El pasado domingo, la ciudad de Río de Janeiro volvió a ponerse de fiesta al llevarse a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Contrariamente a los malos augurios de la prensa internacional, que puso en duda hasta el último día la capacidad de Brasil de organizar esta justa histórica, al tratarse de la primera vez que un país de América del Sur realizaba un evento de esta magnitud, los Juegos Olímpicos fueron un éxito, tanto en el plano de la organización como en el ámbito deportivo. Sin embargo, de la misma manera que durante la ceremonia de apertura, la parte política y diplomática quedó en entredicho durante esta clausura, a diferencia de los juegos pasados, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, decidió no asistir al final de la fiesta olímpica, sin duda para evitar ser abucheado por los miles de brasileños que estaban presentes en el eEstadio Maracaná.
Aunque Brasil vivió durante esos días una “tregua olímpica”, la polarización social y política perduró, de la misma manera que la crisis económica y el desempleo, que continúan en aumento a pesar de las declaraciones de optimismo del gobierno interino. ¿Qué se puede esperar de los próximos días, a sabiendas de que el proceso de destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff llegará a su fin de aquí a finales de este mes?
Durante las últimas semanas, han quedado en evidencia varios elementos clave de este proceso de destitución. En primer lugar, ha quedado en evidencia el criterio político del impeachment de la presidenta por encima de las llamadas pruebas jurídicas. No solamente por el triste espectáculo del voto de los diputados, el pasado 18 de abril, sino sobre todo por el progresivo desvanecimiento de las supuestas pruebas del llamado “crimen de responsabilidad” practicado por Dilma Rousseff en 2014. Hace algunas semanas, miembros del cuerpo técnico del Senado brasileño dictaminaron que el proceso administrativo de firma de los decretos mencionados en la acusación no permitía confirmar una operación dolosa de parte de Dilma Rousseff. Sin embargo, la presidenta suspendida no ha conseguido crear hechos políticos que le permitan revertir los votos de un número suficiente de senadores, lo que le permitiría regresar automáticamente al cargo. Por el contrario, la percepción reinante inclusive en el seno de grupos favorables a la presidenta y al Partido de los Trabajadores (PT), es que Dilma Rousseff no regresará al Palacio de Planalto. En su última votación, los senadores se manifestaron por continuar el proceso de destitución, y el número a favor creció, pasando de 54 a 59. Este hecho político desvaneció para muchos la posibilidad de que algunos senadores decidan cambiar de bando y evitar, finalmente, la destitución de la presidenta. En segundo lugar, ha quedado claro para muchos observadores de la vida política brasileña que el impeachment de Dilma Rousseff no significa que un posible gobierno de Michel Temer consiga construir en el corto plazo una mayoría parlamentaria sólida capaz de votar medidas económicas impopulares. Hace pocas semanas, el ministro de Hacienda del gobierno interino, Henrique Meirelles, presentó ante el Congreso una serie de medidas de austeridad, que no fueron bien recibidas por los congresistas. El Congreso brasileño parece haber logrado destituir a una presidenta elegida democráticamente, pero que carecía de respaldo parlamentario, pero al precio de una transformación impuesta del régimen político de ese país, que está transitando, implícitamente, de un régimen presidencialista a otro semi parlamentario. Sin haber consultado a los brasileños. Si la economía continúa degradándose, no es improbable que estos últimos vuelvan a salir a las calles, esta vez contra Michel Temer.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada