A poco menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, el tiempo parece haber vuelto hacia atrás en Brasil. El pasado domingo, el candidato del Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, declaró que, en caso de ganar la elección presidencial, los “izquierdistas del Partido de los Trabajadores (PT) deberían adaptarse a sus leyes, si no tendrían que escoger entre la cárcel y el exilio”. Asimismo, anunció que en su eventual gobierno, los movimientos sociales y ONG, en particular el Movimiento de los Campesinos sin Tierra (Movimento dos Sem Terra, MST), y el Movimiento de los Trabajadores sin Techo (Movimento dos Trabalhadores sem teto, MTST), serían considerados como grupos “terroristas”, que pasarían a ser combatidos por la policía y el propio ejército. Estas declaraciones, totalmente inaceptables en el marco de una democracia, fueron celebradas por los simpatizantes del ex coronel de extrema derecha, que se encontraban reunidos en un mitin en la avenida Paulista de la ciudad de Sao Paulo, capital económica del país. Estas declaraciones se hicieron horas después de otro pronunciamiento, realizado esta vez por el hijo del candidato del PSL, Eduardo Bolsonaro (que fue el candidato a diputado con el mayor número de votos de la historia de Brasil, con más de 1.8 millones), que afirmó a principios de julio que estaría dispuesto a “clausurar la Corte Suprema”, y que para ello sólo sería necesario “un oficial y un soldado del ejército”. A raíz de estos hechos, la ex ministra del Medio Ambiente del ex presidente Lula y ex candidata a la presidencia de la República, Marina Silva, anunció su apoyo crítico a la candidatura de Fernando Haddad, ex alcalde de la ciudad de Sao Paulo y miembro del PT, al tiempo que el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, declaró a través de la red social Twitter su espanto ante tales declaraciones, sin llamar a votar por el candidato apoyado por el ex presidente Lula. Por su lado, algunos miembros del Supremo Tribunal Federal –la Corte Suprema de Brasil– se pronunciaron, de manera más o menos contundente en contra de esos dichos. Por el momento, la Justicia no ha tomado seriamente cartas en el asunto, a pesar del hecho que Jair Bolsonaro ya ha cuestionado el resultado de las elecciones si éstas no le son favorables, así como puesto en duda la sinceridad del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del recuento de los votos.
Ante la multiplicación de estos actos contra la democracia, la justicia brasileña hace como si no pasara nada. Es más, la presidenta del TSE, Rosa Weber, declaró el pasado domingo que “las instituciones funcionan”. Hasta ahora han funcionado, sí pero no para impedir que el ex presidente Lula sea condenado de manera injusta. Sin embargo, cuando se trata de poner un alto a la campaña de desinformación y de mentiras realizada por el equipo de Jair Bolsonaro, financiada de manera ilegal a través de empresarios cercanos al candidato de extrema derecha, el TSE no tiene el mismo ímpetu en eliminar noticias falsas en contra de Fernando Haddad y de su candidata a la vice presidencia, Manuela D’Avila. Inclusive, se ha pronunciado para mantener activas cuentas de Facebook que acusan a Fernando Haddad de ser un pedófilo, lo cual es una mentira en todos los sentidos. Por el contrario, cuando el PT transmite un spot de televisión dejando en evidencia el hecho de que Jair Bolsonaro apoya a la tortura, y más generalmente a la dictadura militar, los magistrados del TSE han sido muy reactivos en prohibir su transmisión, aduciendo eventuales “trastornos mentales” que podría producir el spot. De cierta manera, se podría decir que las instituciones funcionan. Sobre todo cuando se trata de atacar a Lula y al PT. El problema es que a fuerza de querer “desaparecer del mapa” a estos últimos (para parafrasear a Jair Bolsonaro), la justicia, los medios y las élites políticas y económicas crearon las condiciones políticas para que un ex capitán de extrema derecha tome el poder, y con él, que la democracia brasileña se encuentre bajo su peor amenaza desde el inicio de la transición política, en los años 1980.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

Twitter: @Gaspard_Estrada