Como Gobernador Moral de Guerrero me es preciso señalar los pendientes en el quehacer gubernamental de Evelyn Salgado Pineda, a dos años del inicio de su mandato constitucional que ha ejercido en estrecho vínculo con su “papá incómodo”, en el entendido que los logros obtenidos, ellos les darán extensa difusión a través de los diversos medios de comunicación masiva, redes sociales y personas encargadas de su comunicación social oficial.
Las insuficiencias de conducción gubernamental hasta hoy vigentes, lamentablemente, nos reafirman, a nivel nacional, como el estado que tiene los mayores rezagos y déficits en casi todo. Somos a mucha vergüenza, el último vagón del tren nacional; sobresaliendo por nuestros malos gobiernos, estatal y municipales (con contadas excepciones); prevaleciendo la corrupción y la impunidad que vulneran la ley y el orden, en todos los aspectos de la vida civil y del servicio público.
Continuamos teniendo uno de los peores sistemas de educación pública en el país. Caracterizado, entre otras cosas, por la perversión de un sindicalismo vendedor de plazas administrativas y magisteriales, que tienen carácter de hereditarios. Hay comisionados para hacer nada a granel y holgazanerías al por mayor, en oficinas administrativas, atiborradas de maestros que no pisan aula alguna en toda su vida laboral. Sigue existiendo el déficit atávico de escuelas y aulas sin maestros. La práctica del soborno para entregar certificados de estudios, en todos los niveles escolares. Nombramientos de directores, no en base a méritos o antigüedad, sino a partir de compadrazgos y “moches”. Todo eso y más dan como resultado la existencia de una tendencia histórica a la disminución de la matrícula escolar en todos los niveles educativos que, junto con los estragos externos de la pandemia del Covid-19, nos han hecho retroceder a los habitantes del territorio estatal a un nivel educativo promedio de sexto año de primaria.
También seguimos teniendo uno de los peores sistemas de salud pública. Las lacras existentes son muy parecidas a las que presenta el sector de educación oficial; con el agravante de que la escasa calidad y cantidad de los servicios de salud y de medicamentos redunda en pérdida de vidas y afectaciones humanas que, sumadas a las causadas por la mencionada pandemia y, sobre todo, a la inseguridad pública, han reducido cuatro años nuestra esperanza de vida. Un pueblo carente de salud y educación, es un pueblo sin futuro.
Por lo que respecta a la seguridad pública, quedó plenamente corroborada la fallida estrategia operada, con mucha soberbia, en estos dos primeros años de gobierno. La expansión y el creciente poder de la delincuencia simple y organizada, en todas las regiones de Guerrero, con toda su secuela de homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, extorsiones, tráfico de drogas, robos y control de la economía regional, ha sido nota nacional reiterada para oprobio nuestro; estando a punto de zozobrar si el militarista gobierno federal no hubiera enviado numerosos contingentes de las fuerzas armadas no para contenerlas, sino tan solo para atestiguar su existencia y modus operandi; restringiéndose así nuestra libertad de transitar por cualquier lugar a cualquier hora. No sorprende el éxodo de guerrerenses a otros estados del país o allende las fronteras para vivir con menos zozobra.
La reciente declaratoria pública de una veintena de autoridades comunitarias sierreñas de que sus pueblos, al ya estar cansados de ser víctimas indefensas del hampa organizada, están próximos a tomar las armas, dan constancia de la ausencia total de autoridades institucionales que resguarden sus vidas, la ley, el orden y la justicia en su región; súmele a eso la llegada al recinto oficial de gobierno estatal en Chilpancingo, de alrededor 3 mil hombres y mujeres rurales de la región Centro, encabezados por sus supuestos “líderes sociales”; amagando con su permanencia indefinida en las instalaciones oficiales sino eran satisfechas sus demandas confesables e inconfesables. Doblegaron y redujeron a su mínima expresión la autoridad gubernamental.
Recordemos que la historia nacional enseña que la pobreza social, junto con gobiernos venales e ineptos, el menosprecio real a los habitantes, además del quebranto reiterado a la ley, manteniendo privilegios de impunidad, son los ingredientes básicos que anteceden a los estallidos sociales.
Si bien es cierto que la gobernadora Constitucional y su “papá incómodo” recibieron una administración pública estatal hecha un desastre financiero, en lugar de exigir cuentas claras y fincar responsabilidades respectivas, se dedicaron a ser tapaderas de los desfalcos financieros heredados; pactando con el otrora gobernador causante de ese desastre, su impunidad personal; manteniendo en funciones al que fungió como su contralor estatal un año y medio más, para limpiarle sus cuentas públicas; auxiliándolos en ese deshonesto compromiso, la legislatura local en funciones, que mantuvo acéfala la Auditoría Superior del Estado durante más de un año.
El quebranto en las finanzas públicas estatales es notorio y no permite operar bien al gobierno; pero hasta ahora no hay responsables de esas insolvencias. Salen a la luz pública, en las protestas recurrentes por falta de pago oportuno y a tiempo, de algunas nóminas salariales quincenales de trabajadores administrativos y pensionados. De ahí que tengan que acudir frecuentemente a endeudar al gobierno con préstamos de corto plazo de la banca privada para solventar el gasto corriente.
Algunos prestamos privados ya están en morosidad con el consabido incremento en el pago de altos intereses moratorios. La certificadora internacional bancaria, Fitch Ratings, baja la calificación del Estado de Guerrero dándole un perfil de riesgo “más débil” para el otorgamiento de créditos y negocios. Hay desorden en el gasto público y comprobaciones irregulares que infringen tanto la ley de fiscalización estatal como la federal.
Los ingresos propios estatales son muy bajos y el erario depende en más de un 97 por ciento de los recursos federales transferidos; destinándose casi todo al gasto corriente y muy poco a la inversión pública. De ahí que los programas de desarrollo socio-económico estatal y regionales profusamente anunciados del actual gobierno solo existan en el papel que los contiene. No hay dinero, pero no se atreven a decirlo. Muchos trabajadores de la administración pública estatal solo están vegetando detrás de sus escritorios y comiendo fritangas, porque no hay recursos para operar los programas. Es por eso que el gobierno estatal se cuelga, desesperadamente, de los programas sociales del militarista presidente de la República.
El actual es un gabinete estatal de trabajo emanado de una “tómbola” (donde nunca prevaleció la palabra “eficiencia”) y por ser un gobierno “sui generis” bicéfalo, donde, Evelyn Salgado Pineda, es la gobernadora que cubre la formalidad y su papá, Félix Salgado Macedonio, el que desgobierna realmente. Podemos caracterizarlo como un gobierno semifallido con rasgos anárquicos, disfuncional, de muchos dichos y pocos hechos, de descarado nepotismo, asediado por la delincuencia organizada que ya toca a algunos de los miembros del círculo más cercano de los mandatarios bidimensionales. No se diga de la corrupción, la dejadez, la improductividad y la impunidad reinante. (Continuará).

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