser la violencia y la represión que no son otra
cosa sino el fracaso de la política. Tal parece que la autoridad estatal necesita más oficio político que le permita acercarse de
buena fe a quienes están involucrados en conflictos y enfrentamientos sociales, para argumentar razonablemente y para construir
soluciones a los problemas y respuestas reales a las demandas legítimas. No se hace visible este oficio que establezca puentes de
encuentro y de diálogo con los actores sociales que tienen sus demandas, muchas de ellas muy legítimas como la de los
normalistas.
Es sabido que el gobierno actual heredó del anterior una plaga de vividores, supuestos líderes que habían encontrado su modus
vivendi asaltando las arcas del gobierno estatal con bloqueos y manifestaciones públicas a partir de demandas de dudosa
legitimidad. Y sabemos que el actual gobierno ha hecho esfuerzos por sacudirse de esos lastres que sangraban las finanzas
estatales. Pero las demandas legítimas tienen que ser bien reconocidas y atendidas.
Otra consideración obligada se refiere a la duda muy difundida acerca del saneamiento del área de la educación en Guerrero.
Pareciera que el gobierno estatal sigue tolerando irregularidades impuestas desde el sindicato magisterial. Se sigue hablando de
aviadores, de venta de plazas –que los alumnos de Ayotzinapa nunca podrán comprar–, de exceso de maestros comisionados en
tareas que no tienen que ver con la educación, de vicios sindicales que no permiten mejorar el nivel educativo. Si hay mano dura
con los normalistas de Ayotzinapa, debiera haber mano dura con los excesos de las cúpulas sindicales que privilegian a algunos y
excluyen a otros.
Este conflicto deja ver un sistema educativo sumergido en una contradicción que no parece tener visos de solución: la carencia de
maestros y escuelas en regiones marginadas y el alto número de maestros sin plazas para ofrecer su servicio. Ya es tiempo de
que la autoridad se sacuda los intereses de las cúpulas sindicales que tienen entrampada la educación con sus vicios añejos que
ya no caben en estos tiempos de inquietud democrática. Es necesario redimir la maltrecha figura de los maestros, muchos de
ellos agobiados por un sistema que no les permite desarrollar lo mejor de sí mismos para mejorar la calidad de la educación.
Ayotzinapa nos está mostrando que la cuestión de fondo no es la entrega de unas plazas más, sino un sistema educativo que es
incapaz de responderle a la sociedad y a los maestros mismos.
Ciertamente las partes involucradas en este conflicto deben tender puentes para dialogar en esta coyuntura de alto riesgo. Es un
deber moral ante la sociedad que no merece ser arrastrada por oleadas de violencia, vengan de donde vengan. Pero un mayor
deber moral es sanear el sistema educativo. Y no solamente con una administración eficiente sino con grandes dosis de oficio
político para el bien general de nuestra región.