En la Grecia antigua, los Juegos Olímpicos significaban la paz. Las guerras se suspendían temporalmente para dar paso a la justa deportiva. Si bien el contexto es totalmente diferente, el Brasil de 2016 parece entrar de la misma manera en una especie de tregua olímpica, en el marco de la peor crisis política, económica y social que se conozca desde el inicio de la transición política, en 1985. Para el ex presidente Lula, el gran impulsor de la organización de este evento en Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos iban a permitir cristalizar frente a la opinión pública internacional el ascenso de su país en el escenario mundial. Si bien Brasil, considerado en el exterior como el país de la cordialidade –para parafrasear al historiador Sergio Buarque de Holanda, recibirá a los atletas y turistas con los brazos abiertos, la imagen que mostrará al mundo será la de una nación dividida y polarizada, con dos presidentes disputándose el poder.
Contrariamente al proceso de destitución de Fernando Collor de Mello, en 1992, que creó las condiciones para una estabilización económica y una mejora social posterior, el proceso de impeachment de Dilma Rousseff se no ha traducido por una disminución de la crisis brasileña. Más bien, lo que existe hoy en día es una batalla de expectativas entre el gobierno interino, dirigido por Michel Temer, y la presidenta suspendida. En el plano de la economía –la principal preocupación de los brasileños– la administración Temer ha mandado señales más que ambiguas: por un lado, ha anunciado el recorte de los presupuestos de salud y educación, y puesto en duda la eficacia de los programas sociales. Por el otro, el gobierno ha sacado la chequera para agradar a su base parlamentaria, así como a los funcionarios públicos, que recibieron importantes aumentos de salario a pesar de la “austeridad” pregonada por Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. Gracias a la buena imagen de este último en los círculos financieros (fue presidente del banco central durante los dos mandatos de Lula), los mercados han mostrado una actitud benevolente ante tales medidas, al contrario de la aversión que habían manifestado frente a Dilma Rousseff, pero es improbable que esto se mantenga con el tiempo. Contrariamente a 2003, cuando Lula tenía no solamente la legitimidad de las urnas, sino que disponía de la fuerza política para imponer a su partido y a los partidos de su coalición reformas impopulares, una parte sustancial de la opinión pública considera a Michel Temer como un presidente interino ilegítimo. En particular, no queda claro si será capaz de hacer votar medidas impopulares, con un Congreso tan dividido e inmerso en escándalos de corrupción, a pesar de la salida del controversial Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, iniciador del proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff y aliado de Temer. Sobretodo que el actual Congreso ya se rehusó a votar tales medidas en 2015.
De manera más estructural, la triple crisis brasileña reveló buena parte de los problemas del país. En primer lugar, la gran promiscuidad existente entre la política y el dinero, causada por un sistema electoral disfuncional que no impone límites de gastos en las campañas y fomenta la fragmentación partidaria. Sin embargo, al nombrar en su equipo (compuesto exclusivamente por hombres blancos) a ministros implicados en escándalos de corrupción, Michel Temer da muestras de querer hacer prevalecer el statu quo. En segundo lugar, la falta de pluralismo en los medios de comunicación fue puesta en evidencia por el tratamiento sesgado y parcial de los acontecimientos, con el objetivo, en última instancia, de debilitar a Dilma Rousseff. Al aprovechar su poderío mediático, la prensa ha asumido plenamente su papel de “cuarto poder”, apoyando activamente a la antigua oposición. Una vez más, las acciones del gobierno interino no van en el buen sentido: Temer trató de cesar al director de la televisión pública (EBC), antes de ver su acto administrativo suspendido por la Corte Suprema. Al no poder controlar la EBC, el presidente interino quiere ahora desaparecerla. Por último, si la justicia ha jugado un papel crucial en la revelación de la corrupción existente en el seno de la élite política, mediática y económica, queda claro que algunos miembros del poder judicial no han dudado en estar por encima de las leyes para llegar a sus fines. La justicia se ha convertido, en parte, en un instrumento de provocación política. Más de cuatro meses después de la comparecencia forzada de Lula en el aeropuerto de São Paulo, que tuvo repercusión internacional, ningún documento ha probado materialmente un supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente. Mientras que la evidencia sigue escaseando, el acoso de los medios de comunicación y de la justicia contra el ex presidente sigue siendo vigente. En ese sentido, la inculpación de Lula, el pasado viernes, no es una novedad.
Si bien es probable que las movilizaciones disminuyan durante los Juegos que se inauguran este viernes, no podemos olvidar que en las encuestas de opinión, el gobierno interino es muy impopular (14% de brasileños satisfechos). Es más, 60% de los brasileños apoyan elecciones anticipadas. Y si las elecciones se llevaran a cabo hoy, Lula ganaría la primera vuelta. En el país de la cordialidade, después de la tregua y las emociones de las competencias olímpicas, los próximos meses darán lugar a hondas luchas políticas.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC).

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