Señor gobernador Héctor Astudillo: Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, establecido el 5 de septiembre de cada año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento –que es el antecedente a una recomendación– donde demanda al Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno), estrategias preventivas para combatir y erradicar la violencia y la discriminación contra mujeres indígenas que impiden ejerzan plenamente sus derechos humanos, de género, interculturales y de justicia.
Requiere la CNDH la realización de transformaciones estructurales y procesos institucionales adecuados, que destierren toda forma de rechazo y maltrato a la mujer indígena por razón de género, condición social u origen étnico. Además, afirma el deber de sensibilizar y capacitar a los servidores públicos sobre los contenidos que deben tener los programas gubernamentales orientados a ellas; tomando en cuenta su cosmovisión e identidad cultural.
La CNDH enfatiza que ninguna mujer debe de ser tratada injustamente por pertenecer a una comunidad o hablar una lengua indígena; por lo que reiteró su misión de proteger y defender sus derechos fundamentales en nuestro país. De primordial importancia es la promoción de políticas de igualdad y de equidad, de acceso a la justicia, a la educación, a la atención médica, asistencia legal… entre otros aspectos, para su mejor y mayor posicionamiento social en sus comunidades.
Pero he aquí que su gobierno, camina en sentido contrario a lo indicado por la CNDH. Usted mantiene cerrado y en el abandono total el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena en Ayutla; cuyo costo ascendió a más de veinte millones de pesos del erario público. Todo, a consecuencia de un capricho personal de su “maestro”, que le ha resultado demasiado incómodo, al dejarlo mal parado en diferentes asuntos delicados, sobre todo en materia de violencia de género. Tal y como aconteció con el patético y vergonzoso caso de la renuencia contumaz a declarar la alerta de género en Guerrero, para después tener que hacerla, forzadamente, un día antes que la emitiera el gobierno federal.
Usted ha dicho falsamente en público que la puesta en operación de dicho Centro es competencia de la Secretaría de Gobernación; cuando hay documentos legales que acreditan que dicha responsabilidad recae en el gobierno del estado de Guerrero. Así lo mandata el Acuerdo del Ejecutivo Estatal, del 11 de mayo del 2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en donde se establecen los propósitos y las formas de operar que tendrá dicho Centro y que están en plena congruencia con lo que establece la CNDH en su recién pronunciamiento.
Cabe resaltar que el referido Acuerdo, fue exigido por la misma Secretaría de Gobernación para transferirle al gobierno del estado, diez millones de pesos, para la construcción de dicho Centro.
Ante la obstinada resistencia de su “maestro incómodo” para echar a andar el susodicho Centro, le pido encarecidamente lo abra usted para que cumpla con las funciones para lo que fue construido y evitar que continúe deteriorándose físicamente, al no usarlo para nada y mantenerlo como un elefante blanco. En sus manos está, señor gobernador, que el Centro funcione. Al menos para que en estos tiempos aciagos, sirva como albergue y lugar de acopio, auxiliando a las mujeres indígenas que han resultado damnificadas con los últimos desastres naturales acaecidos en estas tierras del sur.
PD1. Vivos estaban. ¡Vivos tienen que seguir estando¡ (los 43 normalistas de Ayotzinapa).
PD2. Le pedí a la Tesorería de Movimiento Ciudadano-Guerrero se me descontara el 30 por ciento del sueldo que recibo como capacitador y destinarlo a los dañados guerrerenses del terremoto o de la tormenta tropical, próximos pasados. Si la normatividad del INE no lo permitiera, se me informe para mandar mucho a la chin… ampas de Xochimilco a sus miopes directivos. ¡Uf¡