El escándalo Odebrecht está sacudiendo a los países de América Latina. Hace pocos días, en México, el ex presidente Felipe Calderón fue acusado en los medios de comunicación de haber fungido como intermediario en negocios de la empresa brasileña en México durante su mandato. Como lo hemos venido reseñando en este espacio, este escándalo de corrupción, por su dimensión, tendrá consecuencias muy importantes no sólo en el plano judicial, sino también político a nivel internacional. Sin embargo, no queda duda que Brasil pasará, en los próximos días, por un torbellino político y judicial de pronóstico reservado, a raíz de nuevas revelaciones de los ejecutivos de la principal constructora de ese país, Odebrecht.
En efecto, la constructora brasileña, nacida en el estado de Bahía, en el noreste brasileño, tuvo una gran expansión durante los gobiernos del ex presidente Lula. A la par del aumento de sus negocios, las mordidas a los agentes públicos –en particular a los políticos y los partidos– fueron creciendo. Por ende, no debe sorprender que no menos de 77 ejecutivos de esta empresa hayan firmado acuerdos de colaboración con la justicia, con el objetivo de desmontar los esquemas de corrupción fraguados por Odebrecht. Esta noticia ha puesto a la clase política brasileña con los pelos de punta. En efecto, los principales beneficiarios de estos esquemas fueron (o tal vez sigan siéndolo) los políticos que dieron respaldo institucional a estos acuerdos ilegales. Hace algunos meses, uno de los principales periodistas de aquel país, Fernando Rodrigues, publicó en su página web una lista con más de 400 nombres de políticos locales, regionales y nacionales que habrían recibido dinero de la empresa para sus campañas electorales. A las pocas horas y a raíz del impacto mediático provocado por estas revelaciones, el juez Sergio Moro decidió obligar al periodista a retirar esta información de internet. Si bien eso no quiere decir, per se, que se trata de dinero ilegal, es de imaginarse que buena parte de estos recursos sí tiene un origen ilegal. De ahí la angustia de los políticos, sobre todo tomando en cuenta que, en aquel momento, no todos los 77 ejecutivos de Odebrecht habían declarado ante la justicia. Hasta el dia de hoy, solamente una declaración ha sido revelada: la del responsable de asuntos corporativos de Odebrecht en Brasilia, Claudio Melo. El contenido de este testimonio es devastador para Michel Temer, pues el lobista cita al actual presidente no menos de 77 veces pidiéndole dinero para las campañas de su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Por ende, es de esperarse que los testimonios de los demás ejecutivos estén en esa misma línea.
Estas revelaciones tienen un potencial devastador para el gobierno de Michel Temer. Desde la destitución de Dilma Rousseff por el Congreso, en septiembre del año pasado, el principal activo del gobierno Temer ha sido justamente su capacidad de construir una mayoría en el Parlamento. Si, a raíz de la divulgación de estos actos, la justicia hace su trabajo de manera rápida y eficaz, es posible que la mayoría parlamentaria del gobierno se evapore. Y si bien este proceso jurídico tomará tiempo, en particular porque la Suprema Corte de Justicia deberá en su debido momento pronunciarse sobre el fin de la inmunidad de las personas implicadas en el escándalo, queda claro que su efecto político será fuerte. De tal manera que el gobierno Temer, ante tal amenaza, ha decidido proseguir en su voluntad de hacer votar en el Congreso el mayor número de reformas posibles, en particular las más impopulares, antes de que la justicia entre en acción. Por el carácter secreto de las investigaciones en curso, nadie sabe realmente lo que los ejecutivos de Odebrecht dijeron a la justicia. Sin embargo, si las cosas avanzan tal y como lo describen los medios, las próximas semanas serán decisivas para el futuro del gobierno de Michel Temer.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada