De nueva cuenta las balas son noticia. En Brasil, el país de Amérca Latina donde más defensores de derechos humanos son asesinados, según Aminstía Internacional, el de la concejala Marielle Franco ha generado una inmensa repercusión adentro y afuera del gigante sudamericano, y ha puesto de nueva cuenta al gobierno de Michel Temer en el ojo del huracán. En efecto, esta ejecución se llevó a cabo poco antes de cumplirse un año de la intervención militar en el estado de Río de Janeiro, lo cual no ocurría desde el traspaso del poder de manos de los militares a los civiles, en 1985. Con esta acción política, el actual presidente de Brasil intentó hacer una “jugada maestra” – como la nombró uno de los principales asesores de Temer, el consultor Elsinho Mouco– para intentar preservar su capacidad de iniciativa política después de su incapacidad de llevar adelante una polémica reforma de pensiones, evitar que su coalición política en el Congreso lo abandone, y quitarle buena parte del discurso ligado a la seguridad a Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha que se encuentra en segundo lugar en las encuestas de opinión. El problema de esta intervención reside en la improvisación con la que se realizó, y la falta de preparación de los cuerpos militares para realizar misiones policiacas, como lo hemos visto con mucha claridad en México. De tal suerte que los generales brasileños han pedido públicamente que se vote en el Congreso una ley que los exima de ser juzgados en caso de violaciones a los derechos humanos, lo cual generó un amplio rechazo en la sociedad civil de aquel país.
Después del asesinato de Marielle Franco, entendemos mejor porqué. Esta concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda) de Río de Janeiro, es el símbolo de los grupos históricamente marginados en Brasil, y que han visto su espacio reducirse a raíz de la llegada de Michel Temer al Palacio del Planalto. Marielle, en primer lugar, nació en la favela de Maré, una de las más violentas y pobres de la ciudad. Dentro de esa comunidad, Marielle fue una lideresa activa desde su juventud, lo que le permitió construir una base política fuerte, por fuera de los partidos políticos tradicionales. Por otro lado, Marielle es negra, y lesbiana, de tal suerte que su activismo estuvo marcado por las dificultades, en un país donde los negros y las minorías sexuales son objeto de discriminación. Si bien durante el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva se crearon secretarías de Estado para tratar estas agendas desde la presidencia de la República, el gobierno de Michel Temer las desapareció de un plumazo, con el pretexto de reducir el costo de la maquinaria gubernamental. Sin embargo, fue durante el gobierno de Temer que el déficit público llegó a su récord, el año pasado. De manera más estructural, el gobierno y las políticas de Temer son el reflejo de la vieja clase política y empresarial que gobierna Brasil desde hace décadas, y que se resiste a dejar el poder. Como diría el sociólogo francés Roger Bastide en 1955, “en Brasil, lo viejo está en lo nuevo”. La capacidad de las viejas élites políticas para resistir al cambio, o introducir modificaciones cosméticas para evitar perder sus espacios de poder, es muy grande en ese país.
Durante este gobierno, el grueso de las reformas aprobadas por el Congreso tuvo como objetivo hacer pagar a los más pobres el precio de la reducción del déficit público, al disminuirse drásticamente la inversión en los programas de desarrollo social creados durante el gobierno de Lula. Por el contrario, los más ricos – sobre todo, en el sector empresarial–, que habían obtenido jugosos recortes impositivos, no se vieron afectados por las políticas gubernamentales, de tal suerte que la concentración del ingreso, una de las más elevadas del mundo, volvió a agravarse en los últimos dos años. Todo esto, sin que el gobierno Temer (y su política económica y social) haya sido aprobada por la vía de una elección directa. De esta manera, es posible entender porqué Temer y su grupo político intentan a toda costa evitar que Lula llegue otra vez al Palacio del Planalto, si la Justicia le permite ser candidato de nueva cuenta.