Una comisión de académicos de distintas nacionalidades, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer recientemente un estudio acerca de los problemas económicos del mundo. El grupo de expertos decidió enfocarse sólo en tres aspectos, ya que consideraron que son los problemas fundamentales del presente y del futuro; representan “bombas de tiempo” que tendrán efectos sobre todo a largo plazo: calentamiento global, desigualdad y envejecimiento de la población. Aquí nos limitaremos a comentar el capítulo que se refiere a la desigualdad, elaborado por Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva, profesores de la Universidad de Harvard.
Para empezar, los autores consideran que la desigualdad tiene muchas dimensiones pero que una de las principales es “el grado de acceso a buenos trabajos y una vida laboral satisfactoria”.
Sus recomendaciones para fomentar buenos empleos consideran tres tipos de medidas: 1) En la etapa de preproducción (para una mejor inserción de las personas en el mercado de trabajo) 2) En la etapa de producción (para que las empresas y los trabajadores puedan construir mejores condiciones laborales). 3) En la etapa de postproducción (para que los trabajadores más vulnerables reciban mayor protección).
En cuanto a las medidas de la etapa de preproducción, sugieren que es necesario un acceso más igualitario a la educación y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. También, un proceso de certificación de habilidades más transparente. En lo que se refiere a la tercera etapa, la posproducción, será necesario revisar las leyes fiscales para aumentar los gastos en educación y a la protección y fomento del empleo. En particular, se concentran en el tratamiento de los ingresos de capital. Argumentan que:
Los gobiernos descubrieron que, cuando intentaron gravar el capital, las inversiones huyeron, lo que condujo a una caída generalizada de los ingresos fiscales. Para corregir esta situación es indispensable revisar las leyes de cada país y entablar acuerdos internacionales como el que tomaron los países del G-20 recientemente para gravar a las multinacionales que optan por declarar beneficios en países con bajos impuestos, sin importar dónde venden realmente sus productos.
En lo que toca a la segunda etapa, argumentan que, tanto el progreso tecnológico como el comercio internacional tienen efectos profundos y complejos sobre la estructura de la producción y, por ende, sobre el empleo. A veces, el progreso tecnológico sustituye el trabajo por capital, lo que lleva a la eliminación de puestos de baja calificación o incluso de calificación media. En otras, permite que los trabajadores de baja o media calificación realicen tareas más complejas. Sin embargo, la desaparición de buenos empleos ha llevado a muchas comunidades a experimentar graves problemas de salud (adicciones) y delincuencia, generando malestar social y un aliento a las posiciones políticas extremistas, sobre todo de derecha, poniendo a los inmigrantes como causantes del deterioro laboral.
Por su parte, el comercio internacional crea plazas de trabajo en las industrias de exportación, pero también conduce al cierre de empresas en los sectores afectados por las importaciones. Además, la creación de empleos no ocurre necesariamente ahí donde los puestos de trabajo han sido destruidos.
De acuerdo con lo anterior, Rodrik y Stantcheva, sugieren poner más atención en lo que se puede hacer en la producción y elaborar políticas que induzcan a las empresas a ofrecer mejores puestos laborales. Para ello será necesario que los subsidios a la inversión consideren la calidad del trabajo y que se puedan evaluar sus resultados. Así mismo, proponen aplicar una “prueba de empleo prospectivo” para determinar las prioridades del gasto en investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). Actualmente, estas inversiones no toman en cuenta su impacto en la ocupación, lo que deberá tenerse en cuenta. De esta manera, por ejemplo, se deberían aumentar los gravámenes a los equipos y las innovaciones que destruyen empleos.
Por otro lado, alegan que es necesario poner restricciones al comercio internacional, para evitar el “dumping social” (es decir la reducción de salarios y condiciones de trabajo para atraer nuevas inversiones foráneas). Los autores sugieren que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, o la represión violenta de los derechos laborales, deben ser considerados.
El estudio admite que, aún si estas medidas tuvieran éxito, muchas ocupaciones no podrían convertirse en “buenos trabajos”, lo que plantea la cuestión de qué se puede hacer por los “malos”. Para estos últimos, se deben realizar compensaciones en efectivo, de tal manera que esos trabajadores puedan ganar un ingreso suficiente por lo menos para cubrir sus necesidades más elementales.
El estudio es pertinente para reflexionar sobre la realidad mexicana por dos razones. La primera, debido a que los efectos de la pandemia, sumados a la trayectoria de las últimas décadas, han profundizado la desigualdad y la pobreza, principalmente por la caída de los ingresos laborales. Segundo, porque el T-MEC y la presión interna propiciaron una reforma laboral y algunas medidas (como el aumento al salario mínimo y la regulación de la subcontratación), que buscan mejorar la calidad del empleo. Para resolver lo primero y profundizar en lo segundo, hay que implementar nuevas políticas.
En el caso de México, lo que los autores del estudio citado llaman medidas de preproducción (o políticas activas de empleo, según la terminología más usada en Latinoamérica), se requiere mejorar el acceso a la educación; elevar su calidad y destinar recursos suficientes para los programas de calificación de los trabajadores. El programa “Jóvenes construyendo el futuro” podría aprovecharse para darle un enfoque más bien orientado a elevar los niveles de adiestramiento y hacer una certificación de sus nuevas habilidades, no sólo para transferir recursos en efectivo.
En cuanto a la posproducción (o políticas pasivas), urge legislar sobre un seguro de desempleo y adoptar programa de transferencias monetarias para los trabajadores informales (asalariados y por cuenta propia).
En cuanto a las políticas de producción, podríamos decir que la reforma laboral apunta indirectamente a una reorganización de las empresas ya que, si se forman sindicatos legítimos y representativos, sería natural que los trabajadores presionaran y en algunos casos accedieran a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Aún más en los casos de las empresas incluidas en el T-MEC, debido a que el gobierno de EU ha desplegado acciones para que se cumpla la reforma laboral. El caso de General Motors y otros podrían multiplicarse.
Sin embargo, esta reorganización empresarial puede tener resultados negativos: frente a la presión obrera, los gerentes y/o accionistas podrían endurecer las negociaciones y propiciar conflictos laborales y huelgas; crear menos plazas, acelerando la sustitución del trabajo humano por máquinas; o bien disminuir sus inversiones e, incluso, mudarse del país.
Para crear más y mejores empleos “buenos”, se requiere la intervención del Estado, con el propósito de que la reorganización de las empresas lleve a un mejoramiento de la productividad, de la tecnología, y al mismo tiempo de las condiciones laborales. Para ello, las políticas activas y pasivas resultan vitales, pero a la larga no serían suficientes.
De ahí que las reflexiones de Rodrik y Stancheva resulten útiles. Nos muestran la complejidad del problema, algunas propuestas de solución y la necesidad de innovar las políticas aún en un marco de incertidumbre. Lo más importante consiste en reconocer que, principalmente, elevando la calidad del trabajo se pueden construir sociedades más justas, más armoniosas y evitar la polarización política, capitalizada sobre todo por la derecha.

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