El pasado miércoles, el juez Sergio Moro, con sede en la ciudad de Curitiba, condenó al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero, desatando una avalancha de reacciones en Brasil y en el mundo. Por su lado, Lula respondió a la sentencia del polémico juez anunciando que será precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. A partir de la segunda quincena de agosto, el popular ex presidente viajará por los principales estados del noroeste del país, el principal bastión de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), para movilizar a sus seguidores.
Lo que está en juego no es poca cosa: se trata del futuro del político más popular del país, así como del futuro del país mismo. Desde la reelección de Dilma Rousseff en 2014, Brasil vive en un clima de gran polarización política y social, que tiene consecuencias negativas en la economía. La destitución definitiva de la presidenta de la República en septiembre del año pasado, no se tradujo en crecimiento económico ni en mejoras en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el número de ministros investigados por la Justicia ha aumentado desde la llegada de Michel Temer al poder. Desde el año pasado, cuatro de los cinco principales asesores del actual presidente brasileño han sido puestos bajo investigación. Uno de ellos, Rodrigo Rocha Loures, fue interceptado por la Policía Federal brasileña con una maleta llena de dinero, que no fue capaz de justificar. Más aún, hace poco más de dos meses, el propio presidente Temer fue grabado por un gran empresario, Joesley Batista, pidiendo que siguiera comprando el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para evitar que colabore con la Justicia y ponga en entredicho su mandato. Este mismo empresario, a su vez, grabó al presidente con licencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, en el momento en que este último le pedía dos millones de reales a cambio de ayudar a su empresa de productos cárnicos, JBS, a nombrar a un director del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Lo más impactante de estas grabaciones no está ligado a su contenido –al fin y al cabo, el escándalo de Petrobras ha puesto en evidencia actos de corrupción todavía más graves– sino al hecho de que se llevaron a cabo hace pocos meses, después de la destitución de Rousseff. Es decir, para una buena parte de la clase política de Brasil, los escándalos de corrupción no se han traducido en un cambio de las prácticas existentes desde hace décadas.
Esta situación contrasta con la condena del ex presidente Lula. En este c

El pasado miércoles, el juez Sergio Moro, con sede en la ciudad de Curitiba, condenó al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero, desatando una avalancha de reacciones en Brasil y en el mundo. Por su lado, Lula respondió a la sentencia del polémico juez anunciando que será precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. A partir de la segunda quincena de agosto, el popular ex presidente viajará por los principales estados del noroeste del país, el principal bastión de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), para movilizar a sus seguidores.
Lo que está en juego no es poca cosa: se trata del futuro del político más popular del país, así como del futuro del país mismo. Desde la reelección de Dilma Rousseff en 2014, Brasil vive en un clima de gran polarización política y social, que tiene consecuencias negativas en la economía. La destitución definitiva de la presidenta de la República en septiembre del año pasado, no se tradujo en crecimiento económico ni en mejoras en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el número de ministros investigados por la Justicia ha aumentado desde la llegada de Michel Temer al poder. Desde el año pasado, cuatro de los cinco principales asesores del actual presidente brasileño han sido puestos bajo investigación. Uno de ellos, Rodrigo Rocha Loures, fue interceptado por la Policía Federal brasileña con una maleta llena de dinero, que no fue capaz de justificar. Más aún, hace poco más de dos meses, el propio presidente Temer fue grabado por un gran empresario, Joesley Batista, pidiendo que siguiera comprando el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para evitar que colabore con la Justicia y ponga en entredicho su mandato. Este mismo empresario, a su vez, grabó al presidente con licencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, en el momento en que este último le pedía dos millones de reales a cambio de ayudar a su empresa de productos cárnicos, JBS, a nombrar a un director del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Lo más impactante de estas grabaciones no está ligado a su contenido –al fin y al cabo, el escándalo de Petrobras ha puesto en evidencia actos de corrupción todavía más graves– sino al hecho de que se llevaron a cabo hace pocos meses, después de la destitución de Rousseff. Es decir, para una buena parte de la clase política de Brasil, los escándalos de corrupción no se han traducido en un cambio de las prácticas existentes desde hace décadas.
Esta situación contrasta con la condena del ex presidente Lula. En este caso, contrariamente a lo sucedido con Eduardo Cunha, que fue sentenciado con base en pruebas documentales, lo único que existe son suposiciones de intercambios de favores, y no se aporta ninguna prueba documental de algún hecho delictivo. En particular, la sentencia de 260 páginas del juez Moro pone de relieve el testimonio del presidente de la empresa de obras públicas OAS, Léo Pinheiro, que acusa a Lula de haber aceptado un departamento. Sin embargo, cuando el juez le preguntó qué pruebas documentales tenía para justificar tal pedido, el empresario le respondió que Lula le habría pedido que “destruyera las pruebas”. De esta manera, aunque la acusación no esté en medida de probar un hecho delictuoso del ex presidente, el juez Moro determinó que estas afirmaciones del empresario eran suficientes para condenar a Lula. Lo más sorprendente de este hecho es que esta acusación del empresario se llevó a cabo bajo la modalidad de la llamada “delación premiada”. Es decir, Léo Pinheiro se encontraba preso cuando hizo su declaración, y, sobre todo, recibió una reducción sustancial de su condena en el caso de mencionar a Lula en su declaración. De tal manera que el juicio de apelación de la condena del ex presidente Lula dará de qué hablar en los próximos meses. Entre tanto, Lula continuará su precampaña presidencial. Sin duda, los próximos meses serán de mucha disputa política en Brasil.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

aso, contrariamente a lo sucedido con Eduardo Cunha, que fue sentenciado con base en pruebas documentales, lo único que existe son suposiciones de intercambios de favores, y no se aporta ninguna prueba documental de algún hecho delictivo. En particular, la sentencia de 260 páginas del juez Moro pone de relieve el testimonio del presidente de la empresa de obras públicas OAS, Léo Pinheiro, que acusa a Lula de haber aceptado un departamento. Sin embargo, cuando el juez le preguntó qué pruebas documentales tenía para justificar tal pedido, el empresario le respondió que Lula le habría pedido que “destruyera las pruebas”. De esta manera, aunque la acusación no esté en medida de probar un hecho delictuoso del ex presidente, el juez Moro determinó que estas afirmaciones del empresario eran suficientes para condenar a Lula. Lo más sorprendente de este hecho es que esta acusación del empresario se llevó a cabo bajo la modalidad de la llamada “delación premiada”. Es decir, Léo Pinheiro se encontraba preso cuando hizo su declaración, y, sobre todo, recibió una reducción sustancial de su condena en el caso de mencionar a Lula en su declaración. De tal manera que el juicio de apelación de la condena del ex presidente Lula dará de qué hablar en los próximos meses. Entre tanto, Lula continuará su precampaña presidencial. Sin duda, los próximos meses serán de mucha disputa política en Brasil.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada