EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Caminos (de cuota) sin ley

Humberto Musacchio

Abril 20, 2017

En México, más que vías rápidas, las carreteras de cuota han resultado un viacrucis para los usuarios. A principios de los años cincuenta, cuando fue inaugurada la autopista México-Cuernavaca, se dijo que se cobraría el tránsito por ella, pero solamente mientras se cubría su costo. Los años pasaron y los usuarios siguen pagando, pese a que se ha cobrado muchas veces lo que costó ese camino.
Con las carreteras privadas nos ha ido peor. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se abrió la autopista Cuernavaca-Acapulco. Pésimamente construida, los deslaves han sido desde entonces tan infaltables como los baches (¡en una vía de alta velocidad!), en tanto que las pendientes y las curvas son excesivamente pronunciadas, como si un genio maligno hubiera proyectado el trazo de ese camino para abatir la explosión demográfica.
Lo peor es que el desastroso estado de la autopista a Acapulco llevó, no a cobrar el daño a los constructores, sino que el gobierno asumió las pérdidas y tomó el control de esa vía –no se sabe qué dio a cambio a los concesionarios– y los usuarios siguieron pagando como si se tratara de una gran carretera europea.
Suele decirse que de las obras públicas sale el lubricante del sistema, y la mala fama de contratistas, concesionarios y funcionarios parece confirmar la especie. Un caso paradigmático es la autopista México-Toluca, que durante varios años fue para los usuarios la más onerosa por kilómetro, no sólo de México, sino del mundo, lugar que ahora ocupan los túneles de Acapulco.
Para quien viaja con frecuencia por caminos de cuota la erogación hace tambalear cualquier presupuesto. El boleto que se recibe en la caseta tiene impresa la cédula que emite el SAT pero, sabe usted, el papelito ese no tiene valor fiscal, no es deducible de impuestos, pues se requiere solicitar una factura que ampare el pago del peaje.
En el caso de la autopista a Toluca, los concesionarios, generosos, ofrecen tres opciones para “obtener su CFDI de la RFC” (así dice el boleto).
Una es “solicitarlo personalmente en la plaza de cobro”, lo que, suponemos, debe entenderse como el sitio donde se hallan las casetas de peaje; solicitarlo en la página web www.pinfrafacturacion.com.mx o en el correo electrónico facturació[email protected]
Por supuesto, quienes usan las autopistas suelen tener prisa y consideran una pérdida de tiempo estacionar su auto y bajar en busca de la oficina donde se extienden las facturas. Queda entonces recurrir a las direcciones electrónicas citadas, donde aparecen unos recuadros que son buen ejemplo de esoterismo burocrático.
Para empezar, en la pantalla se pide anotar en qué caseta se extendió el boleto. A la derecha aparece un recuadro que solicita algo llamado “Cadena”. ¿Qué es? Quién sabe, pero es requisito saberlo para hacer el trámite. Luego se pide el número ID (?), que por lo menos sí aparece en el boleto. A continuación se exige algo que se llama “máquina”, lo que es otro misterio, pues en el papelito no hay un renglón donde aparezca esa palabra.
Después hay que anotar algo que llaman “consecutivo”, un número que por fortuna sí está anotado claramente. A renglón seguido se demanda anotar el total, que debemos suponer es lo pagado en la caseta, que por cierto no tiene desglosado el IVA, y por último la hora. Abajo aparece la leyenda “Mostrar”, un pequeño recuadro y luego “registros por página”. ¿Qué significa aquello? Quién sabe. Por último, hay otro misterioso recuadro antecedido por la palabra “Filtrar”.
Cómo puede verse, para obtener un comprobante con valor fiscal se requiere no un especialista en formularios burocráticos, sino al mismísimo mago Merlín para que nos revele los secretos del boleto de marras.
Por supuesto, tal enredo puede deberse a mera ineptitud del personal de la empresa, pero lo grave es que de esa manera se lesiona el interés de los usuarios, a los que se impide obtener comprobantes fiscales. Peor aún es que una empresa que no factura todos sus ingresos resulta sospechosa, pues muy bien puede optar por ocultar información al fisco y consecuentemente por incurrir en fraude al erario. Un sistema fiscal que castiga, persigue y hostiliza continuamente a las personas físicas y a los pequeños negocios, por lo menos debería ser igual de exigente con los tiburones, como esas firmas que reciben beneficios del sector público y no son capaces ni de facilitar la vida de los usuarios.