Esta semana me encontré con dos buenas noticias para los pueblos indígenas. Una, que el Senado de la República avaló modificaciones a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que los idiomas originarios sean considerados lenguas nacionales y tengan la misma validez que el español; otra, que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló el aumento de recursos para los pueblos indígenas.
El hecho de que las lenguas indígenas sean consideradas nacionales, implica terminar con años de discriminación hacia las mismas, significa además que se garantizará el acceso a la educación bilingüe y refuerza aquello de que los indígenas tienen derecho a acceder a la justicia en su idioma, a contar con traductores en todas las etapas de un procedimiento jurisdiccional. De esta manera, en teoría, los idiomas originarios tendrán más posibilidades de fortalecerse y menos probabilidades de desaparecer, y los derechos lingüísticos de estos pueblos se consolidarán.
Sin embargo, aunque las reformas legislativas sean muy positivas, como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Por ejemplo, después de años de que en las leyes se incluye el derecho a un traductor en los procesos legales, todavía hay muchas lenguas que carecen de uno y otras que tienen muy pocos, siendo éstos totalmente insuficientes. Por otro lado, a pesar de que la Ley General de Salud establece que los indígenas tienen derecho a recibir información en su lengua, esto tampoco se aplica y, hasta donde yo sé, no existen programas para que haya traductores en los hospitales. Conozco varios casos de gente que ha fallecido debido a problemas de idioma.
El presupuesto y los programas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas son insuficientes para atender las necesidades existentes y para crear las condiciones que permitan que se trate a los idiomas originarios como nacionales; y no hay otra instancia que se ocupe de estos asuntos. En cuanto a la educación bilingüe, con el trato (que todos conocemos) que se le está dando a las escuelas normales rurales, que son las principales formadoras de maestros bilingües, y con los problemas que ha generado la reforma educativa, por ejemplo, quisiera ver cómo le van a hacer las autoridades para garantizar el acceso a la educación bilingüe e intercultural.
En síntesis, sin duda es un avance importante que en las leyes se considere a las lenguas indígenas como nacionales, pero falta mucho para que en los hechos sea una realidad. Para ello tendría que dedicarse mucho trabajo y mucho presupuesto real, no disminuido por la corrupción, como suele suceder.
En cuanto al aumento de presupuesto para los pueblos indígenas (que esperemos sea avalado por el pleno de la Cámara de Diputados), según la noticia, éste se canalizará a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se supone lo destina principalmente a obras y proyectos productivos en beneficio de este sector de la población. Sin embargo, según las estadísticas, no es que haya disminuido mucho el grado de marginación de estos pueblos, así que, ¿no sería mejor que se destinaran esos recursos a proyectos que hicieran cumplir verdaderamente los derechos lingüísticos? A final de cuentas, se trata de mejorar las condiciones de vida de este sector de la población, y si hubiera traductores en los hospitales, una buena educación bilingüe y se garantizara de verdad el acceso a intérpretes en los procesos legales, sin duda mejorarían.