Los atentados terroristas del martes 20 de marzo en el aeropuerto y el metro de Bruselas demostraron que las causas que provocaron las masacres del año pasado en París siguen vigentes. Más aún, evidenciaron que las respuestas políticas y policiales dadas tanto por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) como por la Comisión Europea han sido insuficientes. En efecto, estos actos fueron planeados y ejecutados por la misma red de individuos, conectados entre sí por Salah Abdelsam, un joven francés de origen marroquí, radicado en la ciudad de Molenbeek-Saint-Jean, un suburbio de la capital de Bélgica. Este último, que pudo escapar de las redes policiacas francesas y belgas después de los atentados de París, volvió a Bruselas para planear otro acto terrorista. Si bien fue arrestado antes del atentado del martes pasado, lo cual sin duda evitó que más personas fuesen asesinadas, el hecho de que haya estado tanto tiempo en libertad cimbró a buena parte de la opinión pública europea. ¿Cómo es posible que, a pesar de toda la inversión financiera y tecnológica realizada en las policías y en los servicios de inteligencia, no se pudieron evitar estos ataques?
Infelizmente, como lo hemos venido comentado en este espacio, la construcción supranacional de la UE ha venido perdiendo impulso en los últimos años. Por ejemplo, el “espacio Schengen” (tratado internacional de 26 países miembros de la UE que permite la libre circulación de bienes y de personas), tiene muchas dificultades en garantizar su seguridad, a pesar de contar, en el papel, con una agencia especializada en el control de las fronteras externas de la UE (la agencia “Frontex”). Esta última carece de los recursos y las prerrogativas para hacer valer su misión, a causa de la voluntad política de los Estados miembros de la UE de no ceder soberanía. A raíz de los problemas de transparencia ligados a la multiplicidad de los actores que intervienen en esta agenda, así como de las disparidades institucionales de cada país miembro, pocos son los Estados miembros que están verdaderamente dispuestos a compartir información sensible. De ahí que, a pesar de los llamados de atención de la Comisión Europea, así como de diversas personalidades ligadas al mundo de la seguridad y la inteligencia, los Estados miembros no hayan aprobado en el seno del Parlamento Europeo la directiva (es decir, la ley comunitaria) “PNR” (Passenger Name Record, en inglés) que permitiese la consolidación de los datos de los pasajeros que ingresan al espacio Schengen por vía aérea. De haber funcionado este sistema, Ibrahim El Bakraoui, el kamikaze belga que se inmoló en el aeropuerto de Bruselas, hubiera sido arrestado a su llegada a La Haya, después de haber sido expulsado de Turquía en julio del 2015.
En segundo lugar, de la misma manera que en París en noviembre del 2015 los terroristas no fueron extranjeros ni recién llegados a Europa, sino ciudadanos franceses y belgas. Tampoco provienen de familias muy pobres, y en varios casos son delincuentes comunes. Sin embargo, el hecho de que tengan raíces extranjeras alimenta el discurso de los partidos de extrema derecha, que tienen el viento en popa en la mayoría de los países de Europa, y cuestiona las políticas de integración frente al desarrollo de comunidades musulmanas cerradas. Es justamente dentro de estos espacios que algunos predicadores radicales desarrollan su discurso, y así reclutan a jóvenes atraídos por la propaganda yihadista.
Es por eso que, sin una respuesta enérgica, que se traduzca en cambios sustanciales en la coordinación policiaca y de inteligencia a nivel europeo, es posible –incluso probable– que estas tragedias se repitan.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

@Gaspard_Estrada