Más que nunca, Brasil ha estado en el centro de la agenda política y mediática internacional. La crisis política, económica y social que sacude al gigante sudamericano sigue su curso, sin que sea posible saber si Dilma Rousseff podrá mantenerse en el cargo hasta el final de su mandato, en diciembre de 2018.
Durante la semana pasada, la presidenta intentó crear un hecho político que permitiera responder, tanto a las manifestaciones del domingo 13 de marzo como al anuncio del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), realizado un día antes, de su posible salida del gobierno federal. Por eso nombró como ministro de la Casa Civil de la Presidencia a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, ese mismo día, el juez de primera instancia Sergio Moro, radicado en la sureña ciudad de Curitiba, filtró a los principales medios privados de comunicación –en particular a la TV Globo– una serie de conversaciones telefónicas del ex presidente, incluyendo una con Rousseff, realizada el mismo día del nombramiento. Durante este breve diálogo, la presidenta informa a Lula que un emisario irá a verlo con el decreto de su nombramiento como ministro, para que lo utilice “si lo cree necesario”. Estas cuatro palabras fueron usadas por los medios de comunicación para afirmar que la designación respondía a un objetivo: evadir la justicia –lo cual no corresponde a la realidad: los ministros, y de manera general, son potencialmente juzgables por la Suprema Corte de Justicia–. A pesar de esto, la narrativa de la prensa internacional siguió en su gran mayoría esta línea, lo cual ha contribuido a debilitar la posición política y la imagen pública del ex presidente Lula, en un momento en el cual el gobierno de Dilma Rousseff necesita más que nunca de la capacidad negociadora del ex líder sindical.
Paralelamente a esta acción mediática –que fue objeto de criticas de buena parte del medio juridico brasileño, e inclusive de parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justica, por el carácter ilegal de la grabación y difusión de las conversaciones telefónicas–, la oposición ha venido actuando en el terreno jurídico para evitar que el ex presidente Lula asuma su cargo de ministro. El viernes 18 por la noche, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Gilmar Mendes (antiguo “Abogado General de la Unión” del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el equivalente de titular de la Procuraduría General de la República, PGR, en México), determinó que el nombramiento de Lula quedaba suspendido hasta que el pleno de la Corte se pronuncie… Es decir, después de las vacaciones de Semana Santa. Lo cual, de nueva cuenta, tiene una clara intención política: inmovilizar políticamente al ex presidente Lula para abrir paso a un nuevo gobierno. Este último, que logró convocar a más de 100 mil personas el pasado viernes en São Paulo, no ha esperado que la Suprema Corte se pronuncie sobre su regreso al gobierno federal, sino que ha emprendido una serie de consultas con líderes políticos de la mayoría parlamentaria para evitar el colapso político del gobierno de Dilma Rousseff.
Hoy en día queda claro que el bloque del gobierno-Lula-PT está a la defensiva, sin poder imponer su agenda. La voluntad de acelerar el proceso de destitución de la presidenta en la Camara de Diputados, donde se encuentra la mayoría de los grupos políticos que buscan su caída, empezando por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (el cual ha sido denunciado formalmente frente a la Suprema Corte de Justicia por evasión fiscal y lavado de dinero), es una clara señal de ello. Sin embargo, la diversidad de las agendas de los actores que buscan la caída de Dilma Rousseff y de su gobierno puede complicar que se concrete su objetivo, teniendo en vista que una buena parte de estos actores también está sujeta a investigación de la Justicia. Esa es la apuesta del grupo del ex presidente Lula. En todo caso, queda claro que esta disputa política por el poder en Brasil se dará en todos los frentes.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada