El voto, el pasado domingo, en el pleno de la Cámara de Diputados de Brasil, de la apertura del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ha sido ampliamente comentado por la prensa, tanto en Brasil como en el mundo. En efecto, durante esta sesión, poco o nada se habló de las llamadas “pedaladas fiscales”, es decir, del presunto maquillaje de las cuentas públicas del año 2013, que configurarían un “crimen de responsabilidad” que justificaría la destitución de la presidenta. En cambio, la mayoría de los diputados que aprobaron el proceso de impeachment hicieron referencia a Dios, a sus familias, inclusive a proyectos de obra pública (!) para justificar tal voto. Sobre todo, quedó claro a los ojos del mundo el verdadero motivo del proceso de destitución de la presidenta: se trata de un proceso político, que busca terminar con 14 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.
Como lo hemos reseñado en este espacio, una buena parte de los congresistas en Brasil han sido o son objeto de investigaciones por actos de corrupción (están citados más de 150 diputados en las investigaciones llevadas a cabo por la procuraduría del Estado de Paraná, en el sur de Brasil). Entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es procesado por la suprema corte de justicia de Brasil por corrupción, por lavado de dinero así como por evasión de divisas, al no haber declarado al fisco brasileño varias cuentas bancarias en Suiza por un monto total de cinco millones de dólares. Por todos estos hechos, este último también está siendo objeto de un proceso de destitución dentro de una comisión de ética de la Cámara. Sin embargo, contrariamente a lo que pasó en el proceso contra la presidenta, el proceso contra Eduardo Cunha se ha caracterizado por su lentitud: el presidente del Congreso ha usado y abusado de toda clase de artimañas para evitar perder su cargo, y por ende responder ante la justicia ordinaria.
Para muchos, una de las razones que podrían explicar el número importante de diputados que votaron a favor de la destitución de la Presidenta (367 sobre 513 congresistas) podría ser una supuesta propuesta del actual vice presidente Michel Temer, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), para terminar con el apoyo político dado por el gobierno a las investigaciones sobre corrupción dentro de la paraestatal Petrobras. Sin embargo, si es posible ver cuál sería el beneficio concreto para la clase política brasileña, es más difícil entender cómo se beneficiaría la sociedad brasileña de este acto a todas luces ilegítimo y anti-democrático.
En efecto, contrariamente al proceso de destitución de Fernando Collor de Mello en 1992, cuando hubo un consenso de las élites políticas y económicas para provocar una alternancia a la cabeza del Estado, hoy en día lo que existe es una disputa política por el poder. Si el Senado aprueba durante el mes de mayo la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, queda claro que el PT, y su principal líder, el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, se manifestarán contra el nuevo gobierno, de la misma manera que buena parte de los movimientos sociales organizados. Por su parte, el gobierno de Michel Temer deberá afrontar su ilegitimidad ante la sociedad brasileña: hoy en día, más de 60% de los brasileños, según una encuesta publicada el pasado domingo por el diario Folha de São Paulo, quiere su renuncia. Si se llevaran a cabo elecciones presidenciales hoy, este último tendría únicamente 3% de los votos. Por ende, será muy difícil para un posible nuevo gobierno imponer a la población agendas económicas impopulares. Los próximos meses serán muy difíciles para la política, la economía y sobre todo, para la sociedad brasileña.

Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada