En los últimos días, la crisis brasileña llegó a un nivel de tensión inaudito. Después de meses, la Corte Suprema de ese país decidió agendar un pedido de amparo de la defensa del ex presidente Lula. Este hecho, muy relevante después de años de un proceso judicial claramente sesgado y orientado a destruir políticamente a este último y al Partido de los Trabajadores (PT), toma una nueva dimensión después de la revelación por el periodista Glenn Greenwald de conversaciones entre el ex juez y actual ministro de la justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, y el jefe de los procuradores del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, así como otros miembros de la operación Lava Jato, al respecto del proceso judicial contra Lula. En esas conversaciones, queda en evidencia lo que habíamos comentado en este espacio desde hace años: la investigación judicial en contra de Lula estuvo plagada, desde el inicio, de irregularidades, y sobre todo de una intencionalidad política manifiesta. Se trataba de eliminar políticamente al líder de la izquierda brasileña, y probablemente uno de los mayores íconos progresistas del mundo: Luis Inácio Lula da Silva.
Esta estrategia tuvo éxito, en el sentido que Lula, condenado en primera, segunda y tercera instancia, fue impedido de participar en las elecciones presidenciales de 2018. Por el contrario, el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, llegó a la presidencia, apoyado por el juez que condenó a Lula, Sergio Moro. Este último, fue recompensado por su tarea, siendo nombrado ministro de la Justicia y de Seguridad Pública. Sin embargo, contrariamente a su promesa, no ha atacado a la corrupción desde su posición de ministro. Por el contrario, se ha dedicado a encubrir los actos ilícitos de la familia de Jair Bolsonaro, en particular de su hijo Flavio, que recibió vía uno de sus asesores en la Cámara de Diputados locales de Rio de Janeiro varias decenas de miles de reales en comisiones provenientes de los salarios de estos últimos. Es por eso que desde hace algunas semanas, Sergio Moro se encuentra a la defensiva. Por un lado, no confirma la veracidad de las revelaciones hechas por The Intercept, el medio que dirige en Brasil Glenn Greenwald, y por el otro afirma que sus conversaciones no tienen “nada de malo”. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, y otros medios de comunicación han comenzado a utilizar la base de datos de Greenwald, ha quedado en evidencia que se trata de conversaciones reales, y que no fueron adulteradas. De tal manera que los argumentos de Moro se han ido desvaneciendo. Por lo contrario, las conversaciones dejan en evidencia que el ex juez manipuló los mecanismos de delación premiada, dirigió la acusación en los hechos, exigió y obtuvo la cabeza de una procuradora cuyo trabajo no le satisfacía, y dirigió la estrategia de comunicación de la parte acusadora.
Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, del hecho que Moro decidió –de manera ilegal– grabar las conversaciones telefónicas de los abogados de Lula para adelantarse a las estrategias de la defensa, del hecho que usurpó sus funciones al decidir desacatar la orden de un juez de apelación que le ordenó liberar a Lula, los magistrados del segundo grupo de la Suprema Corte de Justicia decidieron no votar el mérito de la decisión, y en un voto dividido de 3 votos contra 2, mantuvieron por el momento a Lula en la cárcel de Curitiba.
A pesar de esto, la presión internacional ha venido creciendo en las últimas semanas. Numerosos juristas, abogados y jueces publicaron un editorial pidiendo la liberación de Lula, y varios editorialistas, incluyendo del The New York Times, han afirmado la condición de preso político del ex presidente Lula. Sin duda, las próximas semanas serán fundamentales para el futuro de Brasil.

Twitter: @Gaspard_Estrada

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.