La distopía brasileña parece no tener fin. Después de llegar a la lúgubre suma de medio millón de muertos a causa del Covid-19, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha entrado en una nueva zona de turbulencias. Después de varias semanas de investigaciones en el Congreso, en donde se instaló una comisión parlamentaria de investigación sobre las barbaridades cometidas por el presidente y su gobierno en la gestión de la pandemia, finalmente surgió un hecho político capaz de cambiar la agenda política del país y poner a Bolsonaro a la defensiva.
Durante una sesión particularmente tensa, en la cual los miembros de la coalición gobernante hicieron de todo para impedir que ésta pueda llevarse a cabo, el diputado oficialista Luis Miranda y su hermano, funcionario de carrera del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, denunciaron que habían advertido durante el mes de marzo de 2021 al presidente Jair Bolsonaro que un proceso de compra de una vacuna hindú tenía serios indicios de irregularidades, por lo cual el jefe del ejecutivo tendría que tomar cartas en el asunto para evitar un nuevo caso de corrupción. Y es que la situación presentada por los hermanos Miranda lucía de extrema gravedad.
En primer lugar, la vacuna que potencialmente hubiera podido comprar Brasil no tenía una eficacia comprobada por la autoridad sanitaria de ese país (ANVISA); es decir que su uso no sería recomendable. En segundo lugar, el precio medio por cada dosis superaba con creces el costo de todas las demás vacunas en el mercado internacional, como Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Johnson and Johnson, o AstraZeneca, de manera que la propuesta del laboratorio hindú era más que dudosa. En tercer lugar, lo más sorprendente en este caso es que contrariamente a todos los procesos de compra de vacunas en el mundo, aquí los dirigentes del Ministerio de Salud impusieron la contratación de una empresa para llevar a cabo la intermediación de la compra de los insumos médicos, cuya sede se encuentraba en Singapur. Según el sitio de periodismo de investigación The Intercept, que intentó dialogar con los representantes de esta empresa, la dirección dada por los socios de la empresa al Ministerio de Salud brasileño era falsa. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de más de mil millones de reales, cuya comisión exigida por el intermediario de Singapur rondaba los cien millones de dólares, la firma de este contrato hubiera significado un prejuicio muy importante para las arcas brasileñas. Sin embargo, a pesar de las advertencias de los hermanos Miranda al presidente Jair Bolsonaro, éste no hizo nada para impedir que los autores de estos supuestos actos de corrupción fuesen investigados por la policía federal.
Esta inacción puede explicarse por varios motivos: la primera, está ligada al hecho que Bolsonaro nunca ha tenido entre sus preocupaciones la lucha contra la corrupción. La segunda está ligada al hecho que este escándalo de corrupción impacta de lleno a dos pilares de la base política del presidente brasileño: el sector militar y una multitud de partidos de centro derecha que dan respaldo al gobierno en el Congreso. Estos dos pilares se disputan desde hace algunos años el control del estratégico Ministerio de Salud, que ha visto desfilar no menos de cinco ministros desde el principio de la pandemia. Por un lado, el ex ministro de salud durante el gobierno de Michel Temer y actual líder del gobierno en el congreso, Ricardo Barros, del conservador Partido Progresista. Por el otro, el establishment militar, que pasó a ocupar la mayor parte de los cargos públicos a raíz de la llegada el entonces ministro Eduardo Pazuello, un general del ejército. Si el gobierno decide abrir este expediente y dejar sin apoyo a Ricardo Barros, es posible que una crisis estalle en el congreso, y que la base política de respaldo al gobierno comience a fisurarse. Pero si no lo hace, es posible que la opinión pública aumente su presión hacia el gobierno, que ha perdido popularidad en los últimos meses, a pesar de mantener una base social resiliente, de entre 20 y 25 por ciento de los brasileños. Bolsonaro tendrá que escoger entre esas dos opciones.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada