La información que ha dado a conocer la Sedena por órdenes de su comandante supremo respecto a los hechos de Iguala ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año 2014 no es nueva, y aunque los coadyuvantes de los padres de los normalista dicen que debió mantenerse en reserva para no poner en riesgo el debido proceso, ganó la opinión de que es más saludable que se divulgue toda la información que existe para que los familiares, amigos, simpatizantes, analistas e investigadores deriven todas las hipótesis posibles del caso convenciéndose de que el gobierno actual no se desentiende del compromiso.
No es noticia nueva que las corporaciones policiacas y elementos del Ejército estuvieron al tanto de lo que ocurrió en aquella fatídica noche coordinándose para la detención de los jóvenes normalistas mismos que fueron entregados a los sicarios. Lo nuevo sería tener la evidencia de que todos ellos juntos fueron los autores materiales de la desaparición forzada y que la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam se construyó para poner a salvo a los autores intelectuales incrustados en el aparato del Estado o dueños de él. Pues no es descabellada la idea de que con ese poder fueron capaces de establecer un pacto de silencio bajo amenaza de muerte.
De ahí el énfasis que se ha puesto en la insistencia de que fue la Policía Municipal de Iguala la que entregó a los estudiantes detenidos a los criminales en cumplimiento de las órdenes dictadas por el jefe regional del grupo de criminales que operan en aquella ciudad.
Pero ante este crimen atroz que parece ser el método propio de los cárteles que buscan influir en el ánimo de sus enemigos en la disputa del territorio apareciendo como los más sanguinarios ¿por qué ocultar su autoría insistiendo en que la comunicación entre El Cabo Gil y el jefe policiaco del municipio de Iguala manifiesta su deseo de borrar esa evidencia?
¿No los criminales utilizan la violencia y el escarnio contra sus víctimas para dominar mediante el miedo? ¿Por qué razón los jefes criminales aparecerían como los más interesados en esconder evidencias de su poder y crueldad?
¿No es esa evidencia la muestra de que al final los propios criminales y autores materiales de las desapariciones que aparecen como súper poderosos en realidad son los peones de la mafia que tenía (¿?) el poder del Estado?
Como es sabido, la “verdad histórica” de Enrique Peña Nieto fabricada por el entonces procurador de Justicia Jesús Murillo Karam fue un ardid para calmar las movilizaciones y protestas de los padres de familia que tanto le incomodaron.
¿Y luego qué?
Lo cierto es que la falta de solución que tiene el caso da materia para toda clase de elucubraciones aunque la mayoría solo abona a la confusión sobre el entendimiento de lo sucedido.
Ejemplo de lo anterior es la que sostiene que el sacrificio de los estudiantes de Ayotzinapa fue planeado por el gobierno neoliberal a fin de tener argumentos para cerrar todas las escuelas normales rurales del país porque eran un obstáculo político para la explotación de los yacimientos minerales concesionados que se localizan en lugares cercanos a esos planteles.
En esa racha de violencia extrema no ha faltado quienes ven en el odio extremo contra los estudiantes pobres una lucha callada, pero sin cuartel, entre la derecha radical incrustada en el Ejército que protege la riqueza del país como herencia natural de la burguesía frente a la izquierda radical que busca la justicia y la igualdad teniendo a las escuelas normales rurales del país como semillero de rebeldía disputándose el territorio con todos los medios posibles.
Ese sentido parece tener el dato filtrado a la prensa pocos días después de lo sucedido en Iguala sobre el antecedente de Julio César Patolzin uno de los jóvenes normalistas desaparecidos quien supuestamente era informante del ejército infiltrado entre los estudiantes.
La nota al respecto divulga la presencia de un militar en el domicilio del joven entrevistando a la mamá para notificarle que su hijo probablemente murió mientras le hace entrega de un sobre con el salario de su última quincena.
Es siguiendo el anterior razonamiento que surge el planteamiento de que todo lo acontecido en Iguala es la versión pública de una realidad encubierta.
La impunidad que reinó en el país con la mafia en el poder daría fuerza a esta hipótesis de crear una situación tan delicada y de suma gravedad con la garantía de que no habría castigo para sus autores y que en todo caso los costos serían menores a las ganancias que les permitirían continuar con el saqueo de las riquezas naturales. Para ellos cualquier delito era justificable.
Pero como en las mentes obnubiladas de aquellos dueños del país jamás tuvo cabida la idea de que las condiciones políticas podían cambiar, la sacudida del 2018 con el triunfo de la 4T los puso en un predicamento obligándolos a fabricar la “verdad histórica” que implicaba culpar de los hechos a los narcotraficantes quienes en todo caso serían los autores materiales del crimen porque los intelectuales estarían entre las propias autoridades.
En la urgencia del sálvese quien pueda, como lo hacen las ratas al abandonar la nave que se hunde, la mafia en el poder habría borrado todas las evidencias posibles dejando cabos sueltos a manera de un rompecabezas, imposible de armar aún con el empleo de las modernas tecnologías y los mejores profesionales traídos de todo el mundo.
Como mafiosos que son los que fueron desplazados del poder sellaron un pacto de silencio bajo amenaza de muerte con todos los participantes de la desaparición forzada fortaleciendo la idea de que todo estaba bajo control de los narcotraficantes, por eso alimentaron la versión de que Iguala era un punto estratégico para el acopio y trasiego de droga a Estados Unidos.
Si se recuerda, hubo una versión de los hechos señalando que los autobuses con estudiantes en viaje de Chilpancingo a Iguala hicieron una parada en la entrada o salida de la sierra de Tlacotepec donde el grupo de criminales interesado en dominar la plaza de la bandera habría subido armas y sicarios para posesionarse la ciudad por la vía violenta. Toda la noticia con el propósito de que las investigaciones posteriores desembocaran culpabilizando solo a los criminales de a pie mientras los profesionales del mal, que son los jefes de jefes, se liberaban de toda responsabilidad.
Quizá el valor que debamos ver a la información aportada por la Sedena sea la intención presidencial de que se aten todos los cabos sueltos en la investigación y que se transparente todo para enviar el mensaje de que el poder del nuevo Estado democrático está por encima del pacto de silencio firmado por los conservadores.