Buena parte de los presidentes municipales salientes entregarán la administración de sus comunas peor de como las recibieron; ya de por sí algo o mucho deterioradas. Principalmente tocante a las finanzas públicas, entre otros activos. La mala administración es consecuencia de un desordenado estilo de gobernar, en mucho impregnado de corrupción e impunidad que culmina en rapiña descarada.
Los déficits financieros son de consideración y deberían de estar reflejados en las actas de entrega-recepción elaboradas en forma previa y oportuna antes de la entrega del poder municipal. Lamentablemente no es así, debido a que en dichas actas no queda plasmada toda la problemática, ni todos los pendientes, ya que son elaboradas apresuradamente, con datos poco transparentes y a la vez maquillados. Una auditoría hecha con anterioridad por un despacho contable profesional externo y aceptado por las partes, sería lo recomendable.
Lo primero que enfrentará un presidente municipal entrante son todas las deudas de corto plazo, en materia de sueldos y salarios devengados, así como los correspondientes a aguinaldos de los empleados; los adeudos reales o ficticios de empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno saliente no pagó; los débitos a compañías constructoras por obra pública realizada y no pagada total o parcialmente; además de detectar las “obras fantasmas” o de mala calidad cobradas en su totalidad. Seguramente hará falta dinero para darle continuidad al suministro de agua, recolección de basura, pagos de electricidad, luminarias y gasolinas entre otros servicios públicos municipales.
Qué decir de la deuda pública de mediano plazo que no ha sido amortizada en los plazos correspondientes; donde la deuda se va heredando en forma acumulada de una administración a otra, rebasando la capacidad de pago que tiene el erario público municipal y que compromete seriamente la operación eficaz de los nuevos ayuntamientos.
No menores adeudos pueden encontrarse en laudos laborales ganados por trabajadores que no se han solventado; corriendo los riesgos de embargo de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. También es de fijarse la abultada nómina de empleados que no van a laborar; o si asisten, simulan trabajar. Buena parte de las policías municipales continúan sin certificación. Es común que, en las postrimerías de las administraciones públicas, haya venta de nuevas plazas de base, al mejor postor o a la mejor conveniencia.
Los que se van, prácticamente se llevan todo y dejan tan solo lo inservible y con archivos desvalijados. Arrasan con todo aquello que sea transportable. Coches, computadoras, artículos eléctricos, aires acondicionados, refacciones e inventarios y, en el peor de los casos, armas de fuego asignadas a la seguridad pública municipal, cuyo destino final es la delincuencia.
Físicamente no se llevan el palacio municipal, nada más porque no pueden hacerlo, pero la voracidad en el latrocinio no tiene límites.
Hasta ahora, han sido penosas e intrascendentes las actuaciones de las auditorías, federal y estatal, en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos; por cuanto a sancionar toda la corrupción que emana de ellos, no existiendo voluntad verdadera de extinguir la impunidad que la enmarca. Veremos ahora sus comportamientos en el presente proceso porque, sin lugar a dudas, buena parte de los ayuntamientos de Guerrero están enladronados.

PD1. De escándalo la corrupción imperante en la UAG. Los jóvenes para ser admitidos en ciertas unidades académicas, tienen que “dar moche” o “pagar arancel” por derecho a entrar. Por ejemplo: En la de nutrición, se les pidió 5 mil pesos. En la de enfermería, 40 mil pesos y en la de medicina 130 mil pesos. Estamos integrando, a través del correo-e, [email protected], un expediente documentado de estas corruptelas para entregárselo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también a Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a Guerrero.

PD2. “¿Cuál inseguridad en Acapulco? ¡por favor!” Exclamación del empresario, Juan Antonio Hernández, dueño del Fórum Imperial en Acapulco, ante pregunta de reporteros, hace nueve meses (El Sur. 29/12/ 2017).