Paso a paso se van dando expresiones sociales que reclaman un lugar como protagonistas de la construcción de la paz que, hasta ahora, ha sido considerada y ejercida como una responsabilidad gubernamental sin vínculos orgánicos con la sociedad civil. Primero han sido los empresarios de Chilpancingo quienes han buscado participar en la construcción de la paz, a la par de la estrategia gubernamental y después, organizaciones y activistas sociales han hecho otro tanto. Ahora han sido los representantes de los campesinos, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, quienes han reclamado y ofrecido su participación.
Las autoridades ejidales y comunales hacen razonamientos muy precisos señalando que la estrategia gubernamental es insuficiente e, incluso, deficiente. Dicen que es “unilateral, vertical y fracasada, que no toma en cuenta a los pobladores” y propone la conformación de “territorios de paz”, donde se concentren los programas sociales según las circunstancias de las comunidades, con la necesaria colaboración de la población. La demanda de los campesinos es, sobre todo, su interés en participar como sujetos sociales en la construcción de la paz, tocando los factores que se dan en sus entornos como las violencias generadas por la explotación de los recursos naturales, por la siembra de las drogas y el reclutamiento de personas del campo por las organizaciones criminales.
Hay un planteamiento fundamental para esta estrategia, cuando los comisariados hablan del empoderamiento de las comunidades, entendidas como el cuarto orden del gobierno que, respaldadas en una legislación y una reglamentación específicas, puedan participar en las decisiones locales y regionales. Si en algún lugar hay mejores condiciones democráticas en el país es, precisamente, en las comunidades. De hecho, uno de los factores de las violencias en el país es el rezago democrático que ha dado lugar a decisiones contrarias al interés general. De ahí que fortaleciendo a las comunidades como espacios democráticos puede ir abriéndose un camino hacia la paz.
La corresponsabilidad y la colaboración tendrían que convertirse en actitudes ante la violencia y ante la gran tarea de la construcción de la paz. Hay que comenzar por un reconocimiento sincero de que todos somos corresponsables de la violencia que campea en el país, y de todas las violencias que se dan en cada esquina. Hay una cultura de la violencia que ha permeado todo. Gobiernos y sociedad, autoridades y ciudadanos, instituciones, organizaciones y comunidades. Instituciones públicas, empresas, escuelas, universidades, iglesias y familias. Hay una responsabilidad compartida. En mayor o en menor grado. Pero todos somos corresponsables de las violencias que hay en el país, que se han convertido en una cultura y en una estructura.
Si esto es así, si la violencia es multifactorial, a todos nos toca transformar todo, aunque de diferente forma y según el lugar que cada quien tiene. Así, tiene que darse una conversión de todos. Convertirnos de hacedores de violencia a ser constructores de paz. A los gobiernos les toca su parte a partir de sus propias responsabilidades, a la sociedad le toca colaborar con su parte y a los ciudadanos, como ciudadanos nos toca nuestra parte. La construcción de la paz es una tarea colectiva en la que todos colaboramos de diferentes formas: los empresarios lo tienen que hacer como empresarios, los campesinos en cuanto tales y las organizaciones sociales a partir de las áreas de su competencia.
Cada quien –personas, comunidades, instituciones– tiene que reconocer las violencias que genera, aquellas violencias económicas, sociales, familiares, políticas o culturales, para hacer los cambios necesarios que las reduzcan. Todos tenemos que predicar con el ejemplo. Y de ese modo nos podemos ir articulando para un gran ejercicio de colaboración en los territorios o en los aspectos diversos que la manifiestan. Por ejemplo, cómo atender las violencias laborales desde las empresas, desde las autoridades y desde los sindicatos, o cómo hacer frente a las extorsiones en un territorio determinado.
Es cierto que la violencia generada por las organizaciones criminales es la que más poder destructivo tiene en nuestros contextos guerrerenses y hace necesario un proceso de construcción de paz “organizado” en el que haya una actitud de colaboración entre todos los actores. Si empresarios, organizaciones sociales y campesinos ya están levantando la mano para involucrarse en la construcción de la paz, es tiempo de generar y desarrollar sinergias estableciendo vínculos con la estrategia gubernamental mediante procesos de diálogo.
El campo tiene una serie de demandas vigentes pues sigue abandonado y a merced de las bandas criminales. El gran ausente sigue siendo el Estado con sus instituciones específicas que debieran entregar al campo lo que necesita para que sea altamente productivo y se garanticen los derechos humanos de los campesinos. Y lo primero que necesita el campo es paz y seguridad. Y de ahí, todo lo demás, desde apoyo financiero, técnico, tecnológico y de mercado. ¿Cuándo tiempo hay que seguir esperando para que la Cuarta Transformación llegue al campo y permita que los campesinos se conviertan en sujetos de su propio desarrollo?
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales señala que, sin la colaboración de las comunidades campesinas en una estrategia conjunta de paz y seguridad, seguiremos padeciendo un Estado fallido en esta materia, pues son las organizaciones criminales la que seguirán gobernando de facto y el desarrollo del campo seguirá estancado.