A poco más de quince días de que asuma como presidente, Jair Bolsonaro ha comenzado a explicitar cuál será su modo de gobernar. Fiel a su estilo confrontador, y a su capacidad de decir mentiras disfrazadas de verdades, el futuro presidente de Brasil continúa comportándose como si la campaña electoral no hubiera terminado. Frecuentemente ataca al Partido de los Trabajadores (PT) y a su líder, el ex presidente Lula, por la vía de su cuenta de Twitter, de la misma manera que sus hijos. Al día de hoy, y a pesar de la multiplicación de mensajes racistas, homofóbicos y en favor de la tortura y de las dictaduras como la de Pinochet en Chile, los brasileños parecen querer desearle éxito a esta nueva administración. Según una encuesta publicada hace unos días por el instituto IBOPE y financiada por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, más del 65% de los brasileños aprueba a Jair Bolsonaro. Si los números arrojados por la encuesta parecen favorables, hay que tener en cuenta que de manera general los gobiernos comienzan sus mandatos con una suerte de “luna de miel”: Dilma Rousseff comenzó su primer mandato con más del 75% de aprobación.
Sin embargo, eso no quiere decir que Bolsonaro logrará mantener este apoyo durante mucho tiempo. Su gobierno ha comenzado a recibir presiones de los mercados financieros brasileños, que lo apoyaron durante su campaña electoral, para que lleve a cabo una ambiciosa política de privatizaciones, inclusive de las joyas de la corona del Estado brasileño, es decir la petrolera Petrobras, los bancos Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e inclusive partes del BNDES, el banco nacional de desarrollo social. Para darse una idea del peso de los bancos públicos en Brasil, el BNDES únicamente dispone de líneas de crédito superiores a las del Banco Mundial en América Latina. De tal suerte que esta enajenación de activos públicos podría ser extremadamente rentable para los actores privados brasileños, en particular en el sector financiero, que ha logrado mantener una cierta autonomía con relación a los grandes conglomerados bancarios globales, que siempre han tenido dificultad en acceder a este mercado. Paulo Guedes, el futuro ministro de Economía de Bolsonaro, es el principal promotor de este ímpetu privatizador en el gobierno. Si bien este último dispone de poder, al ser el fiador del presidente Bolsonaro ante los mercados financieros, su desprecio hacia los políticos y en particular, hacia los líderes del Congreso pueden crear problemas a corto plazo para el futuro gobierno. De manera más general, la privatización de empresas públicas nunca ha sido bien vista por la opinión pública. Además de ello, la privatización de bancos como el BNDES podría tener como consecuencia la disminución del crecimiento económico, al ser este banco el principal motor del financiamiento de las obras de infraestructura en el país.
Por otro lado, Bolsonaro y Guedes quieren liberalizar a la economía, e implantar una serie de reformas tanto al mercado laboral como al régimen de pensiones. En el caso de la futura ley del trabajo, el inminente presidente ha indicado que tiene la pretensión de disminuir al máximo las prestaciones de los trabajadores para que se acerquen lo más posible a las condiciones de la “informalidad”. Sobre las pensiones, la idea de Guedes es aumentar la edad de la jubilación para disminuir su impacto en las finanzas públicas. Queda claro que ambas propuestas tendrán mucha resistencia en el Congreso, y de manera más general, en la sociedad. Sin embargo, si estas reformas no se aprueban, es posible que los mercados le retiren su apoyo.
El mayor problema para Bolsonaro, sin embargo, no se encuentra en la economía, sino en la política. La multiplicación de sus agresiones verbales contra el PT, Lula, y todo lo que se asemeje de cerca o de lejos a la izquierda, hacen pensar que la confrontación política va a continuar aumentando. Si durante la campaña electoral, varios militantes y simpatizantes del PT fueron hostigados e inclusive algunos fueron asesinados, es posible que la violencia política aumente. De tal suerte que la agenda de lucha por la defensa de los derechos civiles y humanos en general, estará en el centro del debate público sobre Brasil en los próximos meses.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada