En un foro organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República el día de ayer, una de las discusiones más interesantes que surgieron a partir de las intervenciones de los invitados –Manuel Clouthier, Alfonso Martínez, José Woldenberg y el que escribe– fue la aparente contradicción entre la necesidad de “organizar” las candidaturas independientes, y el imperativo de no ser ni parecer un partido político. Esta contradicción, que se da en la gestión de los candidatos independientes –en Nuevo León, en Morelia– también surge en el proceso de presentación de varias candidaturas independientes a las doce gubernaturas en diversos estados el año entrante, y sobre todo en la elección presidencial de 2018.
Es cierto que si una candidatura independiente empieza a dotarse de una organización para obtener las firmas y los recursos necesarios para su registro, para la campaña, los colaboradores, la presencia en los medios y en las redes y la forma de relacionarse con otras candidaturas o partidos, empieza a adquirir ciertos rasgos propios de los partidos políticos. Aún más, si como parece ser el caso, se presentan varias candidaturas en un estado determinado en el 2017, y sobre todo a la presidencia en el 2018, empezará a ser necesario contar con un proceso de decantación de dichas candidaturas, para que aparezca en la boleta una sola. Esto implica algún tipo de proceso construido ex profeso para ello: primarias, encuestas, pasarelas, etcétera. Si sumamos todo esto, como bien dice Woldenberg, la diferencia entre esa candidatura independiente y un partido puede parecer mínima. Ya ni hablemos de lo que sucede después del hipotético triunfo de un candidato independiente.
Y sin embargo sí existen diferencias. La primera es de tipo intangible: como decía Manuel Clouthier, la esperanza que genera hoy en día en buena parte del electorado la idea de candidaturas que no pertenezcan a los desacreditados, y en ocasiones repudiados partidos políticos mexicanos. Pero no sólo esto. Existen dos diferencias adicionales, y fundamentales. La primera es que en el proceso de construcción de una candidatura independiente, y de ordenamiento del mecanismo de selección de una entre varias, puede participar cualquiera: no sólo los miembros de un partido, la sociedad civil organizada o no organizada puede intervenir en el proceso con los mismos derechos y posibilidades que otros. Es un proceso mucho más asimilable o incluso conquistable por ciudadanos de a pie. Esto no es el caso de los partidos y no lo será nunca.
Y la segunda diferencia es la agenda. Al final del día la gran diferencia entre una candidatura de partido y una independiente yace en la libertad que cualquier candidato independiente tiene en relación a su propio programa. Ciertamente deberá tomar en cuenta demandas, exigencias y condiciones de quienes lo apoyen, pero siempre tendrá más posibilidades de enarbolar una agenda ciudadana audaz e iconoclasta, cosa que un candidato de partido no puede hacer porque tiene compromisos con la dirección, los militantes, los estatutos, el programa y los aliados de su partido. Esta quizás sea la distinción más importante que veremos surgir en los tres años que vienen.