De nueva cuenta, Brasil y su gobierno están en el centro de la agenda mediática, por un nuevo escándalo de corrupción. En esta ocasión, se trata de la filtración, el pasado viernes, de la declaración al Ministerio Público Federal del director de relaciones institucionales de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Claudio Melo, que detalla precisamente a lo largo de 82 páginas el modus operandi de la corrupción política en ese país. Si bien este documento no comprueba, en sí mismo, la existencia de actos de corrupción –para que esta declaración sea homologada por la Corte Suprema, es necesario que el declarante aporte pruebas al Ministerio Público– queda claro en el plano político que el gobierno dirigido por Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se encuentra inmerso en su peor crisis desde su muy polémica llegada al poder, hace poco más de seis meses.
En efecto, como lo habíamos dicho en aquel momento, durante el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, se puso en evidencia en la prensa internacional la triple crisis política, económica y social que vive Brasil. Sin embargo, contrariamente a lo que pregonaba la clase política de aquel país (así como los principales medios de comunicación privados, en especial el poderoso grupo O Globo), este proceso de impeachment de la presidenta no se tradujo en un cambio de las prácticas políticas. Por el contrario, poco después de la destitución efectiva de Dilma Rousseff, una serie de grabaciones realizadas por el ex senador Sergio Machado, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), reveló que la verdadera intención de los líderes del proceso de destitución era evitar que el Ministerio Público continuara su trabajo de investigación sobre la corrupción imperante en el gobierno de coalición así como en el Poder Legislativo. Según las propias palabras del senador Romero Jucá, dirigente del PMDB, se trataba de “evitar la sangría” del partido, promoviendo “un gran acuerdo nacional” que incluya a la “Corte Suprema, a los líderes del Congreso”, bajo el liderazgo de Michel Temer, en aquel momento vicepresidente de la República. Por otro lado, para los miembros del PSDB, y de una buena parte del empresariado y de los medios privados de Brasil, la destitución de Dilma Rousseff permitiría terminar con el ciclo del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, ciclo que empezó en 2002 con la victoria de Lula a la presidencia.
El problema para los vencedores de esta disputa política, en particular Michel Temer y el PMDB, es que se dio en el marco del mismo sistema político, económico y social que propició la caída de Dilma Rousseff. Es decir, la situación económica del país continuó deteriorándose, al tiempo que el desempleo, que se ubicaba en 4.8% de la población activa en octubre del 2014 (cuando Dilma ganó su reelección presidencial), llegó a casi 12% durante octubre de 2016. Por lo tanto, el gobierno de Michel Temer se ha visto confrontado al mismo problema de impopularidad crónica del gobierno de Dilma Rousseff. Según una encuesta publicada el pasado lunes por el periódico Folha de São Paulo, Michel Temer es el político más impopular de Brasil, con una tasa de rechazo de 45%. Sólo el 10% de los brasileños aprueban su gestión como presidente, y 63% de ellos pide su renuncia para que se lleven a cabo elecciones presidenciales de inmediato. Por si eso no fuese suficiente, la revelación de escándalos de corrupción y de tráfico de influencias durante estos seis meses de gobierno se ha traducido en la renuncia de seis ministros del gabinete de Temer (es decir, una renuncia cada mes), lo que ha contribuido a reforzar la percepción de que la corrupción dentro del gobierno se ubica al más alto nivel. Si bien al día de hoy Temer dispone de una mayoría en el Congreso, contrariamente a Dilma Rousseff, es difícil que esta situación se mantenga en el largo plazo, en particular de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Ningún candidato proveniente de uno de los partidos que componen la coalición de Temer, en particular el PSDB, tendrá interés en estar asociado a un gobierno impopular, que impuso una agenda recesiva en el plano económico, sobre todo frente a un candidato, Lula, que hoy en día encabeza todas las encuestas de opinión. Sin duda, Brasil seguirá dando de qué hablar en el 2017.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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