El pasado viernes, los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitaron al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar en la elección presidencial de octubre, con base en la ley de la “ficha limpa”, que priva de sus derechos políticos a toda persona condenada en segunda instancia, lo que fue el caso del ex presidente el pasado mes de enero. Sin embargo, esta decisión de los magistrados se llevó a cabo a pesar del amparo obtenido por los abogados de Lula en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) hace quince días, que tenía como objetivo garantizar los derechos políticos de Lula de cara a la elección presidencial. En efecto, Brasil suscribió en 1992 y ratificó en 2009 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, de tal suerte que las decisiones tomadas por ese comité, compuesto por dieciocho magistrados independientes nombrados por la asamblea general de la ONU, son en teoría vinculantes para el Estado brasileño.
Entre los siete magistrados del pleno del TSE, sólo Edson Fachin, miembro de la Suprema Corte y del TSE de ese país, votó a favor de respetar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los demás, empezando por Luis Roberto Barosso, el relator del pedido de impugnación de la candidatura del ex presidente, desestimaron el carácter vinculante de la decisión de los magistrados del organismo internacional. Paradójicamente, Barosso había defendido públicamente la importancia del derecho internacional en la construcción del orden jurídico interno durante su comparecencia ante el Congreso para ser ratificado como miembro de la Suprema Corte. Desde el punto de vista político, esta condena se lleva a cabo en un momento en el que el popular fundador del Partido de los Trabajadores (PT) ha recuperado buena parte del capital político que había perdido en los últimos años, en particular durante el principio del segundo mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff (2014-2016). Hace pocos días, los institutos IBOPE y Datafolha publicaron una serie de encuestas de opinión, en las cuales Lula aparece como líder indiscutible de la elección presidencial, con poco menos del 40% de los votos, frente a Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal (PSL), con 20% de los votos. Claramente, la justicia brasileña aceleró sus tiempos, tradicionalmente lentos, para evitar que el ex presidente pueda ser candidato de nueva cuenta, y que el PT vuelva a ganar la elección presidencial, por quinta vez consecutiva.
Ante esta situación inédita, Lula tomó la decisión el pasado lunes de impugnar esta decisión del TSE ante la Suprema Corte de Justicia de Brasil y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Si bien las posibilidades de que este último recurso prospere en la Suprema Corte son remotas – para que la impugnación tenga posibilidades de éxito, uno de los magistrados, Ricardo Lewandowski, tendría que ser sorteado entre los ocho magistrados elegibles, y en dado caso que el amparo prospere, es más que probable que la presidenta de ese tribunal, Cármen Lúcia, lleve el amparo al pleno– esta orientación de Lula permite que el candidato sustituto del PT, Fernando Haddad, pueda aparecer como candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Lula.
Para los estrategas del PT es fundamental que Haddad crezca rápidamente en las encuestas de opinión, teniendo en cuenta que la primera vuelta se llevará a cabo dentro de poco más de 30 días y que el nivel de desconocimiento del ex ministro de Educación de Lula todavía es elevado. Al día de hoy, Haddad tiene en promedio el 6% de los votos, en el escenario en el que Lula no es candidato. Para volverse un candidato competitivo, es necesario que en los próximos 10 días, Haddad crezca entre 5% y 10%, para ubicarse en un nivel entre 10 y 15% de los votos, antes de los últimos quince días de campaña, y volverse competitivo ante el general retirado de orientación ultraderechista Jair Bolsonaro, que encabeza  las encuestas en este escenario, y Geraldo Alckmin, el candidato del Partido de la Social-Democracia Brasileña, que encarna la continuidad del gobierno de Michel Temer. Los próximos días serán fundamentales para conocer el futuro de Brasil y de América Latina.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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