Desde la destitución de Dilma Rousseff en 2016, institucionalmente admisible pero extremadamente condenable en el plano político y hasta legal, Brasil vive las secuelas de una tremenda crisis política, económica y social, sin que se sepa hasta dónde llegará este cataclismo. Cuando llegó al poder, en mayo del 2016, el ex presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y entonces vicepresidente del gobierno dirigido por la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), Michel Temer prometió que “uniría a los brasileños”. Un año más adelante, las encuestas de opinión dan por hecho que Temer ha conseguido unir a a sus compatriotas, pero en su contra. Hoy en día, su gobierno dispone de una tasa de aprobación inferior al 10% de los electores. Más del 80% de los brasileños quiere que Temer salga de la presidencia, y que se convoque a nuevas elecciones. A pesar de este cuadro político a priori totalmente desfavorable al gobierno y a su presidente, este último ha conseguido no sólo mantenerse en el cargo, sino que ha logrado llevar adelante una serie de reformas muy duras e impopulares, como la creación de un tope de gastos públicos para los próximos veinte años, lo cual tendrá implicaciones muy importantes en los servicios sociales de base como la educación y la salud de Brasil, que tienen grandes deficiencias hoy.
Sin embargo, las cosas parecen complicarse para el presidente Michel Temer. El pasado lunes, el procurador general de la Republica, Rodrigo Janot, presentó formalmente una denuncia penal en contra del presidente por “corrupción pasiva”. Según la prensa brasileña, se trataría de la primera de varias denuncias que serán presentadas por la Procuraduría tras la delación premiada del empresario Joesley Batista, el dueño de la empresa JBS, líder mundial de la carne procesada, que implica directamente al presidente. La revelación de una conversación entre Temer y el empresario  Batista evidencia la existencia de una red de protección del gobierno hacia Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil que se encuentra en la cárcel, y un empresario cercano a este último, Lucio Funaro, para evitar que cierren un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público federal. Desde entonces, una parte de los principales medios de comunicación privados de Brasil, en particular el muy poderoso grupo Globo, decidió cambiar su línea editorial, hasta ahora favorable al gobierno, y pasó a atacar duramente al propio Michel Temer. Por su lado, este último, contrariamente a Dilma Rousseff, reaccionó rápido, y distribuyó cargos y dinero, fruto de enmiendas parlamentarias, a miembros del Congreso para evitar perder la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A pesar de esto, una buena parte del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, derecha), en particular la mayoría del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, ha pedido la salida de este partido de la coalición de gobierno. Esta ruptura no se ha consumado, porque los principales líderes de este partido, como el ex candidato presidencial Aecio Neves, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, y el alcalde de esta misma ciudad, João Doria Jr., quieren ser candidatos a la Presidencia de la Republica en 2018 y estiman que en este momento quien ganaría con la organización de elecciones directas sería el todavía muy popular ex presidente Lula, y no ellos. En una encuesta publicada el pasado lunes por el periódico Folha de São Paulo, Lula obtiene 30% de los votos en primera vuelta, frente al 8% de Alckmin o al 16% de João Doria, cifras que impresionan a cualquiera, después de toda la agenda negativa a la cual se ha visto sometido el líder del Partido de los Trabajadores (PT). El problema para la derecha y en particular para el PSDB es que la imagen, desastrosa, del actual gobierno tiene un impacto nocivo en la imagen de ese partido, lo que permite entender las ansias por salir del gobierno de la mayoría de sus congresistas, que intentarán ser reelectos en 2018. Sin duda alguna, la crisis política, económica y social que vive Brasil desde 2013 llegó para quedarse.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada